PLAN DE RESCATE CIUDADANO

un plan para devolver el país a su gente

Las urgencias de un buen Gobierno deberían ser las mismas que las de la mayoría social de su país. El próximo 26 de junio nos jugamos la oportunidad histórica de situar esas urgencias ciudadanas en el centro de la acción política. El Plan de Rescate Ciudadano es nuestra hoja de ruta para los primeros cien días de Gobierno, que en la situación actual solo pueden dedicarse a restaurar la dignidad de una población golpeada por una gestión política nefasta, a sacar de la precariedad a unas clases populares cada vez más empobrecidas y a devolver las instituciones a la gente, que es lo que otorga sentido al Estado de derecho.
medidas encontradas
0.1

PLAN DE RESCATE CIUDADANO: UN PLAN PARA DEVOLVER EL PAÍS A SU GENTE

Las urgencias de un buen Gobierno deberían ser las mismas que las de la mayoría social de su país. El próximo 20 de diciembre nos jugamos la oportunidad histórica de situar esas urgencias ciudadanas en el centro de la acción política. El Plan de Rescate Ciudadano es nuestra hoja de ruta para los primeros cien días de Gobierno, que en la situación actual solo pueden dedicarse a restaurar la dignidad de una población golpeada por una gestión política nefasta, a sacar de la precariedad a unas clases populares cada vez más empobrecidas y a devolver las instituciones a la gente, que es lo que otorga sentido al Estado de derecho.

Cuando pensamos por primera vez en un Plan de Rescate Ciudadano analizamos las condiciones bajo las cuales podíamos volver a hablar de un Estado de derecho en España. El 15-M nos recordó que son más los consensos que nos unen que los que nos separan: nuestros acuerdos sobre lo que tienen que ser los servicios públicos y los derechos sociales, sobre cómo acabar con la corrupción y el fraude fiscal, sobre cuáles son las condiciones básicas para garantizar una vida digna, sobre la necesidad de democratizar nuestras instituciones públicas...

Son acuerdos sólidos y forman parte de un sentido común solidario que se puede plasmar en un programa diseñado por etapas, la primera de las cuales es un plan responsable para los primeros cien días de gobierno.

Si queremos hablar de un país para su gente tenemos que hablar, asimismo, de un plan para devolver ese país a su gente. De modo que todo proyecto de país tiene que ir precedido de un plan de recuperación de los mínimos de democracia y bienestar social, políticas de choque que actúen de manera inmediata frente a la emergencia y que sienten las bases para un desarrollo legislativo posterior.

Pero, además, todo proyecto con aspiraciones de construir un país mejor, un país más eficaz y más justo, tiene que asumir que solo puede existir crecimiento económico y desarrollo social cuando su población dispone de la capacidad de consumo para reactivar la economía, cuando se pone freno a la espiral de empobrecimiento y exclusión. Porque la creación de riqueza y su reparto van indisociablemente ligadas.

La aplicación de las políticas de austeridad y de los recortes a costa de los derechos sociales, los servicios públicos y la precarización generalizada de la sociedad ha provocado que España escalase,en solamente dos años, once puestos en el ranking de los países más desiguales de la Unión Europea (UE): si en 2013 ocupaba el 15º puesto con mayor desigualdad de ingreso de mercado, hoy se sitúa en el 4º más desigual de la UE.

Es una cuestión de prioridades y de voluntad política: hay que orientar las políticas para redistribuir la riqueza y combatir el proceso de concentración de dicha riqueza en unas pocas manos, un proceso que ha permitido que el 1 % de la población española concentre en la actualidad más riqueza que el 70 % más pobre 2 .

La pobreza en España no es un problema de escasez, sino de distribución de los recursos. Es necesario, por tanto, un plan que sea preventivo y proactivo a partes iguales: por un lado, un plan preventivo para cortar de raíz el proceso de empobrecimiento y desigualdad que afecta cada día a más familias españolas; y, por otro, un plan proactivo para sentar las bases de un país mejor.

Un plan para rescatar al conjunto de la ciudadanía española significa:

  • Recuperar los recursos públicos expoliados a través del fraude fiscal, la corrupción y las deudas que han contraído unos pocos y que pagamos entre todos y todas.
  • Sentar las bases para un nuevo modelo productivo que sea sostenible social, económica y ecológicamente, con unas relaciones laborales justas que aseguren las condiciones para una vida digna.
  • Hacer posible para las familias la conciliación entre vida familiar y laboral en una sociedad cada vez más compleja y garantizar el derecho a cuidar en igualdad y a ser cuidado o cuidada.
  • Rescatar a las mujeres al combatir la discriminación laboral y adquirir un compromiso firme para terminar con la violencia machista.
  • Rescatar a los mayores generadores de empleo de nuestro país, autónomos y pymes, gracias a cuotas justas y a un apoyo institucional para salir adelante y mantener su actividad económica.
  • Garantizar los mínimos vitales de vivienda, agua y suministros necesarios para todos los españoles y españolas condenados a la pobreza por una gestión política nefasta.
  • Rescatar nuestros servicios públicos, los que son de todos y todas, y restaurar la calidad y la universalidad de nuestro sistema educativo y de nuestra sanidad.
  • Garantizar unas relaciones internacionales en términos de solidaridad y de construcción de paz.
  • Profundizar en las instituciones democráticas y en nuestras herramientas de participación colectiva, así como garantizar la libertad de expresión y las libertades civiles.

Nuestra propuesta no contempla una ciudadanía pasiva, ausente e indiferente a su realidad: esta propuesta tiene sentido como autoexigencia, como una propuesta que debe ser igualmente observada y vigilada por toda la ciudadanía. Solo así la gente puede sentirlo como suyo.

El mandato ciudadano está en el origen, el proceso y la finalidad del propio Plan de Rescate, ya que en su elaboración han participado cientos de organizaciones de la sociedad civil y de expertas y expertos de diversos ámbitos, con quienes hemos trabajado de manera colaborativa desde las más de veinte áreas de trabajo de Podemos, con el fin de articular las mejores propuestas.

Hemos abierto, asimismo, canales públicos para la presentación y la votación de propuestas, con un resultado de participación ciudadana sin precedentes: más de 10 000 personas han presentado ideas y más de 15 000 las han votado.

El resultado de este proceso es un trabajo riguroso, con la mirada puesta en la mayoría social y en el futuro de un país que anhela dejar de verse atenazado por la corrupción y los intereses de una minoría para demostrar la grandeza de una ciudadanía que hace tiempo que tomó la delantera a sus dirigentes políticos.

Este Plan de Rescate Ciudadano es un plan de futuro para construir un nuevo país, enraizado en el bienestar social, el respeto a los derechos humanos y la profundización de la democracia. Un plan para construir un país a la altura de su gente.

1.1

Plan de Bienestar Social y Modernización Económica

Aprobaremos un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica destinado, por una parte, a políticas sociales que refuercen el Estado de bienestar y los servicios públicos relacionados con la atención a las personas, y, por otra, a inversiones públicas que impulsen la creación de empleo y una verdadera transformación de nuestra economía. Este plan estará dotado con un incremento presupuestario de 25 000 millones de euros anuales cada año de la legislatura. Con ello, aumentaremos en un punto el porcentaje de gasto del PIB, y convergeremos con Europa en vez de alejarnos más, como supondría la reducción en cuatro puntos porcentuales que propone el Partido Popular.

1.2

Reforma laboral

En primer lugar, derogaremos las siguientes reformas laborales: Real Decreto Ley 10 / 2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la Ley 35 / 2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y el Real Decreto Ley 3 / 2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Y, a continuación, impulsaremos un nuevo modelo de relaciones laborales que tenga como objetivo impulsar la democratización del empleo en torno a los siguientes ejes de actuación:

  • Reequilibrio de la negociación colectiva y mejora de los sistemas de representación en la empresa.
  • Reducir la precariedad, mejorar las condiciones de trabajo e impulsar el empleo digno.
  • Impulsar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa.
  • Eliminar las discriminaciones por razón de género, discapacidad o cualquier otro motivo.
1.3

Plan Nacional de Ahorro Energético: universalidad, sostenibilidad y empleo

Pondremos en marcha un Plan Nacional de Ahorro Energético orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en los edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan es la rehabilitación de 200 000 viviendas al año desde el primero, para abordar el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo.

Estas reformas producirán un ahorro de hasta el 80 % de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas, y generarán empleo entre aquellos que se dedicaban a la construcción y fueron expulsados del mercado laboral tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

1.4

La comida no se tira: plan integral contra el despilfarro alimentario

Cada año, 385 millones de kilos de alimentos acaban triturados en los vertederos de España. Para evitar este despilfarro alimentario implementaremos un plan integral que aborde el problema desde una perspectiva multidisciplinar, y que incluya toda la cadena de producción desde el campo hasta el momento de ser consumido, en colaboración con los distintos actores implicados. En este sentido, estableceremos tres objetivos prioritarios:

  1. Control en origen para reducir los residuos y la producción desechada por motivos estéticos.
  2. Reutilizar la comida desechada por los supermercados en industrias de abono agrícola y alimentación de animales.
  3. Regular los controles sanitarios para que los alimentos desechados por motivos distintos a la calidad del producto puedan donarse para consumo humano.
1.5

Auditoría de costes del sistema eléctrico nacional

Promoveremos una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional y de los costes asociados a los servicios de transporte y distribución. Asimismo, realizaremos una auditoría de la deuda asociada al déficit de tarifa. Llevaremos a cabo una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución. Igualmente, realizaremos una auditoría de la deuda asociada al déficit de tarifa.

1.6

Compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking)

Adoptaremos el compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking) e implementaremos medidas que favorezcan el decrecimiento de los sectores altamente contaminantes, en el marco de una «transición justa» para los trabajadores empleados en dichas industrias que garantice su progresiva recolocación, en igualdad de condiciones, en nuevos sectores limpios.

1.7

Sostenibilidad en todas las políticas

Crearemos una Vicepresidencia de Sostenibilidad que vincule las políticas del Gobierno relacionadas con la sostenibilidad con las políticas de economía y empleo. De esta forma, promoveremos un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los límites de nuestro planeta y nos aseguraremos de que siempre se apliquen los criterios de sostenibilidad en las diferentes políticas de desarrollo económico y social de nuestro país.

1.8

Derogación de la ley Montoro

Derogaremos de forma inmediata la ley Montoro (Ley 27 / 2013, de sostenibilidad y racionalización de la Administración local), porque pone en peligro las entidades menores y los servicios y bienes comunales, al tiempo que limita la capacidad de la red institucional local para gestionar los problemas comunes de la ciudadanía.

Promoveremos un nuevo marco legal que armonice los tres niveles de gobierno (municipal, autonómico y estatal) y amplíe y actualice sus competencias y presupuestos.

Fomentaremos un debate urgente que refuerce el poder local como el Gobierno de proximidad por y para la ciudadanía.

1.9

Participación ciudadana y auditoría para la ejecución de grandes infraestructuras

Realizaremos una auditoría de las grandes infraestructuras para clarificar la naturaleza de las decisiones de cada construcción y sus costes reales, a fin de establecer responsabilidades y evitar que se repitan los casos de aeropuertos fantasma, autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor de Castellón.

Igualmente, estableceremos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las contrataciones de grandes infraestructuras. Estos nuevos métodos de decisión incluirán las variables social, ambiental y económica, de forma que siempre resulten sostenibles en estos tres ámbitos.

2.1

Puesta en marcha de una reforma fiscal

Pondremos en marcha de forma inmediata una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude fiscal, con el fin de elevar a lo largo de los cuatro años de legislatura el porcentaje de ingresos sobre el PIB, al menos entre 30 000 y 40 000 millones de euros, con lo que acortaremos la diferencia con la media europea.

2.2

Plan integral de lucha contra el fraude

Pondremos en marcha el plan integral de lucha contra el fraude, especialmente en lo referente a:

  • Constitución de una comisión de expertos contra el fraude fiscal que proponga medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la erosión de bases y el traslado de beneficios.
  • Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales.

Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las sicav, las socimi, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para incorporar normas Antielusión.

2.3

Ampliación a diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales

Tipificación del delito fiscal a partir de los 50 000 euros defraudados. Rebajaremos y homogeneizaremos la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito fiscal con las establecidas respecto a las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea y a la Seguridad Social en 50 000 euros, para lo cual ampliaremos el plazo de prescripción a diez años y aplicaremos las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120 000 euros.

2.4

Puesta en marcha de una auditoría de la deuda en sede parlamentaria

Pondremos en marcha una auditoría de la deuda, y prestaremos un cuidado especial al auditar la deuda contraída como consecuencia del rescate financiero de la UE para, con ello, poder arrojar luz sobre el proceso de crecimiento y recomposición interna de la deuda que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

La posibilidad de esta auditoría está contemplada en la propia legislación europea: el Reglamento 472 / 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, plantea expresamente que «un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad».

2.5

Reestructuración de la deuda pública y creación del «impuesto de solidaridad» de la banca para pagar el rescate financiero

Reestructuraremos la deuda pública vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el memorando de entendimiento y el rescate de la Unión Europea. En la devolución de los 60 000 millones de euros prestados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a España en 2012 para rescatar al sistema financiero, participarán las propias instituciones financieras, una vez que se hayan recapitalizado y hayan recibido otras ayudas para garantizar su estabilidad.

Estas deben ser las que, en última instancia, salden dicho préstamo con la Unión Europea, préstamo adelantado hasta el momento por los contribuyentes españoles.

La reestructuración de esta deuda se centrará no tanto en una reducción de los plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una redefinición de los pagadores últimos de la factura.

Las entidades financieras soportarán un «impuesto de solidaridad» transitorio para canalizar la devolución de los fondos prestados.

3.1

Puesta en marcha del Plan de Renta Garantizada

a. Renta Garantizada: Crearemos un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, para lo que aumentaremos la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35 % adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20 % por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros. Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

b. Renta Complementaria: Estableceremos un complemento para trabajadores con baja remuneración para eliminar la discriminación que supone la «trampa de la pobreza» y, asimismo, para garantizar el acceso de estos trabajadores a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría, de hecho, una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales.

Lo anterior supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento solo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250 euros, para evitar posibles situaciones de fraude.

3.2

Salario digno

Incrementaremos de forma gradual el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, para asegurar posteriormente la convergencia con el 60 % del salario medio que establece la Carta Social Europea. De este modo, al final de la legislatura dicho salario se situará en un mínimo de 950 euros al mes.

3.3

Vivienda

  1. Prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  2. Despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas.
  3. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado
  4. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.
  5. Declaración de inembargabilidad e inejecutabilidad de la primera y única vivienda, de ocupación permanente. Todo inmueble destinado a ser vivienda única y de ocupación permanente se declarará como un bien inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. En caso de fallecimiento del titular del inmueble, la inembargabilidad e inejecutabilidad afectará a los familiares con ocupación permanente en dicho inmueble y que no tengan alternativa bitacional. Se entenderá por familiares aquellos con ascendencia o descendencia directa del antiguo titular fallecido.
3.4

Proceso simplificado de reestructuración y cancelación de la deuda hipotecaria de los hogares

Llevaremos a cabo la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares, mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales, como el hecho de que todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o que presentan ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Impulsaremos esta reestructuración con un verdadero régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva. Para lograrlo, implantaremos un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible, que constará de dos fases:

  • Fase de conciliación ante una comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación laboral) para presentar propuesta a los acreedores
  • Fase vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita o dación en pago. Con la quita se ajustará la deuda al valor del bien hipotecado, mientras que la dación en pago implicará la adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la deuda.

Se cancelarán las deudas derivadas de los procedimientos de ejecución anteriores. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán tanto créditos privados como públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda); y este procedimiento será válido asimismo para autónomos y pequeñas empresas.

A partir de lo anterior se regulará la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos.

3.5

Rescate energético

Consideraremos el acceso a la energía como un servicio público, independientemente de que sea gestionada por instituciones públicas o privadas, y garantizaremos por ley el acceso a un suministro mínimo:

  1. No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida.
  2. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensual por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo.
  3. El consumidor tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida mientras la situación de pobreza persista.
  4. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado.
  5. Derogaremos el Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, sobre autoconsumo eléctrico y aprobaremos una normativa que permita su desarrollo, con las siguientes características básicas:

La energía autoconsumida instantáneamente queda libre de cualquier tipo de imposición.

La energía vertida al sistema eléctrico será justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora (mediante la cancelación de la cantidad de kilovatio hora consumida de la red o por medio de un saldo económico).

3.6

El agua: un derecho humano

Aplicaremos distintas medidas para la detección y erradicación de la pobreza hídrica y reconoceremos el agua como un derecho humano. Al ser el agua un derecho, garantizaremos una dotación mínima para cada ciudadana y ciudadano, de modo que se cubran sus necesidades básicas.

Revisaremos los proyectos de construcción de las grandes infraestructuras hidráulicas (presas y trasvases) y desarrollaremos unos sistemas alternativos de abastecimiento para los momentos de escasez. En las cuencas beneficiarias de esos trasvases, la gestión de la demanda agraria, urbana e industrial, y la optimización de los recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en esa transición hacia horizontes más sostenibles.

Pondremos en marcha un ambicioso programa de inversiones públicas con el fin de dotar a todas las poblaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales, y de este modo cumpliremos las obligaciones de la Directiva 91 / 271 de Aguas Residuales y evitaremos las sanciones de la Unión Europea derivadas de la dejación de funciones de los gobiernos anteriores.

3.7

Un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes

Garantizaremos la prestación de servicios sociales públicos de proximidad para toda la ciudadanía. Cualquier ciudadano tendrá acceso universal y gratuito a un centro de servicios sociales compuesto por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora social y un psicólogo o una psicóloga. Promoveremos la gestión municipal de los equipos de servicios sociales.

4.1

Cuotas justas para autónomos

Estableceremos cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y un alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo del salario mínimo interprofesional. Estudiaremos la equiparación de las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al Régimen General de la Seguridad Social. Posibilitaremos el pago trimestral, en lugar de mensual, de las cotizaciones y solo desde el inicio de la actividad; e informatizaremos y simplificaremos los trámites. Analizaremos, igualmente, la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, de manera que se pueda estar empleado por cuenta propia a media jornada.

4.2

Cero morosidad de las administraciones y grandes empresas con autónomos y pymes

Interpondremos sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la Ley de Morosidad, que fija en treinta días el plazo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores y, en el caso del sector privado, un plazo máximo de sesenta días. En las licitaciones públicas será necesario justificar el cumplimiento de estos pagos con las empresas subcontratadas.

4.3

Autónomo de responsabilidad limitada e inclusión de los autónomos y las pequeñas empresas en el proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas

Estudiaremos el desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo que todos los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su patrimonio (como ocurre ahora).

Asimismo, se incluirá a los autónomos y las pequeñas empresas en el procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas.

4.4

Banco de proyectos y acompañamiento

Crearemos un banco de proyectos gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ponga en común proyectos de mecenazgo con proyectos de emprendimiento, favoreciendo las fórmulas de la economía social (cooperativas y sociedades laborales).

Asimismo, el SEPE ofrecerá un servicio de asesoramiento y acompañamiento en la elaboración de proyectos empresariales, así como en el rescate a pymes en crisis.

4.5

Promoción de la innovación de empresas y pymes

Facilitaremos y promoveremos la innovación entre las empresas españolas, en especial entre las pymes. Para ello, crearemos polos de conocimiento y desarrollo económico especializados en áreas y ámbitos determinados y localizados en diferentes regiones del Estado.

Estos polos promoverán y facilitarán la interacción de todos los protagonistas de la cadena productiva, de manera similar a los modelos internacionales (Poles en Francia, Fraunhofer Institutes en Alemania, Catapult en Reino Unido) y nacionales (MCC-Mondragón Corporación Cooperativa o COVAP en Andalucía).

4.6

Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones públicas

Incluiremos cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones públicas, algo que haremos extensibles a las subcontrataciones, de manera que se prioricen empresas de la economía social, pequeñas empresas y autónomos que se comprometan con el empleo de calidad y el impacto positivo en la comunidad.

5.1

IVA cultural reducido

En el marco de un conjunto de medidas de una reforma de la fiscalidad de la cultura encaminado a dinamizar y estimular la creación, la producción, la distribución y el acceso, disminuiremos al tipo reducido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal. Esta reforma implicará una modificación de la Ley 37 / 1992 del IVA y tendrá como objeto su armonización con la normativa y jurisprudencia comunitaria.

5.2

Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura

Como medida de estímulo a la actividad y para acabar con la precariedad, desarrollaremos e implementaremos un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura, adaptado a las características de intermitencia del sector cultural y que comprenda tanto la actividad desarrollada por aquellos que realizan su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Dicho estatuto contemplará la especificidad de los ingresos de corte irregular de los profesionales de la cultura y creará una fiscalidad que se adapte a sus necesidades y que desemboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para los interesados.

Entre otras medidas fiscales, vincularemos para todo tipo de autónomos la liquidación de los impuestos trimestrales con la fecha de pago del servicio prestado y no con la emisión de la correspondiente factura. En el caso de los trabajadores intermitentes, cuyas rentas sean elevadas pero irregulares en el tiempo, se establecerá un criterio de prorrateo a efectos de la aplicación del tipo fiscal correspondiente, con el objetivo de garantizar sobre estas rentas la progresividad contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Asimismo, se modificará el grupo específico de epígrafes en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) para adaptarlo a las nuevas necesidades de los profesionales culturales por cuenta propia, con la idea de unificar el sector y vincular las medidas expuestas a sus características concretas.

En el terreno de la Seguridad Social, incluiremos un régimen específico de intermitentes culturales, enmarcado tanto en el Régimen General (para trabajadores por cuenta ajena) como en el de Autónomos (para trabajadores por cuenta propia), con el fin de contemplar todas las posibles situaciones profesionales donde los artistas y los trabajadores de la cultura pueden encontrarse. Fomentaremos la contratación laboral y eliminaremos el sistema de falsos autónomos incorporando el sistema de intermitencia en el régimen general cuando las características específicas de la prestación del servicio así lo determinen. En el caso de los trabajadores autónomos, modificaremos el sistema para que desarrollen su profesión sin necesidad de altas y bajas constantes, se reconozca en materia de prestaciones las especificidades del empleo intermitente y se garantice un pago de cuotas acorde y proporcional a los ingresos que hayan percibido. Dentro del régimen de la Seguridad Social se contemplarán las enfermedades y lesiones provenientes del desempeño de la labor artística y técnica para crear un régimen de baja laboral que respete la especificidad de la situación de estos trabajadores. Con respecto a los trabajadores de la cultura intermitentes, recogeremos en el Estatuto la jurisprudencia establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo de 29/10/97 y 23/09/02, según las cuales no se requiere el alta en la Seguridad Social, siempre y cuando la actividad profesional desarrollada no sea la habitual y el régimen de ingresos derivado se encuentre por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Igualmente, modificaremos el régimen de pluriempleo en la Seguridad Social para garantizar una mayor reducción de las cuotas en la compensación.

El Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura contemplará efectuar modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con el fin de garantizar el efectivo derecho de los trabajadores intermitentes a estar debidamente representados por sindicatos territorial y profesionalmente.

En el marco de este Estatuto y para fomentar la actividad artística sin ánimo de lucro, se modificará la Ley de Cooperativas con el propósito de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado a los trabajadores intermitentes, y vincular estos sectores a los hábitos y formas de la economía social y solidaria.

6.1

Plan de choque por la dignidad de las personas en situación de dependencia y sus familias

  • Derogar el Real Decreto 20 / 2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas.
  • Reponer el nivel acordado y el 13 % del nivel mínimo de financiación. Para ello, la financiación de la Ley de Dependencia se basará en el coste real de los servicios prestados o de las prestaciones concedidas y se dividirá en un 50 % a cargo de la Administración General del Estado y en el 50 % restante a cargo de las comunidades autónomas con la eliminación del copago. Una vez implantado el sistema en todos los grados y niveles, se articulará la financiación de la ley a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  • Eliminar el «limbo de la dependencia» que afecta a más de 433 000 personas y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley, para que a todo el que se le haya reconocido un grado y un nivel que conlleven el derecho a recibir las prestaciones y los servicios del sistema se le apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) y pueda recibirlos de manera efectiva.
  • Garantizar en los PIA una asistencia personal suficiente y unos derechos para todos los adultos con planes de vida independiente y en todas las comunidades autónomas.
6.2

Familias monomarentales: por una maternidad independiente y segura

Pondremos en marcha medidas que garanticen la protección de las familias de madres solteras con hijos o hijas a su cargo. Incrementaremos para los beneficiarios actuales el importe de la prestación de la Seguridad Social por hijo o hija a cargo, hasta 150 euros mensuales, en el caso de las familias monoparentales.

Crearemos una prestación de maternidad no contributiva para las madres sin recursos que se encuentren en activo con demanda de empleo.

Garantizaremos la protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos.

Consideraremos la unidad familiar monoparental a partir de un hijo como una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad.

Por ello, incrementaremos su protección frente a los desahucios; les facilitaremos la posibilidad de que puedan reestructurar su deuda hipotecaria prioritariamente, y ampliaremos la protección de los niños vulnerables en términos de realojo, para asegurarles una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo.

6.3

Permisos de paternidad y maternidad iguales, obligatorios e intransferibles

Caminaremos hacia la igualdad de género en el mercado de trabajo con la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, y con el establecimiento de un calendario que aumente el actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser:

  • Igual para cada persona progenitora e intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales.
  • Pagado al 100 % del salario.
  • Con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Incrementaremos, además, las atribuciones de la inspección de trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de las discriminaciones en la contratación, en la promoción y en la retribución. Estableceremos una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones, así como una comisión estatal de seguimiento de la lucha contra el acoso laboral.

Abordaremos, asimismo, el objetivo específico de la eliminación de la brecha salarial de género, que actualmente alcanza el 19 % en nuestro país.

6.4

Pacto de Estado por la infancia

Desarrollaremos un Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la infancia y la adolescencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes (dada su condición de vulnerabilidad) y reducir la pobreza infantil. Este pacto comportará, entre otras, la medida siguiente:

Desarrollo de planes específicos de formación y activación del empleo destinados a fomentar la empleabilidad de los adultos con niños, niñas o personas dependientes a su cargo, especialmente en los casos de mujeres con niños a su cargo o adultos de familias monoparentales.

7.1

Proteger el derecho a decidir de todas las mujeres

Derogaremos la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para permitir que las menores de edad que sufren abusos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad en sus entornos familiares puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.

7.2

Garantía habitacional para las víctimas de violencia machista

Garantizaremos una alternativa habitacional inmediata, en un plazo de treinta días, para las mujeres y los menores que sean víctimas de la violencia machista. Asimismo, estableceremos su acceso prioritario a las prestaciones (adecuadas y suficientes), incluidas en el Procedimiento de Emergencia Ciudadana sin necesidad de una denuncia previa y tras un informe de los profesionales cualificados que están capacitados para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista.

7.3

Ratificación urgente del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo

Adoptaremos medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores y trabajadoras domésticos siguiendo las disposiciones del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

8.1

Derogación de la LOMCE y apertura del debate en la comunidad educativa para una nueva ley

Derogaremos la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y promoveremos un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación que cuente con la mayor participación y el mayor respaldo posible de la comunidad educativa.

Nuestros objetivos serán:

  • Poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español que, en los últimos treinta y tres años, ha elaborado siete leyes distintas sin contar apenas con la participación de la comunidad educativa.
  • La nueva Ley de Educación buscará el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida.
8.2

Garantizar la sustitución inmediata del profesorado

Garantizaremos la sustitución inmediata del profesorado con licencia por enfermedad, así como del profesorado con licencia por matrimonio o pareja de hecho o que soliciten licencias no retribuidas.

8.3

Plan contra el fracaso escolar

Promoveremos la implementación de un programa contra el fracaso escolar y de apoyo en entornos sociales desfavorecidos destinado a paliar las desigualdades existentes en los distintos centros escolares.

Durante los 100 primeros días de Gobierno iniciaremos una primera fase de diagnóstico y evaluación de necesidades en colaboración con los gobiernos autonómicos, con la finalidad de dotar de servicios y recursos de atención social y educativa a los centros de entornos sociales desfavorecidos. Igualmente, se analizará la situación de emergencia en cada caso, en una escala de 1 a 5, para proceder a una dotación extraordinaria de recursos: profesorado de apoyo, personal especializado, reducción de la ratio, dotación adicional en nuevas tecnologías, material escolar para el alumnado, actividades extraescolares de refuerzo educativo y programa de apertura de centros.

9.1

Salud universal

Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.

Derogación del Real Decreto 16 / 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España.

9.2

Plan de lucha contra el VIH: información, prevención y atención

  1. Potenciaremos los programas de ITS / VIH abordando las desigualdades de género.
  2. Facilitaremos el acceso a la prueba rápida del VIH en los entornos no clínicos y apoyaremos a las entidades sociales que realizan cribados, además de instaurarlos en los centros de salud.
  3. Incluiremos en los centros educativos programas educativos integrales sobre el VIH con perspectiva de género.
  4. Garantizaremos el acceso universal de todas las personas a las carteras de servicios asistenciales de la sanidad pública, independientemente de su condición laboral o situación administrativa.
  5. Garantizaremos la continuidad de las viviendas de apoyo al tratamiento y las viviendas de apoyo a los enfermos de sida como herramientas indispensables en el tratamiento integral de las personas con VIH que se encuentran en situación de emergencia social, así como el refuerzo de los programas de apoyo psicosocial.
  6. Unificaremos los protocolos entre hospitales para evitar la disparidad de criterios.
  7. Homogeneizaremos y mejoraremos la calidad de la asistencia en los centros de ITS desde una perspectiva de género.
  8. Impulsaremos medidas que garanticen el tratamiento a las personas con VIH privadas de libertad.
9.3

Ley para la Libre Disposición de la Propia Vida

Aprobaremos una ley que posibilite la libre disposición de la propia vida y que regule el marco de la toma de decisiones al respecto. Igualmente, derogaremos el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal.

Promoveremos un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de autonomía de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de la vida, acerca del testamento vital y de la muerte digna.

10.1

Garantía del derecho de asilo

  • Promoveremos la adopción de un sistema común de asilo real y eficaz en el ámbito europeo que ponga fin a la falta de homogeneidad en la protección internacional de los refugiados en los distintos países miembros, así como la creación de una Agencia Europea de Salvamento.
  • Articularemos canales de entrada seguros y legales al recuperar la posibilidad de solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados españoles de terceros países y con la concesión de visados humanitarios, la eliminación del visado de tránsito para quienes huyen de países en conflicto y la agilización de los procesos de reunificación familiar. Además, crearemos programas de reasentamiento dignos que aseguren una solución duradera y un compromiso de España en función de su población y de sus recursos.
  • Aprobaremos, de manera urgente, el reglamento de la Ley de Asilo, y revisaremos el sistema de examen y admisión a trámite de las solicitudes de asilo, especialmente en aquellas presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, Etcétera).
10.2

Creación de un «Eurogrupo Social»

Crearemos un «Eurogrupo Social», que estará compuesto por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales y supervisará los desequilibrios sociales y la coordinación de las políticas laborales de la zona euro.

10.3

Comercio sí, pero para el 99%: no al TTIP

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) es una amenaza a nuestra soberanía, a nuestra democracia, a nuestra economía y al Estado de bienestar porque concibe las regulaciones sociales y medioambientales como obstáculos al comercio. En consecuencia:

  • Nos oponemos a la ratificación de los tratados comerciales TTIP, TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios) y CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio) y estableceremos un diálogo con otros Gobiernos europeos para que actúen de la misma manera.
  • Auditaremos y pondremos fin a todos los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que contengan mecanismos secretos de arbitraje privado entre inversores y Estados.
  • Promoveremos la creación de una red internacional de gobiernos e instituciones multilaterales ―como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la OIT―, un cambio en las políticas de comercio e inversión del Consejo Europeo y una actitud disuasoria para que los países de la Unión Europea no presionen a terceros para firmar nuevos tratados de comercio e inversión.
  • Elaboraremos un estudio de impacto integral, con participación de la sociedad civil, de la política comercial común de la Unión Europea en España y en el mundo.
10.4

Eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales

Exigiremos en los acuerdos internacionales la eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales, para favorecer la desaparición de la extraterritorialidad y la deslocalización del capital financiero.

10.5

Plan de retorno de emigrantes españoles

Pondremos en marcha una serie de mecanismos y organismos que posibiliten el retorno de los emigrantes españoles a partir de un estudio sobre la realidad de la emigración española que nos permita conocer sus causas y características sociológicas. De este modo podremos llevar a cabo políticas de retorno que se adecúen a este fenómeno plural.

Para ello, será necesaria la implicación de las administraciones locales y de la Oficina de la Emigración, como medios de intercambio de información y asistencia para facilitar el proceso de retorno.

Además, se deberá reconocer el acceso a la contratación pública de la experiencia laboral en el extranjero, así como de los estudios y los títulos de idiomas emitidos por instituciones oficiales extranjeras. Asimismo, mejoraremos el sistema de contribuciones para el reconocimiento de los años cotizados en países de la Unión Europea, y equipararemos los derechos de las personas emigradas a los del resto de españoles en todo lo relativo a servicios sociales (por ejemplo, una vivienda de protección oficial).

10.6

Reconocimiento del Estado palestino

Reconoceremos a Palestina como Estado de forma inminente y unilateral. Creemos que este primer paso es imprescindible, aunque no el único, para garantizar la paz, el respeto a los derechos humanos y la seguridad (doctrina de la seguridad humana de la ONU) entre Israel y Palestina, así como el reconocimiento y disfrute de los derechos nacionales.

Se tratará de un compromiso histórico de nuestro Gobierno no solo con los palestinos, sino también con la población de nuestro país. Un compromiso histórico que deberá materializarse en hechos concretos como primer paso para abordar otros asuntos, por lo que propondremos que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca un plazo vinculante para que se retomen las negociaciones entre israelíes y palestinos bajo la supervisión y el control de organismos multilaterales internacionales.

En el caso de que se produzcan violaciones de derechos humanos, nuestro país impulsará la imposición de sanciones frente a las políticas de ocupación, segregación, discriminación y castigos colectivos por parte del Estado de Israel hacia las poblaciones palestinas.

11.1

Modificación del procedimiento de presentación de la Iniciativas Legislativas Populares

La Junta Electoral Central deberá establecer un procedimiento telemático de apoyo a las iniciativas legislativas que facilite la participación.

11.2

Derogación de la ley mordaza

Derogaremos de manera inmediata la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y estableceremos una nueva legislación de seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación. Eliminaremos las sanciones administrativas, sin más restricción que los actos ilícitos cuya gravedad los convierta en objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal.

11.3

Eliminación de privilegios de los cargos electos

Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos:

  • Rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado.
  • Revisaremos los complementos económicos: gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera.
  • Estableceremos mecanismos de control de las dietas y desplazamientos imprescindibles.
  • Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras.
11.4

Reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual

Para actualizar el espacio mediático español a los estándares europeos, llevaremos a cabo una reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) centrada en cuatro aspectos:

  • Desgubernamentalizar los medios públicos (RTVE, Agencia EFE, etcétera), y así garantizar su independencia y pluralismo, la calidad de sus contenidos y el cumplimiento del derecho de acceso. Para ello, fomentaremos las competencias y la participación de los Consejos de Informativos, un Consejo Social, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos. Su presidencia será elegida a través de concurso público que requerirá la presentación de un proyecto.
  • Llevar a cabo una revisión de los criterios de gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación (público, comercial y tercer sector), y conseguir un mejor aprovechamiento de este espectro (de acuerdo con los estándares europeos) que garantice el derecho a la libre competencia y permita mejorar los indicadores del pluralismo.
  • Reconocer y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (siguiendo las recomendaciones de la Unesco). Esto se complementará con la creación de dos Open Channels de televisión digital terrestre (TDT) y radio con desconexiones locales, gestionados en colaboración con dichos medios como ocurre en Alemania, Noruega o Finlandia.
  • Crear un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en algunos países de nuestro entorno.
11.5

Apuesta por las cláusulas sociales y la contratación pública como instrumentos de generación de valor social

Potenciaremos la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social y responsabilidad social corporativa (RSC). Eliminaremos las trabas y condiciones discriminatorias que puedan impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso a los sistemas de contratación pública, a la vez que favoreceremos los sistemas de autorización o licencia no sometidos a la normativa de contratación pública y permitidos en las directivas europeas, para la provisión de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo de lucro.

12.1

Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional

Desarrollaremos un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del poder gubernamental. Dicho organismo estará integrado por la Administración, organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores relevantes de la sociedad civil; y su ámbito de actuación abarcará las diferentes administraciones territoriales del Estado. Sus principales objetivos serán los siguientes:

  • Promover una mayor implicación de la sociedad civil, así como de expertos, en el compromiso contra la corrupción.
  • Implementar y perfeccionar mecanismos preventivos que se adapten a la dinámica realidad delictiva.
  • Dotar de recursos y adaptar las técnicas adecuadas para lograr una persecución eficaz y sostenible.
  • Asegurar una constante formación de los agentes especializados y una mayor coordinación entre ellos.
  • Facilitar la formación entre los funcionarios para la detección y denuncia de este tipo de conductas.
  • Dotar de mecanismos reales de protección a los denunciantes de hechos delictivos.
12.2

Contratos administrativos abiertos y accesibles

Aseguraremos la apertura de toda la información relativa a los procesos de contratación pública para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas a través de las siguientes medidas:

  • Crearemos una base de datos de contrataciones y licitaciones. Todas las empresas enviarán la documentación relacionada con las contrataciones en formatos abiertos para facilitar su publicación en la red.
  • Aseguraremos el acceso a la documentación de los contratos suscritos como mínimo en los últimos cinco años. En ella se indicará la siguiente información: objeto, importe de la licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para contratar, identidad del adjudicatario, duración, número de licitadores, criterios de adjudicación, cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación, modificaciones contractuales, prórrogas de los contratos, licitaciones anuladas, resoluciones anticipadas, datos del registro público de contratos, datos del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, y acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de Contratación.