Programa PODEMOS

Recuperación del gravamen efectivo en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones

Recuperaremos el gravamen efectivo en los impuestos sobre el patrimonio y sobre las sucesiones y donaciones. El segundo de estos impuestos, el de sucesiones y donaciones, recaerá en grupos con alto nivel de renta.

Armonizaremos con las comunidades autónomas las normas que regulan ambos tributos, que habrán de ser aplicados en todo el Estado, por motivos de equidad y de lucha contra el fraude. Se establecerá, además, una tributación mínima no bonificable.

Disminuiremos el mínimo exento en el impuesto del patrimonio a 400.000 euros netos, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisaremos las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000 euros.

Favoreceremos, de forma coordinada con todas las comunidades autónomas, la derogación de las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente para grupos con un alto nivel de renta. Revisaremos la cuantía del patrimonio previo de los herederos utilizada para fijar la tarifa del impuesto con el objetivo de asegurar que las situaciones de pobreza no sean determinantes en las renuncias no deseadas a la herencia.

Acabaremos con las sicav tal y como las conocemos hasta ahora: regularemos su régimen fiscal para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas. Para ello, controlaremos el número real y efectivo de socios, y estableceremos un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Igualmente, estableceremos un límite máximo de aportación para cada uno de los inversores. Además, atribuiremos a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos y para ello arbitraremos un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que actualmente se observan en el sector. Cuando la AEAT compruebe que dichos requisitos no se cumplen y que, por tanto, una determinada sicav no es real ni efectivamente una institución de inversión colectiva, entonces resultará de aplicación el tipo general del impuesto de sociedades.