Programa PODEMOS

Garantía por ley del acceso a un suministro mínimo

Desarrollaremos una ley orgánica que garantice el acceso a un suministro mínimo. Consideraremos el acceso a la energía como un servicio público, independientemente de que sea gestionada por instituciones públicas o privadas.

No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, a una situación de pobreza sobrevenida.

Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensual por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo.

El consumidor tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida mientras la situación de pobreza persista.

Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado.