medidas encontradas
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Plan Nacional de Transición Energética

Crearemos un Plan Nacional de Transición Energética que movilice la inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes en un 1,5 % anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante un periodo de veinte años. El fin es transformar el aparato productivo, el modelo inmobiliario y el sistema de transportes para avanzar hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables.

La aplicación de este plan permitirá una disminución del 30 % del consumo nacional de energía primaria, mientras que una gran parte del consumo restante se cubrirá de manera autóctona por medio de energías renovables al final de su aplicación, reduciendo así la dependencia energética. Conseguiremos una reducción muy sustancial de las emisiones de CO₂ y un fuerte impacto sobre el empleo, tanto en sectores laborales que sufren el paro asociado al fin de la burbuja inmobiliaria como en sectores profesionales de alta cualificación técnica. En el primer año de funcionamiento del plan se crearán 300.000 empleos estables, cifra que ascenderá a los 400.000 en la fase final. Este plan nacional se sustenta en dos grandes pilares:

  • Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en los edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan es la rehabilitación de 200.000 viviendas al año desde el primero, para abordar el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Estas reformas producirán un ahorro de hasta el 80 % de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas.
  • Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en la expansión e instalación de energías renovables limpias tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

Este plan incluye toda la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación y estará particularmente orientado a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles en generación eléctrica, creando además un tejido industrial propio de alto valor añadido. Ambos planes deben organizarse de modo que se priorice la democratización y redistribución del proceso de generación y distribución energética, para que la propiedad de los nuevos sistemas de producción permanezca en manos de ayuntamientos, consumidores o pequeñas empresas.

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Derogación del Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, y aprobación de una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico

Derogaremos el Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, sobre autoconsumo eléctrico y aprobaremos una normativa que permita su desarrollo, con las siguientes características básicas:

  • La energía autoconsumida instantáneamente queda libre de cualquier tipo de imposición.
  • La energía vertida al sistema eléctrico será justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora (mediante la cancelación de la cantidad de kilovatio hora consumida de la red o por medio de un saldo económico).
  • Establecimiento de unos trámites administrativos ágiles.
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Impulso y desarrollo de infraestructuras verdes

Impulsaremos las infraestructuras verdes (redes de transporte colectivo, transporte ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación, etcétera) y los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) específicamente diseñados para el desarrollo de tecnologías verdes que, en particular, proporcionen nuevas formas de almacenamiento de energía, nuevos vectores energéticos y nuevas capacidades de modulación de la electricidad generada, como el hidrógeno o la solar termoeléctrica, que permitan optimizar el aprovechamiento de las energías renovables en el sistema eléctrico.

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Adopción progresiva de una energía 100 % renovable en todas las dependencias de la Administración Pública

Contrataremos, de forma progresiva, el 100 % de la energía renovable en todas las dependencias de la Administración Pública a través de una comercializadora eléctrica que ofrezca ese servicio.

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Compromiso público de no autorizar instalaciones de fracking

Adoptaremos el compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking).

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Realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico

  • Llevaremos a cabo una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución. Asimismo, realizaremos una auditoría de la deuda asociada al déficit de tarifa.
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Modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción

Modificaremos el marco regulatorio de modo que todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Esta retribución proporcionará ventajas comparativas a las fuentes de menor impacto ambiental. Además, el nuevo marco terminará con los beneficios injustificados de las centrales nucleares e hidroeléctricas.

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Establecimiento de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico

Estableceremos controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, incluida la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución.

9

Protagonismo de las energías renovables en la planificación del sistema eléctrico

Situaremos las energías renovables en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico. Mientras sean necesarias, el resto de tecnologías funcionarán como apoyo a las anteriores. En este sentido:

  • Estudiaremos de cuántas centrales de ciclo combinado se puede prescindir sin que varíen los estándares actuales de garantía de suministro. Las centrales de ciclo combinado prescindibles no recibirán ningún tipo de pago por capacidad.
  • Procederemos al cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España.
  • Llevaremos a cabo el cierre progresivo de las centrales de carbón.

El abandono progresivo de fuentes de energía vinculadas a las centrales de ciclo combinado, nucleares o de carbón, se efectuará en el marco de una transición justa para los trabajadores de estas industrias, de manera que se garantice su progresiva recolocación en sectores limpios en igualdad de condiciones.

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Recuperación de las centrales hidroeléctricas por parte del Estado

Promoveremos la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen. De su gestión se encargarán las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el operador del sistema.

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Garantía por ley del acceso a un suministro mínimo

Desarrollaremos una ley orgánica que garantice el acceso a un suministro mínimo. Consideraremos el acceso a la energía como un servicio público, independientemente de que sea gestionada por instituciones públicas o privadas.

No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, a una situación de pobreza sobrevenida.

Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensual por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo.

El consumidor tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida mientras la situación de pobreza persista.

Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado.

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Diseño de una propuesta alternativa a la Estrategia Energética de la Comisión Europea

Diseñaremos una propuesta comunitaria alternativa a la actual Estrategia Energética de la Comisión Europea, que evite la promoción del gas natural, la construcción de infraestructuras gasísticas como eje energético de la Unión Europea y la creación de una arquitectura legal internacional que aumente el poder de las grandes corporaciones energéticas frente a los Estados (ejemplificada por el TTIP, siglas en inglés del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión).

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Identificación de los costes de transición de la competencia

Promoveremos una declaración de la Comisión Europea en la que se identifiquen los costes de transición a la competencia (CTC) como ayuda ilegal del Estado.

Transportes e infraestructuras

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Participación ciudadana y auditoría para la ejecución de grandes infraestructuras

Apostaremos por la finalización de las obras de todas las inversiones en grandes infraestructuras que ya estén adjudicadas (AVE, autopistas, aeropuertos, dársenas portuarias) y por la paralización de todas las que no hayan sido adjudicadas.

Realizaremos una auditoría de las grandes infraestructuras para clarificar la naturaleza de las decisiones de cada construcción y sus costes reales, a fin de establecer responsabilidades y evitar que se repitan los casos de aeropuertos fantasma, autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor de Castellón.

Asimismo, estableceremos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las contrataciones de grandes infraestructuras. Estos nuevos métodos de decisión incluirán las variables social, ambiental y económica, de forma que siempre resulten sostenibles en estos tres ámbitos.

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Las bicicletas como base de una movilidad urbana sostenible

Facilitaremos la accesibilidad de los ciclistas a los transportes de la red de Cercanías y de Metro en todas las áreas urbanas y metropolitanas.

Además, diseñaremos alternativas de gestión financiera de las actuales concesiones de transportes públicos. Auditaremos los contratos vigentes, de forma que se analicen los errores cometidos y se renegocien los contratos de operación y mantenimiento para asegurar la calidad y la seguridad de los servicios.

Impulsaremos los transportes eléctricos, especialmente en las grandes ciudades.

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Garantía de acceso al transporte público

Aseguraremos el acceso al transporte público y garantizaremos el derecho a la movilidad a todas las personas mediante una tarificación especial o gratuita para la población en riesgo de pobreza y exclusión social, así como para los parados de larga duración.

Nuevo modelo productivo

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Pacto Nacional por la Economía Productiva

Elaboraremos un Pacto Nacional por la Economía Productiva capaz de impulsar un acuerdo multilateral entre Gobierno, patronal y sindicatos por el desarrollo industrial, que haga pivotar el centro de gravedad desde una lógica financiera hasta una lógica productiva. De este modo, situaremos en el centro de las prioridades industriales la inversión productiva y la generación de valor a medio y largo plazo, frente a la lógica de la maximización del valor accionarial que se ha generalizado en la gestión empresarial. En todo caso, la reindustrialización no puede basarse en una apuesta por la competitividad a través de los precios, ya que, al descansar esta de forma exclusiva en la reducción de los costes laborales y en la contención de la demanda doméstica, consolida una especialización inadecuada incapaz de generar empleos de calidad y salarios dignos.

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Apoyo a los clústeres para revertir el proceso de desindustrialización

Revertiremos el proceso de desindustrialización, impulsaremos una nueva diversificación productiva y potenciaremos un tejido productivo innovador volcado en el desarrollo de las pymes, identificando aquellos sectores emergentes conectados con las industrias de red.

Los clústeres, ―entendidos como instrumentos básicos de cooperación entre las empresas más dinámicas de un sector y las administraciones públicas, los centros de investigación y las universidades,― deben convertirse en herramientas útiles para extender las mejores prácticas, impulsar la innovación y mejorar la productividad global en las empresas del sector. Para ello, promoveremos una nueva conexión entre lo global y lo local mediante el impulso de los actuales clústeres industriales, su vinculación con plataformas de desarrollo regional y la extensión de las buenas prácticas que ya existen en algunos de ellos.

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Aumento de la diversificación industrial y apuesta por el desarrollo de los servicios avanzados

Aumentaremos la diversificación industrial al apostar por el desarrollo de los servicios avanzados, tanto los destinados a las empresas (investigación y desarrollo, ingeniería, diseño, marketing, mantenimiento y reparaciones, logística y distribución) como los comerciales y financieros, en especial los que atienden directamente a las relaciones entre empresas.

20

Creación de comités estratégicos sectoriales

Crearemos comités estratégicos sectoriales que permitan diagnosticar las necesidades de cada ámbito. A través del diálogo con todos los actores implicados promoveremos iniciativas destinadas a superar los principales retos de cada sector.

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Impulso de una política industrial centrada en el desarrollo de competencias específicas

Impulsaremos una política industrial centrada tanto en el desarrollo de competencias específicas en el terreno de los activos intangibles, el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo y la participación de los trabajadores como en la diversificación de la presencia geográfica de las empresas.

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Apuesta por las cláusulas sociales y la contratación pública como instrumentos de generación de valor social

Potenciaremos la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social y responsabilidad social corporativa (RSC). Eliminaremos las trabas y condiciones discriminatorias que puedan impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso a los sistemas de contratación pública, a la vez que favoreceremos los sistemas de autorización o licencia no sometidos a la normativa de contratación pública y permitidos en las directivas europeas, para la provisión de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo de lucro.

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Puesta en marcha de fondos de inversión soberanos de carácter público

Pondremos en marcha fondos de inversión soberanos de carácter público, al igual que están haciendo algunos países europeos, como estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización o desmembración de empresas estratégicas y también para impedir que los fondos buitre tomen el control de compañías decisivas para el tejido productivo.

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Refuerzo de la competencia en sectores estratégicos

Reforzaremos la competencia en sectores estratégicos (sector energético, sector financiero, sector de telecomunicaciones), lo cual provocará un abaratamiento de la actividad productiva a escala nacional y permitirá reducir los déficits competitivos estructurales de nuestro tejido productivo. Retomaremos, en este sentido, las medidas de apoyo a las energías renovables y su relevante papel en el ámbito de la investigación y la innovación.

25

Modernización de los servicios de las telecomunicaciones

Modernizaremos los servicios de las telecomunicaciones y, en particular, impulsaremos el despliegue de la redes de fibra óptica con una regulación adecuada que permita abrir el mercado actual.

26

Reorientación de la inversión en infraestructuras públicas

Reorientaremos la inversión en infraestructuras públicas relacionadas con la construcción residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que posibiliten la transición al nuevo modelo productivo (infraestructuras energéticas y de transporte colectivo, pero también de telecomunicaciones y suministro de agua, entre otras).

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Desarrollo de la intermodalidad mediante la mejora de las conexiones ferroviarias de los puertos

Desarrollaremos la intermodalidad por medio de la mejora de las conexiones ferroviarias de los puertos. El 60 % de los contenedores que se mueven en los cinco principales puertos españoles lo hacen en tránsito hacia otros países; por tanto, el principal desafío estratégico es incrementar la oferta logístico-portuaria española a través de una mejora en la conexión ferroviaria de los puertos que los potencie como nudo intermodal.

28

Reorientación del sector de la construcción

Reorientaremos el sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas necesidades sociales, para favorecer el saneamiento urbanístico.

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Reparto de la renta agraria y adaptación de la normativa de los sectores agropecuario y pesquero

Reformaremos el modelo de negociación y aplicaremos la Política Agraria Común (PAC) en España con el objetivo prioritario de mejorar tanto el reparto de la renta agraria como la promoción del interés público y ambiental.

Desarrollaremos iniciativas de creación y adaptación normativa dirigidas a articular un sector agropecuario y pesquero basado en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar. Además, orientaremos la producción extensiva hacia la apuesta estratégica de la soberanía alimentaria.

Promoveremos la adecuación e innovación normativa en el sector pesquero para cumplir los objetivos sociales y ambientales previstos (pero todavía incumplidos), con el fin de programar transiciones graduales entre las distintas artes pesqueras y mejorar el diseño de baremos y el reparto de cuotas.

Sociedad del conocimiento, I+D+i y políticas científicas

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Programa Nacional de Introducción a la Investigación

Estimularemos la vocación científica, incentivando el inicio de la carrera científica en jóvenes estudiantes con talento. Con este fin pondremos en funcionamiento un Programa Nacional de Introducción a la Investigación, orientado a estudiantes de grado que hayan destacado durante los últimos años de carrera, con el objetivo de que empiecen a conocer y desarrollar el trabajo de investigación.

Estableceremos convenios de colaboración con centros de investigación de excelencia del país y contaremos con el personal laboral de cada centro.

Este programa incluirá criterios específicos de paridad e igualdad de género para fomentar una mayor integración de las mujeres en la carrera investigadora.

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Acercamiento de la ciencia a la sociedad: Centros de Innovación Ciudadana

Para acercar la ciencia a todos los ámbitos de la vida diaria, proponemos, por una parte, la creación de los Centros de Innovación Ciudadana, los cuales servirán como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia en los municipios, con la colaboración de los ayuntamientos y las universidades. Se centrarán en la difusión de la ciencia, la innovación social y el desarrollo de una auténtica ciencia ciudadana, una cultura de la curiosidad y el saber hacer.

Por otro lado, proponemos la creación de Science Shops, unidades que, en colaboración con expertos, promueven la investigación mediante charlas, proyectos y estudios técnicos que resuelvan las dudas y los problemas científicos concretos de la ciudadanía.

Paralelamente, desarrollaremos una red online de recursos científicos dirigida a toda la sociedad, con actividades que se puedan realizar en familia, en centros juveniles, en centros de adultos, etcétera.

También generaremos lazos entre estos centros, los centros educativos, las universidades, los centros de investigación, las empresas científicas y el conjunto de la sociedad.

Se establecerán visitas escolares a los núcleos de producción científica, una iniciativa que irá acompañada de un trabajo de difusión de los beneficios sociales que suponen tales visitas. Se desarrollarán también actividades de divulgación en centros de mayores.

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Redefinición de la carrera investigadora

  • Diseñaremos una carrera investigadora basada en el mérito y que ofrezca un progreso laboral previsible a largo plazo.
  • Apostaremos por la creación de una única carrera académica para la universidad y para los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), mediante la unificación de los procedimientos de contratación, evaluación y mérito académico.
  • Crearemos una carrera profesional que incluya el trabajo en laboratorios y la gestión de la I+D+i.
  • Incluiremos una carrera investigadora hospitalaria, independiente de la docencia universitaria y que reconozca las peculiaridades del contexto hospitalario.
  • Procederemos a la revisión de la escala salarial, asociada al diseño de la carrera investigadora, para adaptarla a las responsabilidades de cada etapa y a la media europea.
  • Introduciremos medidas dirigidas a paliar la desigualdad de género existente, que crece de manera progresiva a lo largo de las distintas etapas de la carrera investigadora.
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Portal online de investigación

Con el fin de aumentar la transparencia en la investigación pública, crearemos un portal online de investigación que publicará la totalidad de ofertas de proyectos, convenios de colaboración y convocatorias de todo tipo, incluidas las de contratación y empleo realizadas por instituciones de investigación públicas.

El portal recogerá todas las convocatorias públicas de I+D+i en un calendario bianual, de obligado cumplimiento, acordado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y otras agencias de financiación pública.

También incluirá una base de datos de acceso abierto con los perfiles de investigadores e investigadoras, grupos de investigación, universidades, OPIS y proyectos de investigación de ámbito estatal.

Centralizará y publicará toda la información estadística del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI): número de alumnos y alumnas, presupuestos, proyectos, etcétera.

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Apuesta por las investigadoras y los investigadores senior

  • Aumentaremos un 100 % todas las convocatorias posdoctorales dependientes del Gobierno central.
  • Potenciaremos la contratación indefinida y evaluable de investigadoras e investigadores principales en el ámbito estatal español.
  • Ampliaremos la lista de centros receptores más allá de los OPIS con la inclusión de universidades y otras instituciones públicas de excelencia.
  • Definiremos e implantaremos el modelo evaluador de dichas incorporaciones.
  • Mejoraremos la difusión y el impacto de sus investigaciones.
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Garantía del acceso a la cultura científica

Garantizaremos el acceso a la cultura científica, con independencia de la situación personal, económica o de la autonomía funcional:

  • Los museos de ciencia serán gratuitos durante un día al mes, para evitar diferenciaciones sociales en el acceso.
  • Aseguraremos que todos los centros de investigación, museos, ferias y otros eventos científicos dispongan de planes de acceso para las personas con diversidad funcional.
  • Se fomentarán jornadas de puertas abiertas en todos los centros de investigación y universidades para la población de cualquier edad.
  • Los medios de comunicación públicos ofrecerán contenidos rigurosos y adecuados, con lo que se establecerá una fuerte conexión entre la sociedad y la comunidad científica. Además, se crearán espacios de divulgación y debate científicos, adecuándolos a los distintos grupos de edad de los espectadores.
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Recuperación del talento joven: convocatoria Margarita Comas

Dentro de nuestro Plan de Rescate de la Ciencia, presentamos la convocatoria extraordinaria de una partida destinada a la recuperación del talento joven: convocatoria Margarita Comas.

Gracias a esta convocatoria, se contratarán jóvenes investigadores que podrán establecerse y crear nuevos laboratorios en nuestro país. Los contratos tendrán una duración de cuatro años y, a su finalización, se podrá concurrir a un proceso de evaluación de objetivos y estabilización laboral mediante un contrato indefinido.

Esta medida de choque, junto con otras de largo alcance que proponemos en nuestro programa, generará puestos de trabajo directos en el ámbito de la investigación.

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Pacto Estatal para la Ciencia y la Innovación

La política científica y de innovación debe ser considerada una cuestión de Estado. Se buscará un gran acuerdo con todos los agentes y los actores sociales para asumir responsabilidades y proponer futuras mejoras de una manera coordinada, consensuada e independiente de los cambios políticos.

La implementación de este pacto conllevará la creación de una Mesa por la Ciencia e Innovación.

Se buscará lograr un compromiso con las empresas para la contratación de personal frente a la obtención de beneficios a corto plazo, con los agentes financieros para facilitar el crédito necesario para desarrollar actividades científicas y con los agentes tecnológicos y de investigación para facilitar la transferencia de conocimiento.

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Promoción de la actividad innovadora en el tejido empresarial

Facilitaremos y promoveremos la innovación entre las empresas españolas, en especial entre las pymes. Para ello, crearemos polos de conocimiento y desarrollo económico especializados en áreas y ámbitos determinados y localizados en diferentes regiones del Estado.

Estos polos promoverán y facilitarán la interacción de todos los protagonistas de la cadena productiva, de manera similar a los modelos internacionales (Poles en Francia, Fraunhofer Institutes en Alemania, Catapult en Reino Unido) y nacionales (MCC-Mondragón Corporación Cooperativa o COVAP en Andalucía).

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Estímulo al retorno del talento científico emigrado

  • Llevaremos a cabo políticas para la creación de empleo en sectores con alto valor agregado.
  • Fomentaremos el lanzamiento de ofertas de trabajo en proyectos de investigación a científicos emigrantes e investigadores extranjeros y promoveremos la movilidad y la internacionalización.
  • Concederemos subvenciones a las empresas basadas en la transferencia tecnológica y la innovación social.
  • Convocaremos ayudas para la creación de empresas y proyectos científicos, tecnológicos y de transferencia tecnológica con ofertas de trabajo a investigadores españoles en el extranjero.
  • Convocaremos ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación y tecnología de asociaciones de científicos en el extranjero.
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Inversión en ciencia e I+D+i responsable

Devolveremos la inversión pública en I+D+i a los niveles anteriores a la crisis y apostaremos por devolver los objetivos de inversión en I+D+i nacionales a niveles europeos (2 % del PIB).

El objetivo será alcanzar el 2,7 % de inversión en I+D+i del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017, y el 3 % en 2020.

Aseguraremos que los préstamos de fondos públicos a empresas desarrolladoras de I+D+i se utilicen para lo que inicialmente se idearon, y no como subvenciones encubiertas, para lo cual controlaremos que los fondos destinados a la inversión en I+D+i se ejecuten al 100 % de lo aprobado en los PGE.

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Democratización de los OPIS

Liberaremos los OPIS del control político y fomentaremos la gobernanza propia de la investigación y su proyección a largo plazo.

Propondremos una democratización profunda de los OPIS para promover su autonomía de gestión e investigadora.

Reformaremos los estatutos de los OPIS e implementaremos planes estratégicos plurianuales adecuados a cada organismo. La transición hacia la democratización institucional debe ir acompañada de una correlativa asunción de responsabilidades y rendimiento de cuentas.

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Creación de un observatorio para la defensa de la transparencia en el acceso y gestión de las instituciones investigadoras y universitarias

Con el fin de acabar con la falta de transparencia, especialmente en los procesos de selección y acceso en las instituciones investigadoras o universitarias, crearemos un observatorio para la defensa de la transparencia en el acceso y gestión de las instituciones investigadoras y universitarias.

Además, el observatorio actuará contra otros problemas sistémicos de estas instituciones que provocan arbitrariedades e injusticias en el acceso a la carrera docente y a la investigadora, como, por ejemplo, la situación de precariedad de su personal.

El observatorio formará parte de una futura agencia de evaluación y servirá de sistema de alerta sobre los problemas de transparencia en los órganos y procesos de las instituciones públicas de investigación y universidades.

Será un organismo abierto a la ciudadanía y receptivo a quejas sobre la falta de transparencia y equidad en el sistema español de investigación.

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Investigación y docencia flexibles y autónomas

Promoveremos una mejora del sistema público de evaluación docente e investigadora que garantice la promoción de la innovación y la autonomía en todos los niveles de la investigación y la educación.

Cambiaremos las viejas estructuras de jerarquía piramidal con designaciones (y destituciones) hechas por el Estado y avanzaremos hacia una gobernanza basada en la meritocracia, en la que los responsables de la gestión rindan cuentas sobre sus resultados ante el Parlamento, ante los propios colectivos gestionados y ante la sociedad en general.

Una reforma fiscal para la suficiencia, la equidad y la cohesión social

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Plan integral de lucha contra el fraude

Pondremos en marcha un plan integral de lucha contra el fraude que integre las siguientes actuaciones:

  • Desarrollo de un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para garantizar: su autonomía, una dirección profesional y objetiva, la erradicación del uso partidario de la institución y la obligación de diseñar planes estratégicos consistentes. El Parlamento nombrará al director general de la AEAT.
  • Fomento de la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio: se procurará su integración en red, el flujo de la información mediante bases de datos integradas y la adopción de estrategias y objetivos comunes.
  • Aprobación de una ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Esta norma recogerá las modificaciones legislativas que se deriven de la aplicación del contrato (programa a cinco años de la AEAT durante el ejercicio de referencia). La ley se debatirá y se aprobará una vez celebrado el control anual por parte del Parlamento —con la intervención de las comunidades autónomas— de los resultados en la gestión de los tributos realizada por la AEAT y por los servicios y agencias tributarias autonómicas.
  • Oferta de empleo público. Incremento gradual del personal de la AEAT, acorde con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación profesional.
  • Constitución de una comisión de expertos contra el fraude fiscal que proponga medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la erosión de bases y el traslado de beneficios.
  • Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales.
  • Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las sicav, las socimi, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para incorporar normas antielusión.
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Ampliación a diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales

Tipificación del delito fiscal a partir de los 50.000 euros defraudados. Rebajaremos y homogeneizaremos la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito fiscal con las establecidas respecto a las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea y a la Seguridad Social en 50.000 euros, para lo cual ampliaremos el plazo de prescripción a diez años y aplicaremos las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.

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Reforma del IRPF

Reformaremos el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con la ampliación del número y los tipos de tramos en las rentas de más de 60.000 euros anuales:

  • Aumentaremos el número de tramos del IRPF a partir de 60.000 euros, y elevaremos progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45 % actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55 % para rentas superiores a 300.000 euros anuales.
  • Eliminaremos las deducciones que tienen un carácter más regresivo, porque de ellas se benefician pocos contribuyentes, los que están situados, sobre todo, en los tramos altos de renta. En todo caso, los beneficios fiscales priorizarán la protección de las condiciones de vida individuales y familiares.
  • Corregiremos progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro y la falta de progresividad de esta última, para avanzar hacia una tarifa única. La actual situación provoca desigualdad horizontal y vertical.
  • Eliminaremos, con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, porque genera, por un lado, oportunidades de fraude y elusión y, por otro, desigualdades injustificables. Este régimen carece de sentido en un país como España donde todas las empresas, incluso las más pequeñas, son capaces de llevar registros contables.
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Recuperación del gravamen efectivo en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones

Recuperaremos el gravamen efectivo en los impuestos sobre el patrimonio y sobre las sucesiones y donaciones. El segundo de estos impuestos, el de sucesiones y donaciones, recaerá en grupos con alto nivel de renta.

Armonizaremos con las comunidades autónomas las normas que regulan ambos tributos, que habrán de ser aplicados en todo el Estado, por motivos de equidad y de lucha contra el fraude. Se establecerá, además, una tributación mínima no bonificable.

Disminuiremos el mínimo exento en el impuesto del patrimonio a 400.000 euros netos, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisaremos las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000 euros.

Favoreceremos, de forma coordinada con todas las comunidades autónomas, la derogación de las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente para grupos con un alto nivel de renta. Revisaremos la cuantía del patrimonio previo de los herederos utilizada para fijar la tarifa del impuesto con el objetivo de asegurar que las situaciones de pobreza no sean determinantes en las renuncias no deseadas a la herencia.

Acabaremos con las sicav tal y como las conocemos hasta ahora: regularemos su régimen fiscal para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas. Para ello, controlaremos el número real y efectivo de socios, y estableceremos un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Igualmente, estableceremos un límite máximo de aportación para cada uno de los inversores. Además, atribuiremos a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos y para ello arbitraremos un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que actualmente se observan en el sector. Cuando la AEAT compruebe que dichos requisitos no se cumplen y que, por tanto, una determinada sicav no es real ni efectivamente una institución de inversión colectiva, entonces resultará de aplicación el tipo general del impuesto de sociedades.

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Un impuesto de sociedades más sencillo y transparente

Reformaremos en profundidad el impuesto de sociedades, e impulsaremos su armonización internacional para hacerlo muy sencillo, transparente y con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales. Garantizaremos, además, que se mantienen las diferencias en función del tamaño y el tiempo de actividad de la empresa, a diferencia de la situación actual.

  • Apoyaremos e impulsaremos el proyecto de Directiva Accis, para la determinación de la base imponible consolidada de los grupos multinacionales y su reparto entre los países donde operan en proporción a las ventas, el capital y la masa salarial. El objetivo es limitar las pérdidas de tributación asociadas a los precios de transferencia.
  • Eliminaremos los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, para lo cual controlaremos los aspectos clave, como los precios de transferencia o la deducción de gastos financieros. Los beneficios fiscales que se mantengan deberán estar debidamente justificados atendiendo a sus efectos sobre la productividad y la creación de empleo.
  • Introduciremos un impuesto mínimo para las grandes empresas que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo.
  • Estableceremos un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas (30 %) y un tipo inferior (25 %) para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. Esta reinversión de los beneficios deberá ser verificada por la Administración y los representantes de los trabajadores.
  • Eliminaremos las posibilidades de utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares.
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Modificaremos la imposición indirecta, en particular el impuesto sobre el valor añadido (IVA), para contribuir a la mejora del bienestar social.

Buscaremos una estructura de tipos que mantengan en lo posible la recaudación, pero que mejoren su impacto redistributivo y limiten su regresividad.

Aumentaremos los alimentos y las bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo superreducido del 4% (en todo caso, se excluirán aquellos para los que resulte desaconsejable tal aumento por motivos de salud pública) y aplicaremos el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento.

Reduciremos el tipo aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales y escolares, lo que significa que volveremos a la situación previa antes de la reforma del Partido Popular (PP).

Se buscará una figura tributaria para gravar artículos de lujo de forma que, al menos de forma parcial, se compense la caída de la recaudación como consecuencia de las reducciones anteriores.

50

Establecimiento de una verdadera fiscalidad verde

Estableceremos una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, e impulsaremos la convergencia de la presión fiscal medioambiental española (1,6 % del PIB) hacia la media de la Unión Europea (2,4 % del PIB). Para ello:

  • Reformaremos los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón, y en particular revisaremos los beneficios fiscales existentes.
  • Aplicaremos una exención del impuesto sobre la producción de la electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kilovatios.
  • Igualaremos los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo.
  • Reformaremos el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes de los vehículos.
  • Estudiaremos la posibilidad de establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte.
  • Estudiaremos la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público.
  • Estableceremos un precio mínimo en los derechos de emisión de CO2.
51

Coordinación de los impuestos medioambientales de las comunidades autónomas

Coordinaremos los impuestos medioambientales que se exigen en las diferentes comunidades autónomas, para lo cual revisaremos aquellas ecotasas que no tienen objetivos medioambientales, como el canon eólico.

52

«Impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario

Instauraremos un «impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario con el fin de recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas. Este impuesto será extraordinario, se aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una legislatura.

53

Avance hacia el impuesto sobre transacciones financieras

Legislaremos de la manera más ambiciosa posible el impuesto sobre transacciones financieras (ITF) para controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas. Nos comprometemos a que, como mínimo, España sea pionera en la implantación del acuerdo alcanzado en 2012 por once países de la Unión Europea, que consiste en aplicar un impuesto del 0,1 % sobre la compra y la venta de acciones y bonos, y otro del 0,01 % sobre los productos derivados. Este impuesto lo pagarán las entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras.

54

Acuerdo por la financiación territorial

Durante la próxima legislatura, impulsaremos un nuevo acuerdo de financiación territorial en el marco de una reforma constitucional que reconozca la dimensión plurinacional de nuestro Estado. Para ello, llevaremos a cabo un proceso de evaluación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, con la finalidad de promover un consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia en cuanto al cumplimiento efectivo de los principios de autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal. Revisaremos también la financiación de las haciendas locales y provinciales para asegurar su capacidad de atención a las necesidades de la ciudadanía.

Banca pública y regulación financiera

55

Mejora de la regulación del sistema financiero

Promoveremos la separación plena de la banca minorista y la banca de inversión. Esta separación ―en la línea del Informe Vickers, aprobado recientemente en el Reino Unido, o el Volcker Rule, en Estados Unidos―, evitará situaciones de riesgo moral en las que las actividades especulativas vinculadas a la banca de inversión pueden amenazar la solvencia de los depósitos minoristas y, con ello, exigir rescates públicos a posteriori.

Realizaremos una auditoría independiente de todas las entidades financieras que han recibido ayudas públicas para determinar las que debe asumir el sistema bancario privado.

Estableceremos un organismo público de carácter estatal de protección al consumidor bancario y se mejorará la protección institucional de dicho consumidor.

Respaldaremos formas de financiación alternativas, como las cooperativas de crédito, la llamada banca ética o el crowdfunding.

Plantearemos límites a la concentración de depósitos, al tamaño de los bancos y a la concentración bancaria. La actual crisis económica ha producido una mayor concentración del sistema bancario. Ciertos bancos han experimentado un crecimiento excesivo y constituyen un riesgo sistémico para la economía, por lo que es necesario limitar el riesgo moral asociado al hecho de que son «demasiado grandes para quebrar». Para ello, estudiaremos la conveniencia de imponer límites a la concentración de depósitos, préstamos u otros indicadores bancarios; en definitiva, al tamaño de los bancos.

Iniciaremos la regulación de la llamada «banca en la sombra». Adoptaremos medidas para controlar y regular las actividades financieras fuera de balance en España, que además insten a hacer lo mismo a los socios del Eurogrupo. Estas actividades financieras fuera de balance permiten eludir la normativa bancaria, transfieren el riesgo de crédito a terceros y producen un descontrolado nivel de apalancamiento. En este sentido, se avanzará en la regulación pública de las titulaciones y de los credit default swaps (CDS).

56

Eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraisos fiscales

Exigiremos en los acuerdos internacionales la eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales, para favorecer la desaparición de la extraterritorialidad y la deslocalización del capital financiero.

57

Creación de una agencia europea de calificación independiente y pública

Apoyaremos la creación de una agencia europea de calificación, independiente y pública. Esta medida reducirá las posibilidades de que las empresas de rating continúen suministrando información asimétrica y enviando incentivos erróneos a los inversores privados y públicos, poniendo con ello en peligro el equilibrio macroeconómico.

58

Constitución de una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum

Constituiremos una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, para lo que renegociaremos los términos del memorando de entendimiento firmado con la UE. Los criterios de actuación de la banca pública deben ser diferentes a los de la privada. Aunque la rentabilidad será uno de ellos (para que funcione de forma sostenible), no será el único y la banca pública estará más orientada a financiar:

  • Infraestructuras y equipamientos públicos.
  • Proyectos empresariales de largo plazo dentro de una política industrial coherente que apueste por superar las actuales carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores económicos.
  • Colectivos sociales con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con la vivienda, y pymes.

Por todo ello, la banca pública tendrá dos grandes ejes de intervención. El primero, basado en la banca de inversión y desarrollo, similar al modelo del Kreditanstalt für Wiederaufbau alemán, que movilice los recursos necesarios del cambio económico y productivo. El segundo, sustentado en el desarrollo de una banca pública de ahorro que permita a los depositantes tener una banca segura y centrada en la protección de los depósitos y en la atención a las necesidades de financiación de los minoristas.

59

Conversión de la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler

Convertiremos la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social, lo que exige poner los activos inmobiliarios adquiridos por esta entidad al servicio de ese objetivo.

Reestructuración de la deuda española

60

Derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española

Derogaremos y devolveremos a su estado anterior el artículo 135 de la Constitución española, modificado en 2011, durante el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

61

Puesta en marcha de una auditoría de la deuda en sede parlamentaria

Pondremos en marcha una auditoría de la deuda, y pondremos un cuidado especial al auditar la deuda contraída como consecuencia del rescate financiero de la UE para, con ello, poder arrojar luz sobre el proceso de crecimiento y recomposición interna de la deuda que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

La posibilidad de esta auditoría está contemplada en la propia legislación europea: el Reglamento 472 / 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, plantea expresamente que «un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad».

62

Reestructuración de la deuda pública

Reestructuraremos la deuda pública vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el memorando de entendimiento y el rescate de la Unión Europea. En la devolución de los 60.000 millones de euros prestados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a España en 2012 para rescatar al sistema financiero, participarán las propias instituciones financieras, una vez que se hayan recapitalizado y hayan recibido otras ayudas para garantizar su estabilidad. Estas deben ser las que, en última instancia, salden dicho préstamo con la Unión Europea, préstamo adelantado hasta el momento por los contribuyentes españoles.

La reestructuración de esta deuda se centrará no tanto en una reducción de los plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una redefinición de los pagadores últimos de la factura. Tal y como se señala en el apartado de fiscalidad, las entidades financieras soportarán un «impuesto de solidaridad» transitorio para canalizar la devolución de los fondos prestados.

63

Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares

Llevaremos a cabo la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales, como el hecho de que todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o que presenten ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Impulsaremos esta reestructuración con un verdadero régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva. Para lograrlo, implantaremos un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible, que constará de dos fases:

  • Fase de conciliación ante una comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación laboral) para presentar propuesta a los acreedores.
  • Fase de la vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita o dación en pago. Con la quita se ajustará la deuda al valor del bien hipotecado, mientras que la dación en pago implicará la adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la deuda.

Se cancelarán las deudas derivadas de los procedimientos de ejecución anteriores. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán tanto créditos privados como públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda); y este procedimiento será válido asimismo para autónomos y pequeñas empresas.

A partir de lo anterior se regulará la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos.

64

Limitación de los incentivos fiscales a la deuda empresarial

Limitaremos, mediante un régimen transitorio, los incentivos fiscales a la deuda empresarial para contener el excesivo apalancamiento.

Pymes, autónomos y economía social

65

Sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la ley de morosidad

Interpondremos sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la ley de morosidad, que fija en treinta días el plazo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores y, en el caso del sector privado, un plazo máximo de sesenta días. En las licitaciones públicas será necesario justificar el cumplimiento de estos pagos con las empresas subcontratadas.

66

Refuerzo del apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO y la futura banca pública

Reforzaremos el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la futura banca pública y, para ello, tendremos en cuenta criterios sociales y estratégicos. Canalizaremos estos préstamos e inversiones para apoyar la creación de empresas start-up (empresas emergentes) en sectores intensivos en conocimiento.

67

Cuotas justas para los autónomos

Estableceremos cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y un alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo del salario mínimo interprofesional. Estudiaremos la equiparación de las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al Régimen General de la Seguridad Social. Posibilitaremos el pago trimestral, en lugar de mensual, de las cotizaciones y solo desde el inicio de la actividad; e informatizaremos y simplificaremos los trámites. Analizaremos, igualmente, la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, de manera que se pueda estar empleado por cuenta propia a media jornada.

68

Incorporación de la voz de la economía social y de los autónomos en el diálogo social

Incluiremos a los actores de la economía social y a los autónomos en las mesas de diálogo social, a través de las organizaciones que los representan, para que sus opiniones se tengan en cuenta en las decisiones de gran calado.

69

Estudio del desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada

Estudiaremos el desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo que todos los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su patrimonio (como ocurre ahora).

70

Desarrollo de una verdadera Ley de Segunda Oportunidad, también en el terreno de las pymes y los autónomos

Impulsaremos esta reestructuración mediante un verdadero régimen de segunda oportunidad y un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, tanto para personas físicas como jurídicas, que realmente las libere de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Los procesos de resolución deberán incluir todas las deudas generadas en su actividad anterior, incluidas las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Asimismo, facilitaremos el acceso a la asistencia jurídica en los procesos concursales y favoreceremos la mediación extrajudicial.

71

Introducción del criterio del IVA de caja como universal y obligatorio

Introduciremos el criterio del IVA dado que, tal y como está planteado actualmente, el IVA de caja no es útil para las pymes, ya que las grandes empresas rechazan a las pymes que lo utilizan para poder deducir el IVA antes de pagar las facturas. La única forma de que resulte efectivo es hacerlo obligatorio para todas las empresas.

72

Fomento de la economía social

Incluiremos en un plan de ayudas los proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación, y promoveremos la creación de un servicio público de asesoría para las empresas cooperativas. Reformaremos la Ley de Cooperativas para que sea suficientemente flexible, eliminando barreras administrativas e incluyendo figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de servicio público. Favoreceremos los procesos de transformación de empresas en crisis en cooperativas y sociedades laborales mediante un asesoramiento estratégico y técnico, así como mediante la posibilidad de que los trabajadores puedan capitalizar el pago único de la prestación por desempleo sin la necesidad de abandonar la producción en la empresa.

73

Potenciación de una economía del bien común

Potenciaremos una economía del bien común por medio de la introducción de medidas como un balance del bien común o un etiquetado ético, con el fin de identificar las huellas ecológica y social de los productos y la compra pública ética. Además, impulsaremos políticas públicas orientadas al fomento de un consumo responsable por parte de los consumidores, a partir de acciones educativas y de divulgación.

74

Apoyo a la economía colaborativa

Aprobaremos una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones (especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social). Del mismo modo, analizaremos la posibilidad de reconocer alternativas monetarias (algunas ya existentes) que puedan ser utilizadas localmente en las transacciones efectuadas por particulares en el ámbito de la economía colaborativa.

75

Fomento del emprendimiento en sectores innovadores

Apoyaremos e impulsaremos el emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía digital, mediante el impulso de hubs (pequeños centros de negocio) y clústeres de innovación. Favoreceremos el acceso a espacios de trabajo y de coworking (trabajo colaborativo) a las incubadoras de emprendedores y empresas start-up, hasta conseguir crear una red de espacios de colaboración que permitan a pequeños emprendedores la mutualización de recursos, ofrecer servicios compartidos y facilitar la innovación de forma descentralizada, para que la ciudadanía y el tejido productivo se beneficien de ello. Impulsaremos los fondos públicos de inversión en estos sectores y la colaboración público-privada para producir aplicaciones digitales de interés general. Por otro lado, regularemos la economía colaborativa para dotarla de un marco legal claro y, asimismo, fomentaremos la incorporación de servicios de la economía digital y colaborativa por parte de las administraciones (sharing).

Agricultura y pesca

76

Cuotas pesqueras justas y responsables

Desarrollaremos medidas urgentes que abran un diálogo real y equilibrado entre todos los actores implicados en el sector de la pesca, con el fin de mejorar los criterios de transparencia y gestión en el reparto de cuotas pesqueras.

Primaremos la responsabilidad y la sostenibilidad en la producción, así como los criterios sociales de equidad con quienes viven del mar, y abogaremos por un reparto lineal de las capturas con criterios barco / tripulación, no transferible, acorde al nuevo marco de reparto de cuotas.

Flexibilizaremos los pagos de sanciones y multas según la situación empresarial. Unas penalizaciones por infracciones consistirán básicamente en no permitir salir a faenar por un plazo determinado en función de la gravedad de la infracción, con el fin de aumentar la efectividad de las multas y eliminar la sospecha actual de la intención recaudatoria de las sanciones.

77

Trabajo agrario estable

Modificaremos el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con el objetivo de garantizar el empleo estable y sostenible en el medio rural en proyectos agrarios, agroalimentarios y forestales y, asimismo, en otros sectores vinculados a la conservación y el mantenimiento del territorio y el patrimonio paisajístico, natural e histórico de las zonas rurales.

Acabaremos con la dependencia ciudadana y las prácticas clientelares de ayuntamientos y empresarios del ámbito agrario gracias a la aplicación del programa Pobreza Cero, que universaliza las rentas y posibilita limitar el requisito de la firma de las peonadas.

De este modo, tanto el subsidio como la renta agraria quedarán integrados en una perspectiva que garantizará una vida digna para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores agrarios.

Las políticas macroeconómicas en el ÁMBITO europeo: FIN DE la austeridad fiscal y salarial

78

Asignación de 15.000 millones de euros anuales para un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica que incluirá una renta garantizada, la mejora salarial y la reversión de los recortes sufridos desde 2010

Aprobaremos un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica, destinado, por una parte, a políticas sociales que refuercen el Estado de bienestar y los servicios públicos relacionados con la atención a las personas, y, por otra, a inversiones públicas que impulsen la creación de empleo y una verdadera transformación de nuestra economía. Este plan estará dotado con un incremento presupuestario de 15.000 millones de euros cada año durante toda la legislatura. Ello nos permitirá mantener constante a lo largo de la legislatura la relación gasto/PIB, en vez de reducirla en más de tres puntos porcentuales, y convergeremos con Europa en vez de alejarnos más, como supondría la reducción en cuatro puntos porcentuales que propone el Partido Popular.

79

Aumento de entre 30.000 y 40.000 millones de euros de los ingresos sobre el PIB

Pondremos en marcha de forma inmediata una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude fiscal, con el fin de elevar a lo largo de los cuatro años de legislatura el porcentaje de ingresos sobre el PIB, al menos entre 30.000 y 40.000 millones de euros, con lo que acortaremos la diferencia con la media europea.

80

Modificación del calendario actual de reducción del déficit público

Modificaremos el calendario actual de reducción del déficit público con una ampliación del plazo, para hacer compatible el principio de estabilidad presupuestaria con los objetivos de reducción del desempleo, de atención a las necesidades sociales y de modernización económica.

81

Abandono de la política de devaluación salarial como vía para promover una mejora de la competitividad

Abandonaremos la política de devaluación salarial como vía para promover una mejora de la competitividad por sus efectos sociales y económicos negativos. Para ello, derogaremos las dos últimas reformas laborales y adoptaremos medidas que favorezcan un crecimiento suficiente de los salarios y la recuperación de su capacidad adquisitiva. También reforzaremos el papel de la negociación colectiva mediante la derogación de las medidas incluidas en la última reforma laboral, incrementaremos el salario mínimo y terminaremos con los recortes salariales en el sector público.

82

Impulso de una reforma sustancial del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Pacto Fiscal

Impulsaremos una reforma en profundidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para lo que eliminaremos el objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizaremos los objetivos de deuda y déficit, con el fin de que se adapten mejor a las necesidades de cada país. Pondremos en marcha una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con un peso significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre países en función de su situación cíclica, la emisión de eurobonos y un mayor grado de armonización en algunos impuestos, en particular el de sociedades.

83

Garantía de un nivel adecuado de inversión pública

Garantizaremos un nivel adecuado de inversión pública en el ámbito nacional (con la introducción de una «regla de oro» que no incluya dicha inversión en el cómputo del déficit) y en el ámbito europeo (para lo cual habrá que incrementar la cuantía del Fondo para Inversiones Estratégicas hasta un 5 % del presupuesto anual de la Unión Europea, desde el 1 % actual).

84

Promoción de la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo

Promoveremos la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para incluir entre sus objetivos el mantenimiento de un nivel adecuado de actividad económica y, asimismo, la creación de empleo, con la intención de incluir al BCE en el conjunto de instituciones que aplican la política económica de forma coordinada y bajo un verdadero control democrático, y para que pueda actuar como prestamista en última instancia de las autoridades fiscales.

85

Impulso de una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la eurozona

Impulsaremos una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la eurozona. El gobierno económico de la eurozona —el Eurogrupo— es una entidad que no está obligada a rendir cuentas ante ninguna institución directamente elegida por los ciudadanos, ni siquiera ante el Parlamento Europeo, por lo que apoyaremos la creación de una cámara parlamentaria de la eurozona, formada por representantes de los distintos parlamentos nacionales de acuerdo con criterios poblacionales y territoriales y, a diferencia del Parlamento Europeo, con verdadera capacidad legislativa y de control político.

86

Convocatoria de una conferencia europea de deuda para discutir la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro

Propondremos una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El BCE sería la institución que debería adquirir, al valor nominal, los viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE debería reestructurar las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

87

Adopción de forma inmediata de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio europeo

Adoptaremos de forma inmediata un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio europeo, con la aplicación estricta de la Carta Social Europea, y con un programa comunitario de vivienda social que incluya la prohibición de los desahucios de primera vivienda en el territorio comunitario, una carta sanitaria europea que garantice el derecho a la sanidad pública para todos y todas en el territorio de la Unión Europea, y la potenciación del espacio europeo de educación y cultura.

88

Desarrollo de un seguro de desempleo común que complemente los sistemas nacionales y que, en caso de crisis, actúe de estabilizador automático

Desarrollaremos un seguro de desempleo común que complemente los sistemas nacionales y que, en caso de crisis, actúe de estabilizador automático, además de garantizar la «portabilidad de los derechos» de los trabajadores europeos.

89

Creación de un «Eurogrupo Social»

Crearemos un «Eurogrupo Social», que estará compuesto por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales y supervisará los desequilibrios sociales y la coordinación de las políticas laborales de la zona euro.

Derecho al trabajo y empleo digno para todas las personas. Una política para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia la igualdad de género

90

Prioridad del derecho al trabajo y de la creación de empleo

Para ello, impulsaremos el cumplimiento del artículo 40.1 de la Constitución española que establece lo siguiente: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo». Para impulsar dicho objetivo, aplicaremos una política fiscal expansiva que invierta 15.000 millones de euros al año durante la próxima legislatura.

91

Incremento gradual del salario mínimo interprofesional hasta llegar a 14 pagas de 800 euros al mes en enero de 2018

Incrementaremos de forma gradual el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, para asegurar posteriormente la convergencia con el 60 % del salario medio que establece la Carta Social Europea. De este modo, al final de la legislatura dicho salario se situará en un mínimo de 950 euros al mes.

92

Pleno cumplimiento de la normativa laboral

Aseguraremos el pleno cumplimiento de la normativa laboral y reduciremos el fraude en la contratación, principalmente en los contratos temporales, mediante una mayor dotación de medios y facultades a la inspección de trabajo y un mayor nivel de implicación por parte de la representación de los trabajadores.

93

Reequilibrio de la negociación colectiva

Reequilibraremos la negociación colectiva, para lo que estableceremos la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y modificaremos la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Igualmente, reconoceremos el grupo empresarial como unidad de negociación; por ello, agruparemos todas las empresas que, con un alto grado de dependencia sobre la empresa principal, participan en un mismo proceso productivo. Estableceremos, además, un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos, con el objetivo de no debilitar el poder contractual de la representación de los trabajadores.

Con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, ampliaremos el ámbito de representación a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria, para establecer un sistema de representación sindical que agrupe a todas las personas que trabajan en un mismo grupo empresarial.

Finalmente, reforzaremos las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela, un objetivo que se conseguirá mediante la eliminación en el Código Penal de los tipos específicos relacionados con el ejercicio de este derecho. Con ello, regularemos un sistema de garantías para las personas que decidan participar en una huelga.

94

Nuevo marco laboral

Reformaremos la contratación temporal y a tiempo parcial con los siguientes objetivos:

  • Los contratos de obra o servicio determinado deben convertirse de manera automática en contratos indefinidos cuando su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo.
  • Los contratos a tiempo parcial de temporada deben convertirse en contratos fijos discontinuos que garanticen el derecho a llamamiento.
  • Los contratos a tiempo parcial deberán incorporar el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, deberán fijar el cómputo de la jornada con referencia semanal y deberán establecer un umbral mínimo del 50 % de la jornada habitual.

Actualmente, el 76 % de las personas que desempeñan un trabajo a tiempo parcial son mujeres, y el 60,8 % de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen involuntariamente. Debemos terminar con este modelo de trabajo y garantizar la creación de empleo estable y de calidad.

95

Impulso de una regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de la jornada

Impulsaremos una regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de la jornada y en una prolongación fraudulenta de la jornada de trabajo. Dicha regulación tendrá como objetivos:

  • Prohibir el uso abusivo de las horas extraordinarias.
  • Desincentivar las horas extraordinarias estructurales.
  • Dotar de suficientes mecanismos legales a los trabajadores para garantizar su cobro.
96

Reforma del despido

  • Otorgaremos al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente.
  • Recuperaremos la figura del despido nulo por fraude de ley.
  • Reformaremos el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, para lo que reforzaremos la causalidad, incluiremos la obligación de la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y garantizaremos la efectividad del proceso de negociación.
97

Impulso de los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas

Impulsaremos los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas ante los cambios en la demanda y en el nivel de actividad económica, para evitar tanto el desempleo como los ajustes a través del salario.

Del mismo modo, impulsaremos legalmente los mecanismos de flexibilidad interna (ya existentes, pero poco utilizados) a través de la reducción de la jornada laboral. Y para que esta reducción de la jornada de trabajo no se traduzca en una caída salarial paralela, fortaleceremos un mecanismo de ajuste que sea similar al modelo alemán, en el que la pérdida de jornada laboral se ve compensada en términos salariales por el Estado.

98

Hacia la igualdad de género en el mercado de trabajo: reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción

Caminaremos hacia la igualdad de género en el mercado de trabajo con la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, y con el establecimiento de un calendario que aumente el actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser:

  • Igual para cada persona progenitora e intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales.
  • Pagado al 100 % del salario.
  • Con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Incrementaremos, además, las atribuciones de la inspección de trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de las discriminaciones en la contratación, en la promoción y en la retribución. Estableceremos una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones, así como una comisión estatal de seguimiento de la lucha contra el acoso laboral.

Abordaremos, asimismo, el objetivo específico de la eliminación de la brecha salarial de género, que actualmente alcanza el 19 % en nuestro país.

99

Incremento de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas

Impulsaremos una mayor participación de los trabajadores en la gestión de las empresas de más de cien empleados a través del fortalecimiento de los procedimientos de información y consulta establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, y mediante la implantación de un sistema similar a los consejos de vigilancia establecidos en Alemania. Impulsaremos, además, una ley de participación financiera de los trabajadores en la empresa que, con carácter voluntario por parte de las empresas, permita incorporar algunas de las mejores experiencias de participación de los trabajadores que hay en varios países europeos.

100

Reforma o regularización de las relaciones de trabajo paralaborales

Reformaremos o regularemos las relaciones de trabajo paralaborales, para lo que reconduciremos todo tipo de prácticas en empresas a contratos en prácticas o de formación, eliminaremos el contrato para emprendedores y ajustaremos la figura del trabajo autónomo económicamente dependiente en el Estatuto de los Trabajadores.

101

Renta Garantizada

Crearemos un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, para lo que aumentaremos la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35 % adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20 % por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros. Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

102

Programa de Renta Complementaria

Estableceremos un complemento para trabajadores con baja remuneración para eliminar la discriminación que supone la «trampa de la pobreza», y para garantizar el acceso de estos trabajadores a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo, supondría, de hecho, una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Lo anterior supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento solo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250 euros, para evitar posibles situaciones de fraude.

103

Medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social

Pondremos en marcha medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social: desahucios, gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda, pobreza energética, gastos necesarios para mantener una vivienda en condiciones de dignidad, colectivos en situación de riesgo de pobreza, etcétera.

104

Reversión de los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las personas, de forma que en marzo de 2018 se recuperen los niveles anteriores a la crisis

Revertiremos los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las personas, de forma que en los dos primeros años de legislatura se recuperen los niveles anteriores a la crisis. A partir de ese momento, incrementaremos el gasto por habitante, para lo que impulsaremos un proceso de convergencia que reduzca un 10 % la diferencia en gasto real por habitante con la media de la UE-15, con el objetivo de fortalecer y expandir nuestro Estado de bienestar.

105

Universalización del derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena

Universalizaremos el derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena, con un plan de implantación progresiva, y equipararemos, además, la situación laboral de las empleadas de hogar a la del resto de personas trabajadoras.

106

Eliminación de todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avance hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal

Eliminaremos todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avanzaremos hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal. Con estas medidas trataremos de evitar, por un lado, la dualidad entre jornadas interminables para algunas personas (sobre todo hombres), unas jornadas que además son incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados y, por otro, el empleo precario a tiempo parcial, el subempleo, las interrupciones que impiden un reingreso laboral en buenas condiciones o la pérdida de derechos sociales para otras (sobre todo mujeres).

107

Lucha contra la brecha salarial de género

Adoptaremos medidas contra la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres que permitan hacer frente a los diferentes obstáculos con los que se encuentran las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En particular, estableceremos medidas de apoyo a la participación de las mujeres en los consejos de administración similares a las introducidas recientemente en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania.

Un sistema de pensiones de calidad

108

Jubilación a los 65 años y lucha contra la pérdida del poder adquisitivo

Derogaremos la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PSOE en 2010, lo que conllevará el restablecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, y derogaremos la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en 2014, con lo que recuperaremos la indexación de las pensiones al índice de precios al consumo (IPC), de forma que se garantice al pensionista cuál será la capacidad adquisitiva de su pensión a lo largo de todo su ciclo como pensionista. Se derogará, para ello, la Ley 23 / 2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

109

Compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva

Garantizaremos la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva tanto para las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), que se pagan actualmente con cargo a la Seguridad Social, como para el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida de las nuevas cohortes de pensionistas que se incorporan al sistema en el caso de las pensiones contributivas.

110

Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones

Aboliremos los regímenes especiales, salvo los que se justifiquen por la propia naturaleza del trabajo, para todos aquellos trabajadores que se incorporen por primera vez a la Segurida Social.

111

Fomento de la previsión colectiva de carácter público frente a la individual

Fomentaremos la previsión colectiva de carácter público frente a la individual y, en cualquier caso, eliminaremos los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados.

112

Aumento de las pensiones no contributivas

Diseñaremos una estrategia que permita el aumento progresivo de las pensiones no contributivas a lo largo de los cuatro años de la legislatura.

113

Eliminación del tope máximo a las cotizaciones de los salarios más altos

Eliminaremos el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.


Sanidad

114

Acceso universal a la tarjeta sanitaria

Llevaremos a cabo una modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española. Con ello garantizaremos que nuestro sistema de salud cumpla con los derechos humanos:

  • Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.
  • Derogación del Real Decreto 16 / 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España.
115

Incremento del presupuesto público en sanidad en 8800 millones de euros

Frente a los recortes del gasto sanitario acometidos en la última legislatura, revertiremos de manera inmediata el presupuesto anual destinado a gasto sanitario para recuperar durante el primer año de legislatura los niveles de dotación previos a 2012.

116

Ampliación de la cartera de medicamentos financiados

Estudiaremos y evaluaremos la cartera de medicamentos financiados por el sistema sanitario para después proceder a su ampliación.

117

Prescripción responsable de medicamentos: un modelo que dispensa dosis y no cajas

Diseñaremos un plan estatal orientado al cambio paulatino en el modelo de prescripción y dispensación de medicamentos en el sistema público. Promoveremos la apertura de negociaciones conjuntas con los laboratorios para la reformulación de los mecanismos de empacado (monodosis y otras variaciones) y dispensación de medicamentos, de manera que sea posible prescribir y dispensar en todos los puntos autorizados únicamente el número de dosis necesarias en cada tratamiento.

118

Universalización de las recetas electrónicas: ahorro en el tiempo de los profesionales y en el dinero de todos

A iniciativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, diseñaremos una plataforma que haga reconocibles las recetas electrónicas de todas las comunidades autónomas en las que ya están implantadas; y, asimismo, elaboraremos una propuesta para incentivar activamente su implantación en aquellas comunidades en las que todavía no existe.

119

Alimentos sin contaminantes: prohibición del uso de bisfenol A

Implementaremos una política activa de erradicación de productos contaminantes en la alimentación. En este sentido, prohibiremos el uso del bisfenol A (BPA) en la fabricación de cualquier tipo de material que pueda entrar en contacto con alimentos y bebidas (fiambreras, latas, biberones, etcétera), para lo cual diseñaremos una legislación similar a la desarrollada en Francia en 2012.

120

Ley para la Libre Disposición de la Propia Vida

Aprobaremos una ley que posibilite la libre disposición de la propia vida y que regule el marco de la toma de decisiones al respecto. Igualmente, derogaremos el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal.

Promoveremos un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de autonomía de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de la vida, acerca del testamento vital y de la muerte digna.

121

Medicamentos: I+D+i y transparencia

Iniciaremos una estrategia estatal orientada a incidir en la innovación dentro del ámbito de los medicamentos, guiada por los criterios de salvaguarda del derecho a la salud y la cobertura universal de pacientes y enfermedades.

Trabajaremos para implementar mecanismos que garanticen precios justos para las patentes registradas por laboratorios que reciben financiación pública a través del apoyo fiscal a la I+D+i. Buscaremos vías de acuerdo con los laboratorios para poner fin a la especulación de los precios de los medicamentos en el mercado mundial.

122

Las TIC al servicio de la salud: creación de una plataforma digital estatal de acceso a las historias clínicas

A propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dinamizaremos la plataforma digital que facilita el acceso a las historias clínicas de los pacientes a cualquier usuario autorizado del sistema sanitario. Gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), el acceso a las historias clínicas constituirá una garantía para la salud de los pacientes y un mecanismo de ahorro para el sistema, pues evitará la duplicación de pruebas innecesarias.

123

La salud: un enfoque transversal a todas las políticas públicas

Elaboraremos una línea de actuación estatal destinada a incorporar la salud como cuestión transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras, educación, justicia, infancia, etcétera.

Adoptaremos las propuestas y estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actuar de manera integral sobre los determinantes sociales de la salud.

124

I+D+i: potenciación de las líneas de investigación y actuación sobre género y salud

Apoyaremos la creación de líneas de estudio e investigación en el campo de la salud y del género. Para ello, desarrollaremos líneas de investigación orientadas a identificar la mediación del género en la salud y en la enfermedad, así como mecanismos que trasladen al sistema sanitario las principales conclusiones que se deriven de la investigación.

125

RedETS: evaluación de los programas que aportan más salud a la gente

Ampliaremos la responsabilidad asumida por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) para compilar, estandarizar y publicar toda la información relativa a la evaluación de las políticas públicas en el campo de la salud.

126

Un régimen único para todos: la Seguridad Social

Pondremos en marcha un proceso progresivo de convergencia dentro de la Seguridad Social de la multiplicidad de regímenes especiales existentes.

Promoveremos la homogeneización de la cartera de prestaciones para todo el personal funcionario.

127

Ley de Transparencia del Sistema Sanitario

Aprobaremos una Ley de Transparencia del Sistema Sanitario que anime a la participación de los profesionales y la ciudadanía, que obligue a la transparencia en la gestión de los recursos y procesos de contratación, que evalúe las políticas públicas sobre salud y genere mecanismos de rendición de cuentas.

128

Aprobación de una «Ley Celíaca»

Con el fin de modernizar una legislación que se ha quedado obsoleta frente al avance de la ciencia médica, comenzaremos por promulgar una «Ley Celíaca», puesto que los celíacos padecen dificultades para acceder a los alimentos básicos que garantiza la Constitución española.

Combatiremos la discriminación laboral y escolar, tanto en el ámbito público como en el privado, de las personas que sufren enfermedades que tienen un tratamiento eficaz, como celíacos y diabéticos.

La «Ley Celíaca» se basará en los siguientes principios:

  • Investigación, prevención, promoción y tratamiento relacionado con la enfermedad celíaca.
  • Creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública para evitar clientelismos y especulaciones. Identificación de esos alimentos y de la publicidad que los da a conocer mediante un sello controlado por el Ministerio de Sanidad, en el que se especifique su origen completamente público.
  • Inclusión de la opción libre de gluten en todas las acciones del Gobierno destinadas al apoyo alimentario de la población.
  • Optimización de las estrategias de intervención sociosanitaria para garantizar un diagnóstico y un tratamiento precoz de la enfermedad celíaca, así como un adecuado seguimiento del paciente.
  • Elaboración de una guía de buenas prácticas clínicas, publicada y distribuida entre los trabajadores sanitarios, que será revisada y actualizada anualmente.
  • Incentivación y promoción de restaurantes, bares y panaderías para la elaboración y venta de alimentos libres de gluten.
  • Realización de controles periódicos para la detección de la celiaquía a niños en edad de escolaridad obligatoria.

Por último, estudiaremos distintas ayudas directas a celíacos, independientemente de su edad, en función de su grupo poblacional (familias numerosas, parados y personas que perciban un subsidio no contributivo, jubilados, discapacitados, grupos en riesgo de exclusión social) y según las normas que determine el Ministerio de Sanidad.

Vivienda y suministros

129

Fin de los desahucios y despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas

Promoveremos una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, de modo que en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Trabajaremos en la habilitación de procesos judiciales garantistas en los casos en los que pudiera producirse una restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Promoveremos la despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas.

130

Derecho a la dación en pago

  • Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado.
  • Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.
131

Acceso garantizado a los suministros básicos

Garantizaremos el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Para facilitar que así sea, proponemos lo siguiente:

  • El derecho al contrato de suministro solo requerirá el empadronamiento.
  • Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
    • El pago de los suministros básicos para las familias en dicha situación se hará de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, respetando siempre los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
    • Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras, que deberán cumplir con los estándares de responsabilidad social corporativa impuestos por la ley.

Además, estudiaremos la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

132

Alquiler estable y asequible

Promoveremos una reforma de la Ley 29 / 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para facilitar un alquiler estable y asequible:

  • Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos.
  • Se introducirán mecanismos para asegurar la renta y su estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años.
  • Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler.
  • Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Los garantes de este alquiler social serán los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, los fondos buitre y las entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y las entidades inmobiliarias), en cuyas manos se encuentran pisos vacíos con los que se creará un parque público de vivienda en alquiler social, una vez que la Administración regule este proceso mediante una ley.
  • Igualmente, se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (suministros básicos incluidos). Asimismo, se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
  • Modificar el procedimiento de desahucio arrendaticio para garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.
133

Garantías de defensa y de prueba en el procedimiento de la ejecución hipotecaria

Cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otros, el asunto C-415 / 11, Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, sentencia del 14 de marzo de 2013; y el asunto C-169 / 14, Sánchez Morcillo contra BBVA, sentencia del 17 de julio de 2014) para cesar en el incumplimiento de la Directiva 93 / 13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

134

Reforma de la Ley 18 / 2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda

Proponemos un nuevo concepto de planificación de la vivienda con dos grandes novedades: afecta a la vivienda privada y se establecen medidas de fomento, de intervención y control del mercado.

  • Crear un concierto institucional para establecer las directrices en la programación en materia de vivienda.
  • Regular la composición de una Mesa de Concertación con representación del Estado, comunidades autónomas, municipios, asociaciones de vivienda pública, tercer sector, inquilinos, etcétera.
  • Prohibir la privatización del parque público de vivienda en alquiler.
  • Crear figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la Administración Pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social (garantía de cobro y conservación).
  • Definir el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de diez viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono, por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
  • Gravar un impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
  • Calcular el porcentaje de vivienda disponible para alquiler asequible.
  • Establecer un marco de negociación entre el Estado, la banca y los fondos, en el que se exijan, a cambio de los miles de millones de euros que costó el rescate a la banca, ciertas compensaciones para poder generar el parque de viviendas de alquiler social y asequible.
  • Reconocer y promocionar nuevas formas de tenencia, como la cesión de uso, el usufructo o las cooperativas de alquiler.
  • Promover nuevos profesionales y nuevos modelos de gestión para relanzar la vivienda pública y generar una economía social en torno a este bien de primera necesidad, que permita defender, reforzar o crear (según los casos) entidades públicas al servicio de la vivienda; cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso; empresas privadas, profesionales, sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado que gestionen vivienda asequible en consonancia con las políticas públicas, aunque se garantice su independencia; y entidades del mismo tipo que las anteriores, pero que gestionen alquiler social (y que, por lo tanto, requieran y reciban más ayudas públicas para poder operar).
  • Promover las asociaciones de inquilinos, con el fin de defender los intereses de este colectivo en relación con el mercado (mejores servicios) y las administraciones (más y mejores ayudas).
135

Garantía constitucional de los derechos sociales

Modificaremos el artículo 53 de la Constitución española para equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos.

Educación

136

13 700 millones de euros para la educación pública: plazas escolares gratuitas y de proximidad para todos los niños y todas las niñas

Procederemos al incremento progresivo de la partida destinada a educación a lo largo de toda la legislatura hasta alcanzar los 13 700 millones de euros al final de 2020.

En la medida de lo posible, trataremos de alcanzar el objetivo de 15 600 millones de euros en gasto educativo, lo que nos situaría en la actual media de gasto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un 5,6 % del PIB. Se trabajará para lograr que, a largo plazo, el gasto educativo en España alcance el 7 % del PIB.

Promoveremos la educación pública, gratuita, laica y de calidad como eje vertebrador del sistema educativo, y garantizaremos que, una vez pasado el ecuador de la legislatura, habrá plazas escolares públicas gratuitas de proximidad al domicilio familiar para todos los niños y todas las niñas:

  • La oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario, es decir, debido a una insuficiencia de la oferta en la red pública (con el fin de paliar estas insuficiencias, se incrementará progresivamente el porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública).
  • Se ofrecerá una educación laica, al considerarse que las creencias religiosas forman parte de la intimidad de cada persona.
  • Fijar la inclusividad, y asegurar la igualdad de oportunidades tras la finalización de la etapa obligatoria.
  • Promover la creatividad, el pensamiento crítico, el espíritu solidario y la profunda respetuosidad con los derechos humanos y el medio ambiente.
137

Una nueva Ley de Educación, que nazca del debate y la participación de toda la comunidad educativa

Derogaremos la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y promoveremos un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación que cuente con la mayor participación y el mayor respaldo posible de la comunidad educativa. Nuestros objetivos serán:

  • Poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español que, en los últimos treinta y tres años, ha elaborado siete leyes distintas sin contar apenas con la participación de la comunidad educativa.
  • La nueva Ley de Educación buscará el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida. También estará muy presente la educación ambiental como parte del desarrollo curricular de los centros.
138

Plan Nacional de Educación Inclusiva

Elaboraremos un Plan Nacional de Educación Inclusiva que reconozca la diversidad del alumnado y garantice su plena integración, tanto en la enseñanza obligatoria como en la postobligatoria.

  • La escolarización del alumnado con diversidad funcional se realizará en centros ordinarios, provistos de los recursos materiales y personales necesarios para su educación.
  • Los centros de educación especial actuales y su personal se integrarán en la red de enseñanza ordinaria, y se podrán establecer como centros de recursos para la educación especial.
  • La formación continua del profesorado en metodologías pedagógicas innovadoras e inclusivas será de obligado cumplimiento. Cada año se programará la financiación del servicio en función del número de alumnos y alumnas y de su ubicación.

Igualmente, estableceremos un nuevo proceso de baremación de ratios profesionales / alumnos en la atención educativa del alumnado con necesidades especiales, que tenga en cuenta no solo el número de alumnos y alumnas, sino también sus características personales y familiares, las
del centro y, asimismo, las características sociodemográficas del entorno del centro. En última instancia, la asignación de recursos se realizará atendiendo al criterio de los profesionales de la enseñanza del centro y en ningún caso a criterios únicos de proporción del alumnado con necesidades especiales.

139

Derecho a una educación vehiculada en las lenguas cooficiales

Además del castellano, idioma oficial en todo el territorio estatal, existen otras lenguas con diferente estatus jurídico en sus respectivos estatutos de autonomía. Todas ellas, junto al castellano, son patrimonio cultural y lingüístico de todo el Estado.

Puesto que la ciudadanía tiene derecho a que sus estudios estén vehiculados en esas lenguas, es necesaria la normalización lingüística a través del respeto a las decisiones culturales y pedagógicas que han adoptado las diferentes comunidades autónomas y a la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. Por ello, garantizaremos el acceso al aprendizaje en las lenguas cooficiales en cualquier territorio del Estado, a través de centros específicos y de la promoción de los intercambios escolares entre comunidades autónomas. Y se fomentará la identidad cultural mediante el conocimiento del entorno y la interculturalidad, con un currículo adaptado a la lengua y cultura de cada territorio del Estado español.

140

Plan de Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras

Desarrollaremos un Plan de Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras para la educación primaria y secundaria, orientado a mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y combatir la segregación social asociada al currículo diferenciado en los actuales programas.

  • El plan deberá garantizar que no supone una desigualdad para el alumnado de diferente origen social.
  • El plan se desarrollará durante cuatro cursos escolares: durante el primer año se realizará un diagnóstico y una evaluación de la situación actual, y se creará un nuevo plan consensuado con la comunidad educativa. Durante el segundo y el tercer año se creará un programa piloto en diversos centros, que se someterá a evaluación. Y, finalmente, durante el cuarto año se extenderá a todos los centros escolares del país.
141

Normalización de las metodologías participativas

Promoveremos el desarrollo de nuevas prácticas educativas basadas en metodologías activas y participativas del alumnado, para lo que se integrará el conocimiento que el alumnado construye colectivamente, se potenciará el desarrollo de las inteligencias múltiples armonizadas y se generarán espacios creativos y colaborativos entre alumnado y profesorado.

Apostaremos por que la enseñanza de las artes fortalezca una visión del mundo desde la sensibilidad, la emoción y el desarrollo de la cognición.

Desarrollaremos un plan estatal para la promoción de bibliotecas de aula, el software libre y recursos educativos abiertos, las páginas web y otras formas de almacenaje de información y recursos de carácter cooperativo.

Pondremos en marcha sistemas para la transferencia, extensión y perfeccionamiento de las experiencias innovadoras.

142

Generalización de los centros integrados de enseñanzas de régimen general y especial de música y danza

Extenderemos los centros integrados en los que se imparten de forma simultánea las enseñanzas de régimen general y las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y fomentaremos la normalización de los cuerpos docentes de los conservatorios en todas las etapas de la educación artística.

Asimismo, integraremos las enseñanzas artísticas superiores en el sistema universitario.

143

Inteligencia emocional

Incorporaremos una asignatura sobre inteligencia emocional en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como una estrategia de formación de formadores que permita la incorporación de las herramientas de la psicología cognitiva, el psicoanálisis y otras ramas de la psicología al conjunto de las estrategias pedagógicas del aula.

144

Dotación de mayores competencias a los consejos escolares

Apoyaremos que el consejo escolar —máximo órgano de gobierno en cada centro— sea quien elija al director o directora del centro, participe en el proyecto educativo y en sus decisiones de mejora. Esta participación de los consejos escolares constituye la mejor garantía de participación democrática de toda la comunidad educativa.

Los consejos escolares elaborarán los reglamentos orgánicos de cada centro con la participación de la comunidad educativa, y serán garantizados por una inspección de educación totalmente independiente.

145

Nuevo sistema de acceso a la función pública docente

Instauraremos un nuevo sistema de acceso a la función pública docente, que esté sustentado en criterios de objetividad y transparencia, en el que se evalúen conocimientos específicos de área o materia, así como la capacitación pedagógica y las habilidades profesionales, con un amplio periodo de práctica y una ponderación tanto de los méritos profesionales como académicos.

Revisaremos y crearemos un nuevo modelo de bolsas de interinaje, para lo cual dotaremos a los centros de plantillas más estables (actualmente ocupan un alto porcentaje de inestabilidad laboral).

Además, vivimos en un contexto social en evolución, con culturas en transformación e innovaciones pedagógicas, que no demanda una educación estática. Apostaremos, por tanto, por unos profesionales preparados para la innovación, la evolución, la flexibilidad y la competencia, estableciendo una formación inicial que asegure una sólida formación pedagógica y una práctica adecuada a las nuevas metodologías y retos educativos. Entendemos que el desarrollo profesional debe producirse a lo largo de toda la docencia, lo que favorecerá la formación en igualdad de género y coeducación, en acoso escolar, en multiculturalidad y en el respeto al medio ambiente, así como en el trabajo colaborativo con las familias y en el diseño de programas para favorecer la equidad.

146

Disminución de la ratio de alumnado por aula

Abogaremos por la disminución de la ratio de alumnado por aula para volver a la situación anterior al 2008, con máximos de 8, 12 o 16 alumnos y alumnas en primer ciclo, y con un máximo de 20 alumnos y alumnas en segundo ciclo. Se buscará la aproximación gradual a las recomendaciones realizadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 25 alumnos en primaria y secundaria; 30 alumnos en bachillerato; 15 alumnos en formación profesional básica, y 25 alumnos en los ciclos formativos de grado medio y superior.

Recuperaremos, con carácter urgente, las ratios para abrir y cerrar escuelas dentro del mundo rural: 5 para abrirlas y 3 para cerrarlas.

Aplicaremos coeficientes de reducción en función de los alumnos con necesidades educativas especiales presentes en el aula.

Reduciremos las horas de docencia directa con el fin de hacer viable una educación de calidad, que contemple en el horario del profesorado los tiempos necesarios para la coordinación de los equipos y la investigación y reflexión sobre la práctica docente.

147

Plan de Apoyo a Centros y Equipamientos Escolares

Elaboraremos un plan de centros y equipamientos escolares para asegurar una oferta pública en todos los rincones del Estado:

  • El plan contemplará el progresivo incremento presupuestario necesario para que se aseguren unos requisitos mínimos para todos los centros escolares del Estado en dotaciones de recursos materiales e infraestructuras.
  • Los centros de nueva construcción contarán con expertos en educación para edificar centros escolares adaptados para la enseñanza, donde se atiendan las necesidades del alumnado con diversidad funcional y, en definitiva, se garanticen las arquitecturas, espacios y tiempos que ayuden al buen hacer tanto del profesorado como del alumnado.
148

Educación infantil de 0 a 6 años universal y gratuita

Pondremos los medios presupuestarios para ofrecer una educación infantil de 0 a 6 años que sea universal, gratuita y de calidad, y le otorgaremos una identidad educativa plena y propia en las mismas condiciones ponderadas que el resto de las etapas del sistema educativo. Para ello, elaboraremos un proyecto de ley que garantice la estabilidad de la red de escuelas infantiles públicas y el acceso de los usuarios en igualdad de condiciones.

Asimismo, desarrollaremos un plan específico de coeducación en dicha red, como primer paso hacia una educación no sexista, y generaremos espacios para la capacitación en crianza respetuosa y para el acompañamiento a demanda de familias y docentes, con el objetivo de desarrollar sus habilidades educativas y de relación con los menores.

Apoyaremos especialmente, con carácter preventivo y de intervención social, a las familias en situación de vulnerabilidad social.

149

Formación Profesional realmente gratuita en todos los niveles

Ampliaremos la oferta de Formación Profesional en la red de centros públicos con una planificación que responda a las demandas del mercado laboral y al ámbito territorial, sobre todo en el mundo rural, con una dotación suficiente de recursos humanos y materiales, para mejorar los niveles de educación y la cualificación de la población. Así, evitaremos que un elevado número de jóvenes se quede sin plaza en centros públicos, algo que sucede en la actualidad.

Se regularán los aspectos docentes y laborales en los convenios de formación en centros de trabajo, de forma que las empresas asuman su responsabilidad social y el alumnado obtenga una remuneración adecuada, con el consiguiente beneficio para ambos. El número de horas de formación en centros de trabajo será el necesario para obtener las competencias correspondientes sin que pueda ir en detrimento de las horas de formación en el centro educativo. La experiencia actual de Formación Profesional dual y extendida se suspenderá hasta que se proponga un nuevo diseño, ya que no cumple los requisitos mínimos de calidad ni en su vertiente formativa ni en su vertiente laboral.

150

Nueva Ley de Universidades

Promoveremos una nueva Ley de Universidades, que incluya la mejora de su financiación, dentro de un aumento de la inversión pública en I+D+i por encima del 2 % del PIB.

  • Esta ley se complementará con un Estatuto del Personal Docente e Investigador, que contemple la reinserción de jóvenes científicos, la estabilidad en la carrera docente e investigadora y mecanismos a favor de la igualdad de género.
  • La calidad de las universidades se basa en la de su personal, que se garantizará con una reforma de la evaluación y acreditación que respete la diversidad de objetivos docentes e investigadores y la autonomía universitaria.
  • La Ley de Universidades incluirá igualmente una reforma de su gobernanza, que asegure la participación de la comunidad universitaria y la proteja, como servicio público, de intereses corporativos internos y externos y que, asimismo, garantice la transparencia en su gestión y la rendición de resultados ante la sociedad (a la que debe servir).
151

Tasas universitarias accesibles para todas y todos

No puede concebirse una transformación profunda de la sociedad sin una participación destacada de las universidades. Con nuestra propuesta queremos crear las condiciones que favorezcan la sinergia imprescindible entre el esfuerzo científico y docente que se realiza en ellas y la mejora en la vida de todas las personas de nuestro país. Por ello, proponemos:

  • Garantizar el acceso universal a cualquier nivel de los estudios superiores, mediante una reducción de las tasas y un aumento de las becas, de forma que nadie quede excluido por razones socioeconómicas.
  • Será fundamental el compromiso social de las universidades y que el mapa de titulaciones y la I+D+i apuesten por líneas de docencia e investigación orientadas al bienestar de las personas y con capacidad para generar un retorno al conjunto de la sociedad.
  • Se impulsará la coordinación entre los niveles autonómico y estatal, así como la colaboración con los centros de secundaria y de Formación Profesional.
152

Educación a lo largo de toda la vida: educación para adultos

Ampliaremos el número de centros educativos públicos que imparten enseñanzas en las modalidades de nocturno, a distancia y para personas adultas.

Recuperaremos horarios flexibles y adecuados a la impartición de la docencia en los Centros de Enseñanza para Personas Adultas (CEPA), para posibilitar de esta manera tanto el aprendizaje a lo largo de la vida como la conciliación de la vida familiar y laboral. Y recuperaremos igualmente la orientación psicopedagógica en los CEPA, que se realizará en coordinación con los agentes sociales del entorno.

Elaboraremos de forma participativa un Plan de Educación de Personas Adultas, que incluya enseñanzas como la alfabetización tecnológica y los idiomas, según la demanda social. Con este plan se recuperarán las plantillas en función de las necesidades reales de la oferta educativa.

Todo lo anterior se realizará intentando garantizar la cooperación y la coordinación de la educación de personas adultas con los municipios adheridos (Carta de Adhesión), para promover un trabajo conjunto y orientado a la población local.

153

Reforma universitaria participativa

Abriremos a la participación las instituciones universitarias como paso previo a toda esta reforma:

  • Se aumentarán las encuestas de evaluación a todos los niveles de la gestión y a todos los miembros de la comunidad universitaria.
  • Se incluirá la participación en los departamentos de calidad y se implementarán programas de colaboración de los sectores universitarios con otros centros educativos y con la sociedad civil.

Fomentaremos esa cooperación dentro del sistema con la puesta en marcha de un proceso participativo de reforma de la universidad, que asocie la consecución de financiación extra con la culminación de unos objetivos acordados mutuamente.

En la práctica, además de la financiación general derivada de las transferencias a las comunidades autónomas, el Estado aportará una financiación complementaria para apoyar a aquellas universidades que apuesten por aumentar el impacto social de sus investigaciones o implanten medidas para mejorar las condiciones de conciliación familiar, la igualdad de género, la transparencia y la democratización institucional.

La estrategia para cada centro será revisada anualmente en función de los objetivos acordados. Estos objetivos no tienen necesariamente que implementarse de la misma manera, sino que pueden variar según las necesidades de cada universidad.

154

Consorcio universitario para la gestión de gastos

Crearemos un consorcio universitario que implique a las universidades públicas, a las comunidades autónomas y al Gobierno a fin de reforzar el sistema público de enseñanza e investigación.

Desde este consorcio se coordinará la creación de órganos mancomunados en los ámbitos autonómico y estatal que compartan gastos en la financiación de servicios y recursos: suscripciones online, grandes infraestructuras de investigación, compras de material, optimización o renovación de recursos informáticos.

155

Fin de la precariedad del profesorado universitario

La reducción de la tasa de reposición (primero al 10 % y después al 50 %) ha supuesto un golpe decisivo a la calidad de la enseñanza universitaria. Para resolver la dramática situación actual, recuperaremos el profesorado suficiente y acabaremos con la precarización para que no se resienta la calidad educativa:

  • Reduciremos la relación alumno / profesor del 13 / 1 actual a 10 / 1 al final de la legislatura.
  • Estableceremos por ley el porcentaje máximo de profesorado asociado que puede haber en una universidad (10 %), con un tratamiento especial para los grados de la rama biosanitaria, cuyos asociados presentan unas características especiales.
  • Aumentaremos la tasa de reposición de forma inmediata e incondicionada hasta compensar las pérdidas de profesorado de los últimos años. La tasa nunca será inferior al 100 %.
  • Promocionaremos la jubilación parcial voluntaria entre el funcionariado mayor de sesenta años, de forma que se puedan dedicar esfuerzos a rejuvenecer las plantillas sin perder la experiencia acumulada (Late Career Fellowship).
156

Reforma de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

  • Reformaremos el sistema de evaluación para garantizar los objetivos docentes, investigadores y de divulgación del conocimiento, así como los principios de igualdad y calidad de la enseñanza y la autonomía universitaria.
  • Adecuaremos las evaluaciones a la realidad universitaria, mediante mecanismos para la participación de la comunidad universitaria a través de representantes elegidos democráticamente.
  • Incluiremos evaluaciones externas con parámetros internacionales complementarios a los que han funcionado hasta el momento y adecuados a la lógica interna de cada disciplina y área de conocimiento.
  • La ANECA creará un sello de «Mujer y Ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades. Entre los criterios para obtener este distintivo, se valorará la presencia de mujeres en la composición de los comités científicos y académicos, la implementación de protocolos de actuación contra el acoso o las contrataciones de personal a partir de criterios de igualdad en las políticas de conciliación.
157

Por una infancia sin deberes

Después de seis horas de jornada laboral-escolar, nuestras niñas y nuestros niños de primaria llegan a casa para continuar esa jornada, que puede llegar incluso hasta las ocho o diez horas algunos días. Hay muchas y distintas formas de aprender: jugando, imaginando, creando, dibujando o desarrollando actividades extraescolares con las que realmente disfruten.

Por ello, proponemos que en la nueva Ley de Educación esté contemplado el descanso y disfrute feliz de nuestros niños y nuestras niñas después de su jornada escolar, y para conseguirlo diseñaremos un sistema educativo donde se promuevan otro tipo de enseñanzas y aprendizajes. De este modo, se realizarán las tareas escolares en la escuela, con un tiempo real para que se puedan finalizar, mientras que el trabajo que se desarrolle en casa será solo el que no haya dado tiempo a acabar en el ámbito escolar. Así, nuestros niños y nuestras niñas podrán disfrutar de tiempo lúdico y de sus padres.

158

Medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social

Desarrollaremos un Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la infancia y la adolescencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes (dada su condición de vulnerabilidad) y reducir la pobreza infantil. Este pacto comportará las medidas siguientes:

  • Una renta garantizada con revisión al alza en función de los niños y las niñas presentes en la unidad familiar.
  • Subidas progresivas en el salario mínimo interprofesional, con el objetivo de lograr alcanzar los ochocientos euros mensuales en 2018.
  • Desarrollo de planes específicos de formación y activación del empleo destinados a fomentar la empleabilidad de los adultos con niños, niñas o personas dependientes a su cargo, especialmente en los casos de mujeres con niños a su cargo o adultos de familias monoparentales.
159

Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia

Aprobaremos una Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia que aborde de manera específica las diferentes formas de violencia contra la infancia y la adolescencia (trata, explotación, bullying, ciber-bullying, segregación, desahucios).

  • Esta nueva ley promoverá la profundización en el conocimiento y el registro de las diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los ámbitos familiares y extrafamiliares.
  • La ley contemplará la creación de un número de atención telefónica a la infancia, gratuito, anónimo y seguro para el menor, similar al existente para la denuncia de la violencia machista (016).
  • Creación de la figura del Defensor del Niño, la Niña y el Adolescente, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y municipal.
  • Desarrollo de campañas contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia que tengan como referencias espaciales básicas los medios de comunicación, la familia, la escuela, la atención primaria y los equipos de servicios sociales.
  • Apoyo administrativo y económico activo al acogimiento familiar (familias canguro, familias paraguas, etcétera) de niños y niñas víctimas de violencia, abandono o vivencias traumáticas, frente al modelo de acogimiento residencial.
160

Niñas, niños y adolescentes: prioridad de las instituciones

Daremos mayor visibilidad a la infancia en las instituciones mediante las siguientes medidas:

  • Creación de una Comisión Permanente de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados con la función principal de evaluar y dar seguimiento al impacto de todas las propuestas legislativas y políticas públicas relativas a este sector de la población.
  • Creación del Consejo de Participación Infantil y Adolescente con carácter estatal.
  • Reforma del actual Observatorio de la Infancia, con la representación de la infancia y adolescencia, para mejorar sus competencias de investigación de la realidad social del colectivo y su capacidad de incidencia en las políticas públicas. Este observatorio velará por una mayor visibilidad de los niños, niñas y adolescentes en las estadísticas oficiales.
161

La receta deportiva: más polideportivo y menos ambulatorio

Consideramos que es imprescindible un Plan Integral de Promoción de la Salud para abordar el sedentarismo y la obesidad infantil, sobre todo si queremos que nuestra sociedad avance de forma saludable, y lo haremos desde una perspectiva familiar y comunitaria, abordando dicho plan en coordinación con los diferentes ministerios implicados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Tres son nuestros objetivos principales:

  • Reducir las tasas de sedentarismo y obesidad infantil actuales (43 %) y las cargas de enfermedad por inactividad física (entre un 20 % y un 30 %; enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, cáncer de mama y colon).
  • Prevenir hábitos no saludables como el tabaquismo o el alcohol.
  • Incidir en la tasa de mortalidad (entre un 8 % y un 14 %), que actualmente se atribuye a las causas anteriores.

Abordaremos este plan multidisciplinarmente, con la creación de comunidades activas en las que participará la comunidad sanitaria, cultural, de ocio, deportiva, educativa, de empleo y social.

  • Las derivaciones a los polideportivos y a las actividades extraescolares partirán desde los diferentes agentes, especialmente desde los especialistas en pediatría infantil, enfermería y pediatría de atención primaria, o desde el ámbito del trabajo social, los movimientos asociativos representativos de la promoción de la salud en la infancia y, por supuesto, la educación.
  • Será necesaria la implicación de los progenitores en las actividades y formaciones.
  • Se dará prioridad a la población de riesgo sanitario o en exclusión social.

Las recetas deportivas se concretarán en estrategias con diferentes programas de actividad física según el grupo de riesgo al que pertenezcan las personas que quieran participar en ellos, y se adecuarán a las particularidades locales y a la disponibilidad de recursos. Algunos ejemplos de programas que se podrían poner en marcha:

  • Recuperación tras el parto hasta los diez meses de vida: dos días por semana para la madre y el niño (vínculo afectivo).
  • Hábitos saludables en personas con riesgo de diabetes y obesidad: dos días de actividad física por semana.
  • Paseos saludables por el parque: dos días por semana.
  • Programas sociales: de dos a tres días por semana y según la oferta polideportiva.
  • Programas de promoción de la salud y programas deportivos: tres días de actividades deportivas extraescolares en los centros educativos, así como apuesta por el deporte base.
  • Programas de envejecimiento activo y saludable: de dos a tres días por semana (por ejemplo, actividades de bajo impacto o adaptadas, como taichí en el parque, danzas populares o juegos tradicionales).
162

Fondo Social del Deporte: el deporte de todos

Crearemos un Fondo Social del Deporte, cuya gestión se realizará a través de la Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes. Estableceremos un departamento en dicho consejo para gestionar el fondo, que se centrará en el mapeo, la financiación, la mediación y la promoción de proyectos sociodeportivos, de educación física y de investigación y difusión, así como en el fomento de la creación de valor en el deporte a través de la I+D+i.

Ejemplos de destinatarios:

  • Escuelas o clubes deportivos de zonas deprimidas, tanto en ciudades como en zonas rurales, que generen valor y fomenten los valores del deporte en la comunidad.
  • Asociaciones que realicen actividades en el marco del deporte y con impacto en las escuelas, relacionadas con el medio ambiente o acciones sociales de interés general.
  • Empresas o instituciones que se dediquen a la investigación en el entorno del deporte, la actividad física y la mejora de la salud a través del deporte.
  • Apoyo a deportistas en deportes no profesionales y con escasos recursos para la participación a nivel nacional e internacional.
163

Plan de apoyo a deportistas de alto nivel

Durante los últimos años hemos visto cómo muchos de nuestros más reconocidos y laureados deportistas han terminado sus carreras deportivas y, por diferentes motivos, no solo no han sido capaces de integrarse en la sociedad y aportar todos sus conocimientos y experiencia, sino que además en algunos casos han tenido un final trágico. Por ello, nos sentimos obligados a ofrecer un sistema que pueda realizar esa transición e, incluso, a asegurarles vías de acceso a las instituciones de aquellas áreas donde pueden aportar valor.

Promoveremos un Plan Nacional de Apoyo Integral a la Formación de Deportistas de Alto Nivel en Edad Escolar y Universitaria, que está directamente relacionado con la formación académica y la compatibilización con la actividad deportiva, además de desarrollar una cultura deportiva en las estructuras académicas. Este plan desarrollará programas específicos según las necesidades y los ámbitos de actuación:

  • Programa académico para colegios, institutos de ESO y bachillerato.
  • Programa de desarrollo del deporte universitario y de los deportistas universitarios.
  • Plan de acceso a la función pública y admisión como funcionarios en los ministerios que más podrían beneficiarse de los conocimientos y experiencias adquiridas por los deportistas de alto nivel, lo cual se concretará en una reserva de plazas en la oferta pública de empleo de los siguientes ministerios:
    • Ministerio de Defensa: el 3 % de las plazas en cada oferta pública, distribuidas entre los diferentes cuerpos que lo integran: el Estado Mayor, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada y los Cuerpos Comunes.
    • Ministerio del Interior: el 2 % de las plazas en cada oferta pública de los diferentes cuerpos que lo integran: el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las Instituciones Penitenciarias, Protección civil y Emergencias, y la Dirección General de Tráfico.
    • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: el 2 % de las plazas en cada oferta pública del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
    • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: el 2 % en cada oferta pública.
  • Pruebas de acceso adaptadas a este colectivo.
  • Garantía de flexibilidad laboral, con horarios y funciones que permitan compatibilizar esta actividad con la de entrenamientos y competiciones.
164

Ley de Regulación de las Profesiones del Deporte

Para atender una de las principales demandas del sector, trabajaremos en la profesionalización de los puestos y las titulaciones deportivas mediante el desarrollo de una ley estatal que unifique y confiera un marco general e igualitario a todas las comunidades autónomas, otorgue una seguridad jurídica a los profesionales del deporte, clasifique las categorías profesionales, especifique las funciones y atribuciones propias de cada una y señale cómo debe acreditarse dicha cualificación para acceder legalmente al ejercicio de la profesión y combatir así el intrusismo en el deporte.

165

Más deporte en las escuelas: tres horas de Educación Física semanales e incorporación de la asignatura de Educación Física al currículo de segundo de bachillerato

La Educación Física es fundamental para la formación de ciudadanos autónomos con un estilo de vida activo y saludable. Los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) señalan la existencia de una relación directa entre los resultados académicos y el porcentaje de tiempo escolar dedicado a la Educación Física. Por otra parte, diversos estudios médicos avalan la vinculación entre la obesidad infantil y el sedentarismo.

Impulsaremos un cambio en la Ley de Educación para que, entre otras medidas, devuelva a la asignatura de Educación Física el carácter troncal que tenía antes de la entrada en vigor de la LOMCE. Asimismo, adaptaremos el número de horas lectivas dedicadas a la Educación Física en la escuela a la media de la Unión Europea. Esto supone elevar a tres horas semanales el tiempo dedicado a esta asignatura en la educación primaria y secundaria. Por otra parte, y con objeto de preservar el peso específico de la Educación Física a lo largo de todo el ciclo de enseñanza secundaria, reincorporaremos la asignatura de Educación Física al currículo de segundo de bachillerato.

166

Ley de Mecenazgo y Patrocinio Deportivo

Impulsaremos una reforma de la Ley 49 / 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el fin de equiparar (al nivel de los países más avanzados) la desgravación fiscal a los particulares y las empresas en las donaciones de carácter filantrópico, e incentivar así la puesta en marcha de mecanismos de financiación y colaboración entre el sector privado y el público, en beneficio del interés general, que incluyan no solo al tercer sector, sino también al de la educación, la cultura y el deporte.

167

Plan Estratégico para el Deporte Adaptado

Asentaremos el Plan Estratégico para el Deporte Adaptado sobre tres pilares fundamentales:

  • Crear un área específica de Deporte Adaptado en el Consejo Superior de Deportes que se encargue de:
    • La promoción, la detección de talentos, la tecnificación y el alto rendimiento en el Deporte Adaptado.
    • El fomento de actividades de promoción del deporte adaptado con deportistas en edad escolar.
    • La coordinación del Comité Paralímpico Español y otros centros estatales dependientes del Ministerio de Sanidad para la captación de deportistas con discapacidad.
    • El impulso de planes de formación técnica adecuada en materia de discapacidad para técnicos y oficiales deportivos.
    • La evaluación de las instalaciones de entrenamiento de los y las deportistas paralímpicos para fomentar su mejora y ampliación.
    • La promoción de los estudios e investigaciones en materias como la clasificación funcional de los deportistas, los nuevos materiales para las prótesis deportivas, las sillas de ruedas, las bicicletas, las embarcaciones adaptadas, etcétera.
  • Equiparar las ayudas que reciben los y las deportistas olímpicos a las que reciben los y las deportistas paralímpicos, las Federaciones Españolas y el Comité Paralímpico Español.
  • Generar una estructura de gestión del deporte adaptado que se aborde de forma transversal desde cuatro áreas: la deportivo-competitiva, la recreativa, la terapéutico-sanitaria y la educativa. Para ello, crearemos distintas mesas de coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de aunar a los organismos públicos y los privados, los clubes deportivos, las fundaciones, las federaciones territoriales y las empresas.
168

Creación del Observatorio de la Integridad del Deporte contra el Fraude, Amaños de Partidos y Resultados Deportivos

Crearemos el Observatorio de la Integridad del Deporte Contra el Fraude con el apoyo de los Ministerios de Interior y Hacienda Pública. Sus objetivos serán:

  • Fomentar y adoptar el fair play (juego limpio) en el resultado deportivo.
  • Rastrear de forma sistemática los posibles fraudes en el deporte.
  • Identificar las posibles alteraciones o amaños de resultados.
  • Alertar de los posibles fraudes o competiciones amañadas a las instituciones que albergan dichas pruebas y a las autoridades competentes en ese deporte y en la justicia ordinaria.
  • Alertar a los órganos competentes deportivos para que establezcan medidas correctivas en función de sus estatutos y administren las posibles sanciones en caso de fraude. Asimismo, se instará a que estos organismos lleven a cabo una actualización permanente de sus directrices sancionadoras.
169

Creación de una Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados

Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a un catálogo de servicios sociales mínimo y común, independientemente de la comunidad autónoma donde residan.

La Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados, unos servicios sociales que introduciremos en la Constitución para garantizarlos, conllevará también la puesta en marcha de políticas activas de coordinación intersectorial (sanidad, vivienda, empleo, educación y justicia) que se diseñarán desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con los responsables autonómicos y municipales implicados.

170

Un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes

Garantizaremos la prestación de servicios sociales públicos de proximidad para toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía tendrá acceso universal y gratuito a un centro de servicios sociales compuesto por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora social y un psicólogo o una psicóloga. Promoveremos la gestión municipal de los equipos de servicios sociales.

171

Dotación estatal de 85 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en corporaciones municipales

Recuperaremos el nivel de crédito estatal para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para la financiación de corporaciones municipales a los montos de gasto de 2011, con el fin de revertir los sucesivos recortes aplicados desde entonces hasta 2015.

Activaremos la «incorporación sociolaboral» a los proyectos financiados por este Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, tal y como establece el Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD), 2014-2020, de la Unión Europea.

172

Adecuación de los recursos humanos y materiales de los servicios sociales públicos a la demanda real existente

Con el fin de reducir de manera paulatina y continua la externalización de los servicios sociales y de poner fin a su privatización encubierta, las administraciones públicas darán cuenta con una periodicidad anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas. Solo cuando las administraciones públicas no estén en condiciones de asumir la prestación de servicios sociales garantizando su calidad y accesibilidad, contemplaremos su externalización. En tales casos, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común.

173

Creación del Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales

Crearemos el Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, que tendrá como objetivos la evaluación de las políticas públicas en los servicios sociales y la formulación de propuestas de innovación y mejora. Trabajará de manera coordinada con todas las consejerías, direcciones generales y concejalías de servicios sociales del país, para formular propuestas de mejora e innovación de tipo específico o cooperativo.

Dependencia y diversidad funcional

174

Creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal

Crearemos la Ley del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo se financiarán en el conjunto del territorio español los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo (personas mayores, con analfabetismo funcional, extranjeros, etcétera) puedan ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

175

Atención / Intervención Temprana pública, gratuita, universal y de calidad

Los trastornos del desarrollo o el riesgo de padecerlos son un problema de salud. Por tanto, todas las prestaciones de Atención / Intervención Temprana (A / IT) deben incluirse en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad.

La Atención / Intervención Temprana (A / IT en prevención 3.ª) debe ser prestada directamente por los centros públicos de la red sanitaria o por entidades sin ánimo de lucro con una probada experiencia en A / IT, y en ningún caso por empresas privadas.

Por ello, redactaremos y aprobaremos la Ley Nacional de Atención Temprana a los niños y las niñas, que garantice el diálogo; la integración y la participación de las familias; la interdisciplinaridad y la alta cualificación profesional; la coordinación entre los profesionales implicados en los servicios sanitarios, sociales y educativos (cada uno con actividades concretas y complementarias pero nunca sustitutivas); la descentralización, para que sea cercana y de fácil acceso para las familias, e incluya la prestación a domicilio y la relación con los servicios sanitarios de atención primaria, las escuelas infantiles y los colegios; y, por último, la sectorización, de forma que se equilibre el hábitat y la demanda con la operatividad de los Centros de Atención Infantil Temprana.

176

Ley de Autonomía y Dignidad de las personas en situación de dependencia, sus asistentes y sus familias

A partir de un amplio consenso sociopolítico en busca de un pacto de Estado, proponemos integrar y superar las leyes actuales sobre dependencia, con el fin de atender la enorme diversidad de situaciones vitales (niños, adultos con proyectos de vida independiente, mayores, diversidad funcional física, sensorial, intelectual, etcétera). La nueva ley pretenderá reducir o eliminar la violación cotidiana de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de dependencia, la grave discriminación económica que sufren junto a sus familias, el patrón de intensa desigualdad de género existente en la economía de los cuidados, la economía sumergida y la explotación laboral a los que conduce el actual esquema.

Esta ley seguirá el modelo danés. Integrará las reivindicaciones del Movimiento Feminista y del Movimiento de Vida Independiente y reconocerá la labor que desempeñan tanto el tercer sector como los profesionales de los servicios sociales de la Administración. Igualmente, apostará por una asistencia personal que se ajuste a las necesidades de las personas y permita llevar adelante proyectos de vida independiente de modo real y efectivo y, asimismo, abogará por esquemas de vida que potencien la permanencia de las personas en su entorno social. Su objetivo será proteger, y a la vez fomentar, la emancipación de las personas en situación de dependencia, así como la de sus actuales cuidadores familiares, mediante una sólida apuesta por una cartera de servicios públicos bien financiados que concreten el reconocimiento de los derechos.

177

Plan de choque por la dignidad de las personas en situación de dependencia y sus familias

Durante los primeros cien días de Gobierno y dentro del marco legal actual, se adoptarán las siguientes medidas con el propósito de mitigar la urgencia material en la que actualmente viven cientos de miles de personas en situación de dependencia y sus familias:

  • Derogar el Real Decreto 20 / 2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas.
  • Reponer el nivel acordado y el 13 % del nivel mínimo de financiación. Para ello, la financiación de la Ley de Dependencia se basará en el coste real de los servicios prestados o de las prestaciones concedidas y se dividirá en un 50 % a cargo de la Administración General del Estado y en el 50 % restante a cargo de las comunidades autónomas con la eliminación del copago. Una vez implantado el sistema en todos los grados y niveles, se articulará la financiación de la ley a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  • Eliminar el «limbo de la dependencia» que afecta a más de 433 000 personas y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley, para que a todo el que se le haya reconocido un grado y un nivel que conlleven el derecho a recibir las prestaciones y los servicios del sistema se le apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) y pueda recibirlos de manera efectiva.
  • Garantizar en los PIA una asistencia personal suficiente y unos derechos para todos los adultos con planes de vida independiente y en todas las comunidades autónomas.
178

Principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad funcional. De esta forma, se promocionarán, protegerán y ratificarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o condición.

179

Ampliación del derecho al voto a las personas con diversidad funcional

Nos aseguraremos de que todas las personas con diversidad funcional puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones que las demás, a través del derecho al voto. Daremos los siguientes pasos para conseguirlo:

  • Obtener datos de la Junta Electoral Central sobre el número de personas con diversidad funcional privadas del derecho a voto desagregado por comunidades autónomas.
  • Realizar acciones que favorezcan la recuperación del derecho al voto de las personas con diversidad funcional.
  • Reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que ninguna persona con diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen.
  • Llevar a cabo una adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones y en colaboración estrecha con las organizaciones representativas de las personas con diversidad funcional.
180

Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional

Promoveremos la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional que permita aumentar en un 50 % su tasa de actividad a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Para ello, se propondrá un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con diversidad funcional que trascienda el vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral, la promoción de la formación, el apoyo individualizado, la activación de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, y la discriminación positiva hacia las personas con diversidad funcional con mayor necesidad de apoyo o en situación de exclusión social. Siempre teniendo presente la perspectiva de género.

181

Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional

Organizaremos el Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional. Se reunirá periódicamente y, aunque recibirá una financiación estable del Estado, su funcionamiento será independiente, abierto, transparente y democrático. Pretendemos que en él participen tanto empresas como fundaciones o asociaciones del tercer sector que tengan relación con la dependencia y la diversidad funcional (como movimientos sociales, ciudadanos y familias que no pertenezcan a ningún colectivo formal pero a quienes afecte esta problemática). El objetivo del foro será debatir, analizar, informar y proponer una legislación y unas políticas públicas en el ámbito de la dependencia y la diversidad funcional, que cuenten con el conocimiento y el consenso de la sociedad civil implicada, sin perjuicio de que se puedan articular procedimientos vinculantes en aquellos temas de mayor relevancia.

182

Financiación de las organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional o dependencia

Realizaremos un contrato social con el tercer sector para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia. A través de él, el Estado facilitará los recursos para el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la diversidad funcional y la dependencia y que estas asuman un compromiso ético con la mejora continua, los criterios de transparencia y la calidad en la gestión de los programas y servicios, así como unos mecanismos de participación democrática y gobernanza que permitan que las personas con diversidad funcional o dependientes sean atendidas como ciudadanos y ciudadanas de derecho con plena participación en todos los aspectos que les afecten en las distintas etapas de su vida.

183

Rehabilitación y fisioterapia continuadas gratuitas para las personas en situación de dependencia o diversidad funcional

Una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional necesita sesiones de rehabilitación y fisioterapia continuada pero no puede asumir su coste. En muchos casos, tampoco tiene derecho a ellas en el marco del Sistema Nacional de Salud. Dada su importancia terapéutica, proponemos que estas sesiones (tras prescripción facultativa) estén incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad.

184

Aumento y agilización de las prestaciones por material ortoprotésico

Una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional precisa costosos materiales ortoprotésicos (como sillas de ruedas, corsés o implantes cocleares) para poder aumentar su funcionalidad y llevar una vida más plena. Proponemos reformar el sistema de subvenciones a partir de las siguientes medidas:

  • Aumentar las cantidades subvencionadas para que las personas con pocos recursos económicos no se vean obligadas a optar por materiales de gama muy baja, como sucede actualmente.
  • Homogeneizar las prestaciones en todas las comunidades autónomas.
  • Permitir que la Administración adelante el dinero tras la aprobación y la presentación de una factura proforma o similar, para que las personas con pocos recursos no se vean obligadas a abonar el importe y esperar su devolución.
  • Acelerar el proceso de concesión de las ayudas y, en particular, otorgar carácter de urgencia a la cita con un médico especialista cuando se requiera un informe de este.
  • Abonar lo antes posible los retrasos acumulados actualmente en el sistema.
185

Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas como lenguas cooficiales

Proponemos reformar el artículo 3 de la Constitución y hacer un reconocimiento explícito de las lenguas de signos españolas como lenguas oficiales del Estado.

Igualdad

186

Implementación de la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres

Proponemos la puesta en marcha de las acciones necesarias para fortalecer la incorporación transversal del principio de igualdad en el funcionamiento administrativo y en la elaboración de las políticas públicas. Para ello llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:

  • Creación de una Secretaría de Estado de Igualdad dependiente del Ministerio de la Presidencia como órgano referente en la aplicación transversal del principio de igualdad de las políticas públicas y en la coordinación intrainstitucional e interinstitucional de la materia.
  • Regulación del funcionamiento, las competencias y la composición de las Unidades de Igualdad de Género de los Ministerios referidas en el artículo 77 de la Ley 3 / 2007, de 22 de marzo, para la igualdad.
  • Conformación de una red de alianzas administrativas entre los diferentes organismos de igualdad existentes en la Administración central y autonómica.
  • Creación de informes de género vinculantes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
187

Mujeres en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

  • Desarrollaremos un plan específico por la igualdad de mujeres y hombres y por la no discriminación por motivos de identidad u orientación sexual.
  • Llevaremos a cabo un abordaje de las lagunas legales existentes en el Código Penal Militar en materia de acoso sexual, para conocer su alcance real en el ámbito militar.
  • Crearemos protocolos sobre violencias machistas para el personal femenino, con el fin de evitar daños añadidos en su carrera ante una posible denuncia.
  • Realizaremos una regulación jurídica del abuso de poder y la discriminación en el ámbito laboral por razón de género en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
  • Crearemos campañas de concienciación sobre el acoso sexual en dichos colectivos.
  • Adaptaremos los instrumentos de trabajo y el material de seguridad al personal femenino.
  • Generaremos medidas efectivas sobre la conciliación y la corresponsabilidad familiar, tanto en los puestos de servicio del territorio nacional como en las misiones en el extranjero.
  • Revisaremos los criterios de promoción en el escalafón militar, con objeto de garantizar una mayor presencia de mujeres en los altos mandos.
188

Frente a las violencias machistas, la independencia de las mujeres

Aseguraremos la independencia de las mujeres. Una persona solo puede poner fin a una situación de violencia si es independiente y tiene, por tanto, alternativas.

Modificaremos la Ley de Violencia de Género para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas; e incluiremos todas las formas de violencia machista, como indica el Convenio de Estambul: matrimonio forzoso, crímenes «de honor», trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, etcétera. Asimismo, elaboraremos planes de intervención psicosocial destinados a los hombres condenados por violencia machista, y reforzaremos las medidas orientadas a la prevención de las violencias machistas a través de campañas de prevención de conductas violentas en la población adolescente y de sensibilización e implicación de la sociedad, particularmente de los hombres. Igualmente, estableceremos unos servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de garantizar su seguridad.

Garantizaremos la alternativa habitacional inmediata para las víctimas de la violencia machista y el acceso prioritario para percibir prestaciones sin necesidad de denuncia previa.

Llevaremos a cabo un plan de empleo para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

189

Ley Contra la Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Orientación Sexual

  • Estableceremos un Observatorio Estatal de LGTBIfobia que vele por el cumplimiento de la ley, reciba y gestione denuncias y actúe de oficio. Igualmente, fomentaremos la creación de observatorios autonómicos.
  • Pondremos en marcha un Consejo Estatal por la Igualdad de las Personas LGTBI con capacidad para emitir informes, realizar investigaciones, hacer propuestas legislativas y presentar acciones penales contra presuntos agresores y discriminadores.
  • Crearemos un Instituto Nacional LGTBI que se encuentre al mismo nivel que el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud.
  • Llevaremos a cabo una reforma del artículo 14 de la Constitución para incluir expresamente la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
  • Instauraremos un Plan Nacional Contra el Acoso Escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género que incluya formación, campañas de sensibilización y asistencia y apoyo a las víctimas.
190

Ley Integral contra la Trata de Personas

Reafirmaremos el papel central de las víctimas como sujetos de derechos, y actuaremos de forma coordinada (entre las autoridades estatales, autonómicas y locales) para la protección, identificación y detección de las personas víctimas de trata.

  • Reforzar la protección, con periodos de restablecimiento y reflexión garantizada, y prohibir la deportación o el encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran en situación irregular por no colaborar con las autoridades.
  • Formar profesionales del ámbito jurídico, implicados en la tramitación de visados y solicitudes de asilo, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e inspectores de trabajo con una perspectiva psicosocial.
  • Crear mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural, de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio. Garantizar el derecho al asilo por los diversos tipos de trata, así como la concesión automática de los permisos de residencias temporales.
191

Elaboración de la nueva Ley de Identidad de Género

Elaboraremos una nueva Ley de Identidad de Género e incluiremos en ella medidas para asegurar la protección de los derechos de las personas intersexuales. Asimismo, garantizaremos el cambio de nombre y sexo en los documentos otorgados a todas las personas que así lo deseen, y prestaremos una atención especial a los casos de niños y niñas transexuales, así como a las personas migrantes, con el fin de instar a toda la Administración Pública a que se formalicen protocolos para ello.

Garantizaremos también el acceso voluntario de las personas transexuales a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes. Incluiremos en la cartera general de prestaciones del Sistema Nacional de Salud la atención sanitaria de cercanía a las personas transexuales, incluidas las cirugías necesarias y la atención a los menores transexuales, para que puedan acceder desde cualquier punto de España a una atención igualitaria y no patologizante. Para ello, implantaremos la formación clínica y psicosocial necesaria para los y las profesionales.

Crearemos planes de empleo para personas transexuales, así como cuotas de empleo público.

Garantizaremos el reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas transexuales.

192

Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar

Elaboraremos un Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar que incorpore a todos los actores implicados y evalúe las políticas públicas implementadas en este ámbito durante los últimos diez años. Este plan estratégico tendrá como objetivo fundamental favorecer la crianza y la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos dependientes en el ámbito familiar.

  • Promoveremos medidas destinadas a la adecuación de los horarios laborales de los cuidadores, como una mayor flexibilización horaria, el teletrabajo, o los permisos para el cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes.
  • Declararemos el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los 0 años, e instauraremos un plan de implantación progresiva.
  • Impulsaremos las fórmulas contractuales que promuevan jornadas laborales cortas a tiempo completo, así como la adaptación entre los horarios laborales y los escolares.
  • Reformaremos el sistema de permisos por nacimiento o adopción estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de los derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible, abonado con el 100 % del salario y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
  • Extenderemos los planes de «respiro» familiar a las cuidadoras y cuidadores de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes, prestando una especial atención a las familias monoparentales.
193

Protección a las familias monoparentales

Implementaremos unas medidas específicas de protección a las familias monoparentales para compensar su situación de especial vulnerabilidad.

  • Elaboración de una definición precisa de familia monoparental que permita reconocer de acuerdo a los mismos criterios su estatus en todos los niveles de la Administración. Creación de un carnet de familia monoparental que acredite esta condición.
  • Creación de una prestación de maternidad no contributiva para madres y padres solos y sin recursos que se encuentren en activo con demanda de empleo.
  • Inclusión de la categoría «familia monoparental» como grupo especial para facilitar el acceso a becas destinadas a los comedores y a la compra de materiales del ámbito educativo.
  • Consideración específica de las familias monoparentales como colectivos beneficiarios de ayudas al alquiler con prioridad en el acceso a viviendas protegidas.
  • Favorecer la prioridad en la asignación de plaza en la educación infantil de 0 a 3 años para los hijos e hijas de familias monoparentales.
194

Plan de apoyo destinado a las madres y a los padres jóvenes

Prestaremos una atención especial a las madres y los padres jóvenes para garantizar que el cuidado de sus hijos e hijas sea compatible con su carrera profesional y con el comienzo y continuación de sus estudios.

  • Establecer ayudas para fomentar la contratación de las madres y los padres jóvenes.
  • Favorecer la flexibilidad horaria tanto laboral como en los centros educativos, así como la prioridad en la elección de horarios de los padres y las madres jóvenes.
  • Proporcionar ayudas económicas en forma de becas a las madres jóvenes solas.
  • Habilitar escuelas infantiles, dependientes de la red pública, en las universidades y centros de formación profesional para las madres y los padres que quieran acceder a la formación superior y para aquellos que trabajen en estos centros, gracias a lo cual se potenciará el aprovechamiento de los espacios y del personal existentes.
  • Priorizar el acceso al alquiler de las viviendas protegidas.
195

Reconocimiento de todas las realidades familiares

  • Apoyaremos la adopción en las familias LGTBI.
  • Modificaremos las leyes, la documentación oficial y los formularios de las administraciones públicas para que se incluyan todas las realidades familiares y no se excluya ninguna.
  • Nos aseguraremos de que las parejas de mujeres lesbianas no tengan que realizar un expediente de paternidad para ser madres.
  • Garantizaremos el reconocimiento de filiación de las parejas de mujeres lesbianas para que puedan acceder a la maternidad en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Así pues, eliminaremos los requisitos extra actualmente requeridos para el registro de los nuevos nacimientos en estos casos.
196

Derecho a la maternidad libre y decidida

Instauraremos las siguientes medidas para garantizar la libertad de decisión de las mujeres para ser o no ser madres:

  • Garantizaremos el acceso a la reproducción asistida de todas las mujeres en el Sistema Público de Salud.
  • Aseguraremos la información y el acceso a los distintos métodos anticonceptivos (hormonales, de barrera, quirúrgicos), incluidos los de última generación, a todas las mujeres que los soliciten. Todos ellos se incluirán en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se garantizará la dispensación de la anticoncepción de urgencia (píldora del día después) en todos los centros de atención primaria y servicios de urgencia.
  • Aseguraremos la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Público de Salud para todas las mujeres, incluidas las jóvenes.
197

Respeto a la determinación sobre el propio embarazo, parto y posparto

Fomentaremos (en el sistema sanitario) un trato de la maternidad que respete y acepte las necesidades y decisiones de las mujeres a través de las siguientes medidas:

  • Facilitar el acceso de todas las mujeres a una información clara y completa durante todo el proceso de embarazo y parto.
  • Potenciar la libertad de decisión sobre los tratamientos médicos del embarazo y el parto, y reforzar las prácticas que promuevan el protagonismo y la capacidad de decisión responsable de las mujeres durante el embarazo y el puerperio. Promover también la figura de las matronas durante la fase de preparación y del parto.
  • Reducir el número de cesáreas y de partos inducidos a las cifras recomendadas por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (15 %) y adaptar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras.
  • Ofrecer facilidades a las mujeres que deseen una lactancia prolongada.
  • Facilitar y garantizar el ejercicio de la lactancia y otras tareas de cuidados más allá de los cuatro meses de permiso. Potenciar la formación del personal sociosanitario de atención primaria en materia de lactancia.
198

Plan de lucha contra el VIH: información, prevención y atención

  • Potenciaremos los programas de ITS / VIH abordando las desigualdades de género.
  • Facilitaremos el acceso a la prueba rápida del VIH en los entornos no clínicos y apoyaremos a las entidades sociales que realizan cribados, además de instaurarlos en los centros de salud.
  • Incluiremos en los centros educativos programas educativos integrales sobre el VIH con perspectiva de género.
  • Garantizaremos el acceso universal de todas las personas a las carteras de servicios asistenciales de la sanidad pública, independientemente de su condición laboral o situación administrativa.
  • Garantizaremos la continuidad de las viviendas de apoyo al tratamiento y las viviendas de apoyo a los enfermos de sida como herramientas indispensables en el tratamiento integral de las personas con VIH que se encuentran en situación de emergencia social, así como el refuerzo de los programas de apoyo psicosocial.
  • Unificaremos los protocolos entre hospitales para evitar la disparidad de criterios.
  • Homogeneizaremos y mejoraremos la calidad de la asistencia en los centros de ITS desde una perspectiva de género.
  • Impulsaremos medidas que garanticen el tratamiento a las personas con VIH privadas de libertad.
199

Garantía habitacional para las víctimas de violencia machista

Garantizaremos una alternativa habitacional inmediata, en un plazo de treinta días, para las mujeres y los menores que sean víctimas de la violencia machista. Asimismo, estableceremos su acceso prioritario a las prestaciones (adecuadas y suficientes), incluidas en el Procedimiento de Emergencia Ciudadana sin necesidad de una denuncia previa y tras un informe de los profesionales cualificados que están capacitados para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista.

200

Proteger el derecho a decidir de todas las mujeres

Derogaremos la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para permitir que las menores de edad que sufren abusos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad en sus entornos familiares puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.

201

Ratificación urgente del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo

Adoptaremos medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos siguiendo las disposiciones del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

202

Familias monomarentales: por una maternidad independiente y segura

Pondremos en marcha medidas que garanticen la protección de las familias de madres solteras con hijos o hijas a su cargo:

  • Incrementaremos para los beneficiarios actuales el importe de la prestación de la Seguridad Social por hijo o hija a cargo, hasta 150 euros mensuales, en el caso de las familias monoparentales.
  • Crearemos una prestación de maternidad no contributiva para las madres sin recursos que se encuentren en activo con demanda de empleo.
  • Garantizaremos la protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos.
  • Consideraremos la unidad familiar monoparental a partir de un hijo como una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad. Por ello, incrementaremos su protección frente a los desahucios; les facilitaremos la posibilidad de que puedan reestructurar su deuda hipotecaria prioritariamente, y ampliaremos la protección de los niños vulnerables en términos de realojo, para asegurarles una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo.
203

Ministerio de Cultura y Comunicación

La cultura es un derecho básico, un bien común y un sector productivo estratégico que requiere un ministerio que atienda sus especificidades. Por ello, crearemos un Ministerio de Cultura y Comunicación con un organigrama que se ajustará a las particularidades del ámbito cultural. La compleja integración contemporánea entre la comunicación y la cultura, determinada por la era digital, exige un planteamiento donde se contemplen los dos sistemas en una misma política pública. La creación de un ministerio que articule esa relación permitirá establecer políticas coordinadas capaces de dinamizar la circulación, la producción, la transmisión y la creación de sentidos. En este nuevo marco, el Ministerio de Cultura y Comunicación llevará a cabo las siguientes actuaciones:

  • Desarrollar planes operativos que, a diferencia de los actuales planes generales o planes estratégicos (limitados y sin efectos), articularán las políticas culturales; asegurarán los medios para su aplicación, y establecerán procedimientos de supervisión, revisión, evaluación y rendición de cuentas.
  • Reformar el organigrama para responder a la realidad actual del mundo artístico y cultural, incluir novedades como la Dirección General de Cultura Digital, dotar de autonomía y reformular la estructura y la forma del funcionamiento de algunos de sus organismos dependientes, tales como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), para superar la actual excesiva burocratización, el inmovilismo y los modelos obsoletos de actuación, acabar con su limitada apertura a las propuestas externas y adecuarlos a las necesidades actuales y futuras.
204

Pacto por la Cultura y leyes específicas para el sector cultural

Con el acuerdo de todos los agentes del sector y del resto de formaciones parlamentarias, desarrollaremos un Pacto por la Cultura con el objetivo de velar por la independencia del sector cultural y garantizar el conocimiento; la producción; la creación; la diversidad; el acceso; las buenas prácticas y la gestión responsable, democrática y transparente; la sostenibilidad; la promoción; la conservación; y la difusión de la cultura, al margen de las contingencias y los cambios políticos. Al amparo de este Pacto por la Cultura, se elaborarán leyes específicas, como la Ley del Cine, la Ley de Artes Escénicas, la Ley de la Música o una nueva Ley de la Lectura, que servirán para abordar de modo específico las necesidades estructurales y las particularidades de cada sector.

205

Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores

En coordinación con el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y en sintonía con las reclamaciones de la comunidad educativa, actuaremos a nivel estatal para redactar y aprobar una Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, y para modificar las leyes educativas correspondientes. Gracias a esto, se desarrollará plenamente el ámbito específico de dichas enseñanzas y se logrará, al tiempo que se respeta su idiosincrasia, superar el marco actual de equivalencia, para alcanzar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su normativa en cuanto a las estructuras de funcionamiento, la categoría, la independencia, la autonomía, la tipología y la denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), el estatuto del alumnado y el nivel del cuerpo y el régimen retributivo del profesorado.

Asimismo, instauraremos procedimientos de formación continua del profesorado que se adecúen al ámbito de competencias y al nivel superior de estas enseñanzas, y favoreceremos el desarrollo de líneas de investigación vinculadas al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) que permitan la creación, en el seno de los centros superiores de enseñanzas artísticas, de grupos de investigación para el desarrollo de proyectos orientados a integrar la investigación, innovación y creación. Eliminaremos las incompatibilidades e impulsaremos fórmulas que estimulen el desarrollo de la actividad artística por parte de los docentes y las docentes de los centros superiores. Actualizaremos los planes de estudio para adaptarlos a las necesidades del ámbito artístico actual contemplando disciplinas que nunca han formado parte del ámbito académico y que son esenciales a la hora de entender el panorama artístico contemporáneo.

El nuevo marco legislativo favorecerá la creación de Universidades de las Artes, donde se podrán integrar los actuales conservatorios y las escuelas superiores. Estas se equipararán plenamente al espacio universitario y respetarán su ámbito específico dentro del espacio europeo de la educación superior, para lo que se tendrán en cuenta las particularidades y los requerimientos de la formación artística.

206

Reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual

Para actualizar el espacio mediático español a los estándares europeos, llevaremos a cabo una reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) centrada en cuatro aspectos:

  • Desgubernamentalizar los medios públicos (RTVE, Agencia EFE, etcétera), y así garantizar su independencia y pluralismo, la calidad de sus contenidos y el cumplimiento del derecho de acceso. Para ello, fomentaremos las competencias y la participación de los Consejos de Informativos, un Consejo Social, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos. Su presidencia será elegida a través de concurso público que requerirá la presentación de un proyecto.
  • Llevar a cabo una revisión de los criterios de gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación (público, comercial y tercer sector), y conseguir un mejor aprovechamiento de este espectro (de acuerdo con los estándares europeos) que garantice el derecho a la libre competencia y permita mejorar los indicadores del pluralismo.
  • Reconocer y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (siguiendo las recomendaciones de la Unesco). Esto se complementará con la creación de dos Open Channels de televisión digital terrestre (TDT) y radio con desconexiones locales, gestionados en colaboración con dichos medios como ocurre en Alemania, Noruega o Finlandia.
  • Crear un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en algunos países de nuestro entorno.
207

Asamblea de Profesionales de la Cultura y Observatorio Ciudadano de la Cultura

Dentro de la nueva estructura del Ministerio de Cultura y Comunicación, crearemos la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, donde todo el sector estará representado en su pluralidad y complejidad y participará de la gobernanza cultural. Ambos organismos persiguen neutralizar las injerencias políticas y evitar un uso partidista de la gestión de los asuntos culturales. La Asamblea de Profesionales de la Cultura participará en la gobernanza de los asuntos culturales con capacidad de decisión y establecerá puentes de diálogo entre la Administración y el sector cultural. En este sentido, la Asamblea asegurará unos cauces directos, eficaces y transparentes, con el objetivo de favorecer la participación de los profesionales y las profesionales en el diseño, la supervisión y el desarrollo de las políticas culturales. Tendrá un estatuto que especificará sus atribuciones, objetivos, responsabilidades, estructura organizativa, funcionamiento, y los derechos y las obligaciones de sus miembros. Contará con comisiones sectoriales específicas (música, artes visuales, artes escénicas, libro, patrimonio, audiovisuales, comunicación, etcétera) para atender a las particularidades de dichos ámbitos.

En cuanto al Observatorio Ciudadano de la Cultura, analizará y supervisará, a través de indicadores de retorno social, la marcha de los diferentes proyectos, velará por su correcto funcionamiento, por la gestión de los recursos culturales y servirá para que la ciudadanía participe en el diseño y la evaluación de las políticas culturales.

208

Medidas para el ejercicio responsable y eficaz de la Administración Cultural Pública

Aplicaremos la transparencia a todas las actuaciones del Ministerio de Cultura y Comunicación y de todos aquellos organismos dependientes, con el fin de garantizar la claridad informativa en la gestión y la adjudicación de los recursos, así como un acceso inmediato y sencillo a toda la información que tenga que ver con el Ministerio o esté supervisada por él. El Ministerio regulará el acceso a los cargos de responsabilidad en materia cultural estableciendo procesos transparentes y democráticos (mediante concurso público que requerirá la presentación de un proyecto), con el propósito de configurar un equipo de gestores que comprenda las complejidades del sector y actúe con competencia, capacidad de diálogo y eficiencia. De igual modo, se aplicarán la racionalidad, la proporción y unas medidas de control para regular el gasto de la Administración a la hora de establecer las retribuciones de los altos cargos (como los directores o directoras de las instituciones públicas o los organismos financiados mayoritariamente con fondos públicos), así como del conjunto del personal contratado por el Ministerio y de las instituciones u organismos dependientes que se dediquen al asesoramiento o las actividades artísticas y culturales. Cuando los servicios deban ser externalizados, se adoptarán todos los mecanismos de transparencia y se favorecerá la contratación de profesionales cualificados y se eliminará la aplicación de criterios estrictamente económicos en la concesión. Asimismo, se desarrollarán y ampliarán los códigos de las buenas prácticas existentes, se crearán nuevos códigos en los sectores que carezcan de ellos y se velará por su implantación efectiva, tanto en materia de actuaciones como de nombramiento de cargos y funcionamiento general de las instituciones públicas, mixtas o financiadas mayoritariamente con fondos públicos.

209

Dirección General de la Cultura Digital y Plataforma Pública de Cultura Abierta

Incorporaremos la nueva Dirección General de la Cultura Digital al organigrama del Ministerio de Cultura y Comunicación. Esta actuará de modo transversal al resto de direcciones generales y tendrá como finalidad desarrollar políticas públicas culturales adaptadas al entorno digital. Desde esta nueva dirección general, entre otros proyectos, pondremos en marcha la Plataforma Pública de Cultura Abierta (PLACA), con el objetivo de poner a disposición de todas las personas contenidos libres de derechos, fomentar la distribución de creaciones digitales en general, divulgar los fondos culturales públicos y aumentar la difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en el entorno digital. Entre otras, a través de PLACA se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

  • Fomentar el uso y el conocimiento de contenidos y herramientas digitales libres de derechos.
  • Poner a disposición del público de modo gratuito (en streaming) las creaciones musicales, literarias, audiovisuales o de cualquier naturaleza digital, de aquellos creadores y productores independientes que lo soliciten.
  • Digitalizar los fondos artísticos de los museos públicos para ponerlos a disposición de la ciudadanía, así como desarrollar contenidos de realidad aumentada para la musealización de espacios patrimoniales, con fines educativos y de investigación.
  • Fomentar la difusión en el terreno digital, el desarrollo de nuevos contenidos digitales y la digitalización de los fondos de los centros de documentación y difusión públicos, tales como la Filmoteca Española, el Centro de Documentación Teatral, el Centro de Documentación de Música y Danza o la Biblioteca Nacional. Por otro lado, la Dirección General de la Cultura Digital también fomentará el proceso de digitalización del fondo editorial a través de la compra para bibliotecas de los títulos digitalizados, y colaborará en la gestión del préstamo de libros electrónicos con las bibliotecas públicas locales, autonómicas y estatales.
210

IVA cultural reducido

En el marco de un conjunto de medidas de una reforma de la fiscalidad de la cultura encaminado a dinamizar y estimular la creación, la producción, la distribución y el acceso, disminuiremos al tipo reducido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal. Esta reforma implicará una modificación de la Ley 37 / 1992 del IVA y tendrá como objeto su armonización con la normativa y jurisprudencia comunitaria, si bien se buscará, en consonancia con otros estados europeos, modificar la rigidez propia de la diferenciación entre el producto y el servicio, a efectos de determinar los tipos impositivos correspondientes.

211

Nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio y Fondo Social de la Cultura

Promoveremos una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio que fomente tanto el macromecenazgo como el micromecenazgo y la participación en la financiación de la cultura de particulares y empresas. Esta ley renovará el ámbito de colaboración entre lo público y lo privado y se relacionará con la creación de un Fondo Social de la Cultura, cuya gestión se realizará a través del concurso del Ministerio
de Cultura y Comunicación, la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, con el fin de que los profesionales del sector y la sociedad civil en general se impliquen en la Administración. Este fondo contará con una ventana de proyectos abierta todo el año y su gestión se concentrará en el mapeo; la financiación; la mediación; y la promoción de proyectos, instituciones, iniciativas, empresas y particulares que desarrollen labores de creación, educación, investigación, difusión, distribución, conservación, producción y desarrollo de proyectos relacionados con el arte y la cultura en un sentido amplio. Se financiará con los siguientes resortes:

  • El 18 % de los impuestos derivados de las transmisiones culturales entre particulares o sociedades.
  • Una nueva casilla específica destinada a fines culturales («Casilla Cultural»), que se introducirá en el modelo 100 de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
  • El 1,5 % cultural reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico y que establece la obligación de destinar este porcentaje desde los presupuestos de los convenios de contratos de obras públicas a los trabajos de conservación o protección del patrimonio y el fomento de la creatividad artística. Esta competencia, hasta ahora compartida con el Ministerio de Fomento, le corresponderá exclusivamente al Ministerio de Cultura y Comunicación.
  • Aportaciones voluntarias de particulares y empresas (que optarían con ello a desgravaciones fiscales variables).
  • Aportaciones de la Administración central y otras administraciones europeas, autonómicas y locales que quieran implicarse en la gestión y colaborar solidariamente del fondo.

La financiación de proyectos a través del Fondo Social de la Cultura se vinculará con el desarrollo de unas buenas prácticas; garantizará la pluralidad y diversidad de las manifestaciones artísticas y culturales; fomentará el desarrollo del tercer sector (asociaciones y emprendedores sin ánimo de lucro); valorará y garantizará el retorno artístico, cultural y social; se regirá por principios que aseguren el control del gasto de los fondos públicos y el seguimiento de los proyectos; contemplará un mayor abanico de modalidades; estará dirigido a una diversidad más amplia de agentes, proyectos, actividades e iniciativas receptoras que las actuales subvenciones y ayudas públicas, y facilitará el acceso y la programación de artistas y productores independientes. El Fondo Social de la Cultura permitirá desligar la financiación de las actividades culturales de los intereses privados, particulares o corporativos, como sucede en la actualidad, en aras de una cultura más diversa y sostenible. En colaboración con las administraciones autonómicas y locales, también se implicará en la rehabilitación, reforma y recuperación de espacios inadecuados, infrautilizados o en desuso para llevar a cabo actividades culturales.

212

Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura

Como medida de estímulo a la actividad y para acabar con la precariedad, desarrollaremos e implementaremos un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura, adaptado a las características de intermitencia del sector cultural y que comprenda tanto la actividad desarrollada por aquellos que realizan su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Dicho estatuto contemplará la especificidad de los ingresos de corte irregular de los profesionales de la cultura y creará una fiscalidad que se adapte a sus necesidades y que desemboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para los interesados.

Entre otras medidas fiscales, vincularemos para todo tipo de autónomos la liquidación de los impuestos trimestrales con la fecha de pago del servicio prestado y no con la emisión de la correspondiente factura. En el caso de los trabajadores intermitentes, cuyas rentas sean elevadas pero irregulares en el tiempo, se establecerá un criterio de prorrateo a efectos de la aplicación del tipo fiscal correspondiente, con el objetivo de garantizar sobre estas rentas la progresividad contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Asimismo, se modificará el grupo específico de epígrafes en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) para adaptarlo a las nuevas necesidades de los profesionales culturales por cuenta propia, con la idea de unificar el sector y vincular las medidas expuestas a sus características concretas.

En el terreno de la Seguridad Social, incluiremos un régimen específico de intermitentes culturales, enmarcado tanto en el Régimen General (para trabajadores por cuenta ajena) como en el de Autónomos (para trabajadores por cuenta propia), con el fin de contemplar todas las posibles situaciones profesionales donde los artistas y los trabajadores de la cultura pueden encontrarse. Fomentaremos la contratación laboral y eliminaremos el sistema de falsos autónomos incorporando el sistema de intermitencia en el régimen general cuando las características específicas de la prestación del servicio así lo determinen. En el caso de los trabajadores autónomos, modificaremos el sistema para que desarrollen su profesión sin necesidad de altas y bajas constantes, se reconozca en materia de prestaciones las especificidades del empleo intermitente y se garantice un pago de cuotas acorde y proporcional a los ingresos que hayan percibido. Dentro del régimen de la Seguridad Social se contemplarán las enfermedades y lesiones provenientes del desempeño de la labor artística y técnica para crear un régimen de baja laboral que respete la especificidad de la situación de estos trabajadores. Con respecto a los trabajadores de la cultura intermitentes, recogeremos en el Estatuto la jurisprudencia establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 / 10 / 97 y 23 / 09 / 02, según las cuales no se requiere el alta en la Seguridad Social, siempre y cuando la actividad profesional desarrollada no sea la habitual y el régimen de ingresos derivado se encuentre por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Igualmente, modificaremos el régimen de pluriempleo en la Seguridad Social para garantizar una mayor reducción de las cuotas en la compensación.

El Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura contemplará efectuar modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con el fin de garantizar el efectivo derecho de los trabajadores intermitentes a estar debidamente representados por sindicatos territorial y profesionalmente.

En el marco de este Estatuto y para fomentar la actividad artística sin ánimo de lucro, se modificará la Ley de Cooperativas con el propósito de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado a los trabajadores intermitentes, y vincular estos sectores a los hábitos y formas de la economía social y solidaria.

213

Estatuto de la Información

Para atender a la histórica reivindicación del sector, aprobaremos en colaboración con las organizaciones profesionales un Estatuto que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y recoja los deberes y derechos de los medios y periodistas para garantizar su independencia frente a las presiones, su seguridad y libertad de expresión, unas condiciones laborales dignas y unos derechos profesionales específicos, como la Cláusula de Conciencia o el derecho a formar Consejos de Redacción, de acuerdo al Código Deontológico aprobado por la Comisión Europea.

214

Nueva Ley de Propiedad Intelectual

Convocaremos a representantes de la ciudadanía, titulares de derechos de propiedad intelectual, industrias culturales y empresas tecnológicas para alcanzar y promover un nuevo pacto social que acerque a creadores, intermediarios y ciudadanos, equilibre sus intereses sociales y configure un sistema de propiedad intelectual más equitativo, sostenible y justo. Es necesario abandonar la actual vía, fundamentalmente punitiva, que se ha revelado ineficaz, para construir un marco capaz de fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, revalorizar la cultura como bien común, promover la pluralidad de modelos de difusión cultural y garantizar la sostenibilidad del sector, así como, en el marco de la normativa europea vigente, ajustarse a nuestra realidad cultural y tecnológica.

Se pondrá en valor a los autores, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos de propiedad intelectual como generadores de obras y contenidos culturales, y se fomentará la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura y la autonomía de los creadores.

Por último, devolveremos al poder judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas webs y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual y sus consecuencias, y desharemos la atribución que la denominada ley Sinde-Wert realizó a una comisión dependiente del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A partir de estos principios, se impulsará una Ley de Propiedad Intelectual para:

  • Posibilitar nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza y la investigación, con la ampliación del límite de ilustración con fines educativos dispuesto en la norma.
  • Ampliar el concepto de cita para adaptarlo al contexto y la realidad actuales.
  • Posibilitar nuevos usos legales y gratuitos para la creación de obras derivadas de obras protegidas cuando no haya un ánimo de lucro.
  • Ampliación del concepto de copia privada, sin perjuicio del establecimiento de un modelo adecuado de remuneración compensatoria para los autores y demás titulares de derechos, tal como obligan las directivas europeas.
  • Eliminar el canon de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o «tasa Google».
  • Impulsar la difusión sin ánimo de lucro y el acceso legal y gratuito a obras nuevas financiadas con dinero público, por un tiempo, medio o formato determinado y pasado el plazo suficiente desde la primera divulgación para asegurar su amortización y explotación, en consonancia con la actividad de la nueva Plataforma de Cultura Abierta (PLACA).
  • Priorizar el software libre sobre el privativo en las administraciones públicas cuando existan herramientas libres equivalentes.
  • Promover que las entidades de gestión de derechos existentes o de nueva creación garanticen el ejercicio de los derechos de gestión colectiva obligatoria que la norma considera irrenunciables a todos aquellos titulares que quieran ofrecer sus obras mediante licencias abiertas o libres. Asimismo, apostamos por dinamizar el ámbito de actuación de las entidades de gestión de derechos y relajar los requisitos legales para su creación. También apostamos por introducir mecanismos que aseguren su gestión responsable, la transparencia y la democracia interna, además de controles en sus tarifas para implantar progresivamente la obligatoriedad de que sus repertorios sean públicos.
  • Contemplar como autores a los periodistas, los directores de escena y los diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otros.
215

Plan Operativo de Fomento de la Difusión y el Acceso a la Cultura Digital

El objetivo es garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura, la protección a los creadores, la sostenibilidad y la pluralidad de modelos de difusión cultural en el entorno digital:

  • Apoyaremos y fomentaremos las plataformas de acceso legal a obras y contenidos culturales, impulsando nuevos modelos de negocio que ofrezcan alternativas legales y atractivas a los ciudadanos. No nos limitaremos a fomentar estas plataformas en el plano económico, sino que estableceremos un marco de mediación entre los titulares de derechos sobre las distintas ventanas de explotación de las obras y las plataformas de acceso legal.
  • Crearemos una comisión experta con vistas a superar un modelo ineficaz, basado en la represión de la descarga de contenidos sin ánimo de lucro, y a alcanzar el indispensable equilibrio entre el libre acceso de la ciudadanía a la cultura y el sostenimiento de los autores, titulares de derechos, industrias culturales y empresas tecnológicas. En esta comisión experta tendrán representación todos los agentes implicados con el compromiso de evaluar y sopesar dichos modelos, así como de buscar alternativas de remuneración o compensación para los creadores y otros titulares de derechos por los nuevos usos que se hacen de sus obras en Internet.
216

Plan Operativo de Acceso y Disfrute de la Cultura

Desplegaremos un conjunto de actuaciones que permitan fomentar el derecho de la ciudadanía a participar de la vida cultural (artículos 9.2 y 44.1 de la Constitución española) mediante el impulso de instrumentos para su conocimiento, difusión, participación y acceso. Al fomentar el acceso a la cultura, esta se convierte en un factor real de disfrute y crítica. En el caso del patrimonio, su conservación, su investigación y su difusión son la garantía de que ese conocimiento perviva. La creación de nuevos públicos y lectores, el fortalecimiento de los habituales y el aumento de la participación en las propuestas culturales son desafíos que conectan con la existencia de una ciudadanía democrática y activa. Para la consolidación de un tejido cultural estable y sostenible también es clave un público más amplio, más implicado y más fiel. Entre otras medidas, y en coordinación con el Plan Operativo para una Ciudadanía Lectora y con la Escuela de Espectadores, este plan contemplará:

  • El apoyo a las bibliotecas desde la perspectiva social (públicas y escolares) y científica (universitarias y patrimoniales), con la estimulación de la compra de nuevos fondos, con la creación de una plataforma pública de préstamo de libros electrónicos y con la modernización de sus equipamientos.
  • El aumento de la presencia de contenidos culturales en todos los canales de difusión de RTVE, con un enfoque pluralista que promueva el conocimiento de la riqueza cultural y lingüística de todos los territorios. Se dotará a La 2 de RTVE de un carácter decididamente cultural que dinamice el conocimiento de la creación artística e incluya contenidos específicos y adaptados a los diferentes territorios. En esta misma línea, fomentaremos los vínculos y la colaboración con el canal cultural europeo Arte, así como con otros canales de difusión y producción internacionales.
  • El impulso de la distribución de producciones escénicas plurales a través de la dinamización, adecuación y actualización de las redes y espacios de exhibición de nuestro territorio.
  • La actualización y optimización de los recursos e iniciativas de, entre otros, el Centro Nacional de Difusión Musical y el Centro de Documentación Teatral.
  • En diálogo con la comunidad educativa, el aumento
    de materias relacionadas con la cultura y la variedad de prácticas artísticas, la creatividad y el conocimiento y las destrezas de orden visual, audiovisual, musical y escénico para incluirlas en la formación reglada (infantil, primaria, secundaria y bachillerato).
  • El desarrollo de iniciativas encaminadas al fomento de las asociaciones y grupos aficionados a las diversas disciplinas artísticas.
217

Plan Operativo para una Ciudadanía Lectora

El Plan Operativo para una Ciudadanía Lectora, destinado a aumentar los índices de lectura en todas las edades, con especial atención a la infancia y a la juventud, coordinará las distintas iniciativas existentes para encajarlas con otras nuevas en un modelo específico. Se compondrá de una red de proyectos, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, de participación, valoración y análisis, tanto en el ámbito de las escuelas, institutos, colegios, universidades y centros artísticos superiores como entre el público en general. Desarrollará herramientas para impulsar y profesionalizar las bibliotecas escolares, crear mediadores a través de centros de formación al profesorado y de los grados de Magisterio y Pedagogía, implicar a autores, ilustradores y editores en las actividades de los centros de enseñanza, lanzar políticas comunicativas de sensibilización con la lectura en televisiones y radios públicas y generar dispositivos de rescate y modernización del tejido librero.

218

Escuela de Espectadores

La Escuela de Espectadores funcionará como un sistema específico de mediación cultural y formación del público en cualquier tipo de manifestación artística y cultural. La Escuela de Espectadores será un proyecto público en el que estarán llamados a colaborar instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones profesionales, redes comunitarias y ciudadanos particulares. Integrará y coordinará el desarrollo de todas las iniciativas públicas y privadas sin ánimo de lucro pensadas para impulsar y poner en marcha servicios y departamentos educativos específicos e interdisciplinares en salas de teatro, danza, cine y música, museos, centros culturales, fundaciones y cualquier otra entidad o espacio cultural. A su vez, a través de sus especialistas, difundirá contenidos de apreciación artística con el desarrollo de sesiones de análisis y valoración centradas en las propuestas culturales concretas que se oferten en la cartelera o en muestras y festivales.

219

Campaña para una Audiencia Activa

Promoveremos campañas de conocimiento de la realidad mediática para concienciar al conjunto de la ciudadanía acerca de la importancia de los medios de comunicación en el funcionamiento democrático de nuestra sociedad. Fomentaremos la implicación y la participación directa de la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública, tanto en la gestión como en la elaboración de contenidos, a través de plataformas digitales interactivas, el Observatorio de la Cultura, el Consejo Social, el Defensor del Usuario, proyectos educativos, etcétera. En este sentido, se abrirán líneas de colaboración con la sociedad civil para superar la concepción de una audiencia pasiva hacia un rol activo en la conformación de un debate plural y una información de calidad.

220

Plan Operativo de Fomento de la Diversidad Cultural

Pondremos en marcha un conjunto de iniciativas encaminadas a promover la diversidad en las formas de expresión artística, la riqueza de nuestras lenguas y culturas, la conservación de las manifestaciones en peligro de desaparición y el desarrollo de proyectos de carácter exploratorio y de investigación, con el objetivo de acercar al público la enorme variedad cultural que se produce actualmente y, a la vez, apoyar a nuestros creadores desde la defensa de la pluralidad.

221

Plan Operativo de Cultura por la Igualdad e Igualdad en la Cultura

Crearemos una unidad de coordinación entre la Secretaría de Estado de Igualdad y el Ministerio de Cultura para el sector cultural, cuyas funciones serán:

  • Promover la igualdad de género a través de la presencia de las mujeres tanto en la cara visible como en la no visible de la gestión y prácticas culturales.
  • Evitar que las administraciones públicas contribuyan a la financiación y difusión de los estereotipos sexuales e imágenes sexistas, discriminatorias y que consideren a la mujer como un objeto.
  • Fomentar la creación cultural con perspectiva de género y por parte de mujeres artistas, así como el reconocimiento y la visibilidad del arte hecho por mujeres y su adquisición en museos y otros centros similares.
  • Contribuir a una representación igualitaria y no sexista de hombres y mujeres en los medios de comunicación, así como a una mayor y más diversa presencia de mujeres, más allá de los estereotipos mediáticos femeninos.
222

Plan Operativo de Inclusión Social en Materia Cultural

Con el objetivo de hacer visible y poner en valor todas las formas y prácticas culturales, impulsaremos las diferentes escenas culturales de la migración, las manifestaciones artísticas de la infancia, la juventud y la tercera edad y el acceso, el disfrute y la creatividad en personas con diversidad funcional o con distintas discapacidades.

223

Plan Operativo de Internacionalización de la Cultura Producida en España

La internacionalización de la cultura será un eje de acción relevante dentro de la estrategia para hacer de la cultura una herramienta de cohesión social y de cooperación internacional y un motor económico, que comprenda las diferentes áreas geográficas no solo como nichos de mercado, sino también como espacios culturales de alto interés social. Si damos a conocer en el exterior la cultura producida en España conseguiremos distintos objetivos:

  • Trasladar la realidad de que España es un importante polo de creación cultural.
  • Incrementar el intercambio de conocimiento y experiencias entre agentes culturales.
  • Aumentar la visibilidad e influencia de nuestra cultura en el extranjero e incentivar su acceso y consumo.
  • Atraer inversiones extranjeras a proyectos culturales que surgen y se desarrollan en España.

Para apoyar a los profesionales de la cultura, a las asociaciones, a las cooperativas y a las empresas en su labor de internacionalización y difundir esa realidad de polo cultural, pondremos en marcha una oficina de mediación que operará con el sello «EsCultura». Al amparo de este sello, la oficina establecerá una acción coordinada y común para asistir a los agentes culturales de todas las expresiones artísticas y para facilitarles el acceso a fondos y subvenciones extranjeras, con lo que se intentaría garantizar una presencia continuada en los foros culturales internacionales. Favoreceremos la difusión en el extranjero de proyectos de pequeña, mediana y gran escala, representativos del tejido cultural rico y diverso de nuestro país, a través de intercambios, becas, giras, producción de eventos, festivales, exposiciones, encuentros, pitchings (presentaciones) y clústeres tecnológicos.

Como oficina de mediación, EsCultura favorecerá la coordinación de las acciones culturales que en la actualidad llevan a cabo muy diferentes organismos: Instituto Cervantes, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Acción Cultural Española, Institut Ramón Llull, Institut d’Estudis Baleàrics, Ministerio de Industria, Instituto Español de Comercio Exterior, centros culturales de España, embajadas españolas en el extranjero y Fundación Carolina.

224

Red de Destinos Patrimoniales

Impulsaremos los valores de la cultura y del patrimonio, material e inmaterial, con la creación de una Red de Destinos Patrimoniales que reúna todos los recursos españoles incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Asimismo, desarrollaremos medidas encaminadas a la protección activa y pasiva de los bienes patrimoniales, culturales y ambientales, para lo que estableceremos planes de uso y gestión de dichos bienes acordes con las exigencias derivadas de su preservación.






Democracia, transparencia
y lucha contra la corrupción

225

Revocatorios por incumplimiento del programa electoral

Los programas electorales han de ser entendidos como contratos con la ciudadanía. Por eso, Podemos establece unos compromisos mínimos contractuales y, en caso de incumplimiento, planteará una convocatoria de elecciones. Así, a los dos años de mandato se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados una comisión no permanente en la que se analizará el grado de cumplimiento del programa electoral. La actividad de esa comisión se desarrollará durante un máximo de seis meses, y las conclusiones de sus trabajos se elevarán al Pleno de la Cámara.

De producirse un incumplimiento sustancial y manifiesto del programa electoral, se podrá poner en marcha un proceso revocatorio. Para ello, la iniciativa debe contar con el respaldo de 158 diputados y las firmas debidamente auditadas del 15 % del censo electoral estatal.

Si se cumplen ambos requisitos, se llevará a cabo un referéndum en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento de programa. Y si el resultado del referéndum es sí, el presidente del Gobierno convocará elecciones en un plazo máximo de treinta días.

226

Revocación de cargos públicos, Iniciativa Legislativa Popular, Iniciativa de Veto Popular e Iniciativa de Procesos Deliberativos Populares: la democracia

Desarrollaremos un marco normativo que facilite las iniciativas de la gente para que su voz irrumpa en las instituciones, e incorporaremos saberes y sentires populares a los debates parlamentarios a través de instrumentos de participación diversos e inclusivos:

  • Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Eliminaremos las trabas actuales: desde los estrictos requisitos para su presentación hasta la falta de debate parlamentario.
  • Iniciativa de Procesos Deliberativos Populares. Sirve para abrir un proceso de deliberación ciudadana (presupuestos participativos, uso de espacios públicos, etcétera) a instancia de una iniciativa popular.
  • Iniciativa de Veto Popular. Es un instrumento de democracia directa que pone de manifiesto la oposición ciudadana a determinadas normas que le afectan directamente.
  • Iniciativa de Consulta Popular. Permite a la gente impulsar el inicio de una consulta en el ámbito competencial correspondiente.
  • Revocatorio Popular. Se pone en marcha ante determinadas situaciones de pérdida de legitimidad de las personas que nos representan.
227

Reglamentos parlamentarios para el debate democrático de todas y de todos

Convertiremos los reglamentos parlamentarios de las cámaras generales del Estado en una herramienta para la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de dichas instituciones. La reforma de los reglamentos incide en tres aspectos fundamentales:

  • Mayor fuerza de la ciudadanía: participación de la sociedad civil en el proceso legislativo. Crearemos espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía. Incluiremos el escaño ciudadano.
  • Todas las actividades parlamentarias estarán regidas por los principios de transparencia y control político. Desarrollaremos herramientas web accesibles que hagan transparente la actividad en las cámaras.
  • Capacidad de actuación y derechos básicos igualitarios para todos los grupos parlamentarios en los órganos de las cámaras. La pluralidad política es el fiel reflejo de la diversidad y de la pluralidad de la sociedad.
228

Igualdad política: reforma del sistema electoral

Reformaremos el sistema electoral para el Congreso de los Diputados. Para ello, estableceremos la circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de diputados, y utilizaremos fórmulas de la media mayor que garanticen la igualdad del peso del voto de todos los ciudadanos. La distribución de diputados entre las distintas comunidades autónomas se llevará a cabo de acuerdo con el peso demográfico de cada una de ellas.

Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el resto de los componentes del sistema electoral.

229

Nuevo modelo territorial basado en cinco ejes conceptuales

Implantaremos un nuevo modelo territorial basado en los siguientes ejes conceptuales:

  • Construcción de una nueva gobernanza democrática e inclusiva.
  • Principios de autonomía, subsidiariedad, eficiencia, responsabilidad y control democrático.
  • Ámbito local clave en la proximidad del Estado de bienestar.
  • Reducción de niveles institucionales ineficientes.
  • Sistema de financiación equitativo y suficiente para garantizar los servicios públicos esenciales.

En las diputaciones provinciales (y equivalentes):

  • Progresiva asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su supresión constitucional.
  • Coordinación autonómica de las actuales funciones de las diputaciones provinciales.

En los municipios:

  • Devolución de las competencias en materia de bienestar social a los municipios.
  • Revisión del sistema de financiación.
  • Supresión de la autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales.

En las áreas metropolitanas y comarcas:

  • Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano para la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad y control democrático de su gestión.
  • Asignación de recursos por municipios con garantía de contribución estatal suficiente.
230

Obligación legal de presentarse a primarias por parte de todos aquellos candidatos a presidir órganos ejecutivos de los partidos políticos

Los partidos políticos estarán obligados legalmente a presentar a primarias a todos aquellos candidatos a presidir sus órganos ejecutivos.

La Junta Electoral Central organizará un sistema telemático y presencial de participación para que durante un periodo determinado la gente pueda votar al precandidato dentro del partido que elija.

231

Derogación del voto rogado y creación de una ley electoral que facilite el ejercicio del derecho al sufragio de los españoles en el extranjero

Ampliaremos el proceso electoral de dos a cuatro semanas, por lo que se dispondrá de un mayor margen para el envío de papeletas. Eliminaremos el voto rogado y la actualización automática y periódica del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) mediante renovación de la inscripción electoral cada cinco años. Crearemos una circunscripción exterior que dé voz a los emigrantes y canalice sus demandas. Cambiaremos el procedimiento único de voto por correo a uno mixto. Extenderemos la posibilidad a los residentes desplazados en el extranjero de inscribirse en el registro de los Electores Residentes Temporalmente Ausentes (ERTA). Ampliaremos el derecho al voto municipal a los residentes que lleven menos de cinco años fuera del municipio. Facilitaremos el acceso a los trámites consulares por medios telemáticos y de cambio de horarios consulares. Mejoraremos la información electoral proporcionada por el Estado. Regularemos las campañas en el extranjero.

232

Despolitización del Tribunal Constitucional

Despolitizaremos el Tribunal Constitucional a través de dos reformas:

  • Estableceremos un nuevo sistema de nombramientos por «cuota de rechazo»: la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.
  • Derogaremos la «reforma exprés» de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad.
233

Eliminación de privilegios de los cargos electos

Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos:

  • Rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado.
  • Revisaremos los complementos económicos: gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera.
  • Estableceremos mecanismos de control de las dietas y desplazamientos imprescindibles.
  • Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras.
234

Ley de Profesionalización de la Administración Pública

Fortaleceremos la profesionalización de las administraciones públicas a través de la aprobación de una ley que regule los siguientes aspectos:

  • Garantizaremos la independencia de las personas que trabajan en las administraciones públicas a través del justo acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo mediante la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
  • Acabaremos con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por cargos políticos, conocidos como puestos de libre designación (PLD).
  • Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables. Los equipos estarán compuestos por personas formadas y con amplia experiencia profesional y no será necesario que abandonen el puesto que ocupan para promocionar.
  • Fomentaremos la promoción interna horizontal. Así, ofreceremos al personal funcionario de distintos cuerpos y categoría idéntica la posibilidad de elegir este cambio en su carrera profesional.
235

Reducción del número de altos cargos

Reduciremos drásticamente el número de altos cargos políticos tanto de organismos como de empresas públicas, de manera que únicamente sean altos cargos las personas titulares de los ministerios o asimilados y de los viceministerios o asimilados. Las unidades administrativas con rango de dirección general o de secretaría general deben estar lideradas por equipos técnicos, estableciéndose una relación de puestos de trabajo de carácter directivo. Se deben seleccionar a las personas más adecuadas para ocupar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad y esto requiere un sistema de provisión que garantice la independencia mediante el acceso por igualdad, mérito y capacidad.

236

Recuperación de los derechos laborales en el sector público

  • Garantizaremos a los empleados y las empleadas públicas la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad.
  • Recuperaremos los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, vacaciones y los derechos de jubilación.
  • Revisaremos las pensiones del sector público contraídas en los últimos cuatro años, con unas bases de cotización mermadas.
237

Ampliación de la Ley de Transparencia

Superaremos la ley actual para que se adecúe a los estándares internacionales, a través de las siguientes modificaciones:

  • Reconocer el derecho a la información como derecho fundamental.
  • Mejorar la accesibilidad del Portal de la Transparencia y agilizar las solicitudes y las peticiones de información.
  • Eliminar la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas.
  • Aminorar límites de respuesta de peticiones sin dejar margen a la discrecionalidad y establecer un régimen de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta.
  • Asegurar la información pública por defecto. La transparencia activa y los formatos abiertos serán principios rectores de la acción de gobierno.
  • Garantizar la independencia del Consejo de Trans-parencia.
  • Establecer la obligatoriedad legal de rendir cuentas y de publicar los resultados en la web para todas las instituciones con titularidad o financiación pública: la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
238

Regulación de las incompatibilidades en los cargos públicos

  • Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
  • Establecer un mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública.
  • Impedir que cualquier ex cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado.
  • Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
  • Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.
  • Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.
239

Ley de Paredes de Cristal

Aprobaremos una ley integral para la regeneración democrática de nuestras instituciones públicas, que sirva de marco para abrir los parlamentos a la ciudadanía. Para ello, adoptaremos las siguientes medidas:

  • Publicar en portales web parlamentarios la información relativa a la gestión de la institución, su personal y su presupuesto.
  • Facilitar el acceso a la información relativa a los procesos legislativos, en curso o finalizados, mediante observación directa, a través de la prensa escrita o de las retransmisiones por radio y televisión en directo.
  • Garantizar el acceso, tanto a las sesiones de comisiones parlamentarias como a los plenos, a medios de comunicación, a observadores y a ciudadanos en general, sin trabas administrativas y sin ningún tipo de discriminación.
  • Habilitar un escaño ciudadano desde el que se puedan hacer llegar peticiones ciudadanas al Parlamento, tanto de forma individual como colectiva.
240

Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público

Reformularemos la Ley de Contratos del Sector Público para:

  • Implantar una red de oficinas centrales de compra para la unificación del procedimiento en las mesas de contratación.
  • Implantar una plataforma única de información sobre contratación pública.
  • Crear los Tribunales Administrativos Centrales, como los órganos competentes para la resolución centralizada de recursos contractuales.
  • Eliminar los procedimientos negociados sin publicidad y limitar el importe que permite la utilización del contrato menor.
  • Reformar la web del registro mercantil para poder consultar de forma sencilla y gratuita la información básica de sociedades.
  • Materializar los criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en los pliegos de condiciones, así como la participación ciudadana.
241

Seguimiento de la ejecución presupuestaria

La información que genera la Administración Pública no pertenece a las instituciones, pertenece a la gente. Por ello, instauraremos paredes y bolsillos de cristal en las instituciones, pues aquello que no se pueda publicar no se debería hacer. Para lograrlo, implementaremos medidas de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, protocolos e informes.

Los presupuestos deben vincular la acción de gobierno. Para evaluar correctamente si los compromisos adquiridos se han cumplido, cuáles han sido las desviaciones y si están sustentados o no por unas causas legítimas y justificables es imprescindible hacer públicos los datos de la ejecución presupuestaria con el máximo nivel de detalle. Para ello, el Portal de la Transparencia y la red de oficinas ciudadanas pondrán a disposición de la ciudadanía, de una forma sencilla y directa, los datos básicos del destino final del dinero público.

242

Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas

Implantaremos el Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas con dos objetivos fundamentales:

  • Lograr un uso adecuado de la evaluación, al servicio de los intereses generales.
  • Vincular la evaluación al ciclo presupuestario, de tal suerte que se convierta en un instrumento de difusión de la cultura de evaluación y la rendición de cuentas.

Facilitaremos que cualquier persona o colectivo ciudadano afectado por una legislación o gestión pública pueda intervenir o formar parte del Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas.

Con carácter previo al debate presupuestario anual, los responsables públicos de cada política sectorial deberán presentar ante el observatorio un informe sobre el grado de implementación y ejecución de la política de la que responde.

Los debates presupuestarios se nutrirán del conocimiento colectivo generado en el seno del observatorio, y se ofrecerá a la mayoría de los miembros del Parlamento un nivel de información y unos criterios muy superiores a los disponibles actualmente.

243

Contratos administrativos abiertos y accesibles

Aseguraremos la apertura de toda la información relativa a los procesos de contratación pública para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas a través de las siguientes medidas:

  • Crearemos una base de datos de contrataciones y licitaciones. Todas las empresas enviarán la documentación relacionada con las contrataciones en formatos abiertos para facilitar su publicación en la red.
  • Aseguraremos el acceso a la documentación de los contratos suscritos como mínimo en los últimos cinco años. En ella se indicará la siguiente información: objeto, importe de la licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para contratar, identidad del adjudicatario, duración, número de licitadores, criterios de adjudicación, cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación, modificaciones contractuales, prórrogas de los contratos, licitaciones anuladas, resoluciones anticipadas, datos del registro público de contratos, datos del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, y acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.
244

Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional

Desarrollaremos un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del poder gubernamental.

Dicho organismo estará integrado por la Administración, organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores relevantes de la sociedad civil; y su ámbito de actuación abarcará las diferentes administraciones territoriales del Estado. Sus principales objetivos serán los siguientes:

  • Promover una mayor implicación de la sociedad civil, así como de expertos, en el compromiso contra la corrupción.
  • Implementar y perfeccionar mecanismos preventivos que se adapten a la dinámica realidad delictiva.
  • Dotar de recursos y adaptar las técnicas adecuadas para lograr una persecución eficaz y sostenible.
  • Asegurar una constante formación de los agentes especializados y una mayor coordinación entre ellos.
  • Facilitar la formación entre los funcionarios para la detección y denuncia de este tipo de conductas.
  • Dotar de mecanismos reales de protección a los denunciantes de hechos delictivos.
245

Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados

Trabajaremos para que estos funcionarios, la policía judicial y los peritos, sean dependientes funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía, y para que tengan control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal que dirijan. De este modo, evitaremos tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes considerados «incómodos» puedan ser destituidos.

Estas unidades policiales deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Estar adscritas funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales.
  • Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre designación.
  • Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos.
  • Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
    • Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
    • Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para llevar a buen fin la investigación.
    • Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados obtenidos.
246

Introducción de la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito

El delito de enriquecimiento injusto se refiere a la actuación de aquellos altos cargos que, en el marco de la actuación política, sin intervenir directamente en la comisión de delitos de corrupción, han obtenido beneficio derivado de la comisión de estas conductas.

Además, y como medidas complementarias, incorporaremos el delito agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas y los delitos agravados de cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos políticos.

Implementada internacionalmente, esta medida penal se muestra como una de las más eficaces contra el enriquecimiento de quienes dirigen organizaciones criminales, pero que no intervienen directamente en la comisión de ninguno de los delitos o de corrupciones realizadas en el marco de la actuación política por los altos cargos de la Administración.

247

Nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos

Elaboraremos un plan de prevención del delito específico para los partidos políticos con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:

  • Equiparar la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
  • Prohibir donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias.
  • Prohibir el endeudamiento bancario por parte de los partidos políticos o limitar severamente dicho endeudamiento.
  • Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5000 euros al año.
  • Establecer sistemas de tratamiento y publicación de datos en formatos reutilizables, que permitan identificar posibles relaciones entre donaciones políticas y contratos públicos, o entre partidos políticos y paraísos fiscales.
  • Elaborar un plan estratégico sobre el modelo de financiación de los partidos políticos en España, y reformar los sistemas de financiación electoral y ordinaria de los partidos conforme a principios más democráticos e inclusivos.

Con respecto al tratamiento penal, nuestras propuestas son:

  • Aumentar el plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclarar los casos de duplicidad de sanciones.
  • Desarrollar de manera específica, y adaptándola a las formaciones políticas, la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal, destinada a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en general.
248

Creación del Departamento de Recuperación de Activos

Crearemos un departamento específico dentro de la Administración Pública dedicado a la recuperación de activos envueltos en casos de corrupción.

Estará formado por funcionarios especializados, y potenciará los actuales instrumentos de cooperación internacional en materia de información, auxilio judicial y recuperación de activos, que son parte de la normativa europea.

249

Redefinición del delito fiscal

No existe ninguna justificación jurídica para aplicar tipos penales diferentes al delito fiscal y a los casos de fraude en las subvenciones recibidas de la Unión Europea, máxime cuando la cuota para considerar un delito como «delito fiscal» es excesivamente alta: 120.000 euros. Por ello, estableceremos un único límite para los delitos fiscales: 50.000 euros, que es la cantidad fijada para las subvenciones en materia europea.

250

Fortalecimiento de los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal

Para fortalecer los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal, implementaremos las siguientes medidas:

  • Crearemos un Centro Nacional para la Prevención del Delito, encargado de realizar evaluaciones de impacto tanto de la legislación en vigor como de propuestas de reforma.
  • Pondremos en marcha programas de información y concienciación pública en materia penal.
  • Mejoraremos los sistemas estadísticos.
  • Crearemos una oficina de información pública sobre problemas relacionados con la política criminal, que podría ser parte de las funciones del citado Centro Nacional para la Prevención del Delito.
251

Participación ciudadana en la gestión pública

Estableceremos mecanismos de participación en la actuación administrativa con el fin de integrar en el ámbito público formas de gestión participadas, basadas en la lógica del valor y del bien común, de forma que la ciudadanía pueda contribuir a mejorar los servicios públicos.

Impulsaremos las siguientes medidas transversales en las administraciones públicas:

  • Crearemos un observatorio de inclusividad en la gestión pública para investigar indicadores de inclusividad, y poder evaluar y diseñar acciones institucionales dirigidas a atender las necesidades de acceso a las administraciones públicas de una sociedad diversa.
  • Desarrollaremos un Plan de Formación para la Par-ticipación, que estará dirigido tanto al personal de la Administración Pública como a los agentes sociales.
  • Instauraremos órganos ciudadanos de interlocución con el personal técnico y político, y dotaremos de un carácter decisorio a estos espacios de encuentro que, además, se complementarán a través de herramientas de participación virtual.
252

Justicia gratuita real

Proponemos la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades autónomas en esta materia.

253

Elección directa del Consejo General del Poder Judicial

Consideramos que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga sus actuales competencias generales, debe asumir directamente su principal función: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, proponemos las siguientes medidas:

  • Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
  • Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
  • Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
254

Auditoría pública del sistema judicial

Promoveremos una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos.

Asimismo, crearemos una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.

255

Reforma integral de la Fiscalía

Pondremos en marcha una reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:

  • Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.
  • Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo.
  • Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
  • Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
  • Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.
256

Eliminación de privilegios procesales

Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.

257

Derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Derogaremos la Ley 13 / 2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, con el fin de dejar sin efecto la disposición transitoria única sobre la revisión de los procesos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor y los plazos de duración máxima de los procesos penales.

258

Multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las personas

Crearemos un sistema de pago de sanciones administrativas y multas económicas proporcionales a la renta de la persona sancionada, para modificar el actual sistema por uno más justo, proporcional y funcional. Para ello, nos basaremos en los siguientes principios:

  • Rendición de cuentas de la persona ofensora.
  • Cumplimiento de la función de disuasión. Para que las multas cumplan esta función, las personas con menos ingresos deben poder pagarlas, pero su impacto debe ser equivalente al de las personas con mayores rentas.
  • Obligación de ser equitativas. Las multas proporcionales son inherentemente más justas, pues las cantidades no son ni demasiado bajas para determinados sancionados ni tan altas como para exceder la capacidad de otros.
  • Establecimiento de un sistema de cálculo ágil y limitado partiendo de un tipo básico y estableciendo diferentes umbrales, similares a los que se fijan para el pago del IRPF en función de los ingresos del sancionado.
259

Derogación de la ley mordaza

Derogaremos de manera inmediata la Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y estableceremos una nueva legislación de seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación. Eliminaremos las sanciones administrativas, sin más restricción que los actos ilícitos cuya gravedad los convierta en objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal.

260

Creación de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno

Crearemos la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno, que tendrá las siguientes características y funciones:

  • Dependerá de la Presidencia del Gobierno.
  • Su responsable tendrá rango de Secretario de Estado.
  • Coordinará la acción del Gobierno en el desarrollo y protección de los derechos humanos.
  • Desempeñará funciones ejecutivas para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos, ya sean derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, o derechos relativos a la infancia y a la equidad de género.
  • Coordinará la labor de todos los ministerios a través de una comisión interministerial.
  • Actuará en coordinación con el Defensor del Pueblo.
  • Rendirá cuentas de su actividad y gestión mensualmente ante las Cortes.
  • Albergará en su seno una Comisión Estatal de Derechos Humanos con representantes de las ONG, de organizaciones civiles y sociales de defensa de los derechos humanos y de organizaciones profesionales (como el Consejo General de la Abogacía), que tendrá funciones asesoras y consultivas, pero también de evaluación y rendición de cuentas.
  • Coordinará el desarrollo y puesta en práctica del Plan Nacional de Derechos Humanos y Equidad de Género.

Asimismo, crearemos una unidad de género en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) para realizar una evaluación de género en torno a las iniciativas y actuaciones de la política exterior española.

261

Memoria, verdad y justicia: pilares de la cultura de los derechos humanos

Partiendo de la doble premisa de que la memoria es un derecho ciudadano y de que en España no se ha implementado todavía una verdadera política pública de memoria, nuestro proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos se articula, al igual que lo hace el derecho internacional en esta materia, en torno a la triada «memoria, verdad y justicia», de acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigió a España en julio de 2014. Así, pondremos en marcha tres tipos de políticas:

  • Políticas para el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición:
    • Promover la remoción o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo.
    • Concebir los espacios de memoria como espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica.
    • Desarrollar iniciativas orientadas a la construcción de una cultura de los derechos humanos y a la restitución de una memoria plural, colectiva y democrática de nuestro país en los sistemas educativos, en lo relativo a la formación de funcionarios públicos, en (y desde) los medios de comunicación y en otros ámbitos culturales.
  • Políticas para el derecho a la verdad:
    • Establecer mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad.
    • Garantizar el acceso a los archivos (públicos y privados) y a la investigación pública y judicial.
    • Promover la creación de instituciones de memoria.
    • Elaborar un mapa integral de fosas comunes que, a su vez, permita diseñar un futuro plan integral de exhumaciones.
  • Políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo:
    • Crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia y una agencia interministerial que funcione como órgano de coordinación.
    • Anular las sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura.
    • Facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
    • Aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.
262

Creación de la Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores

Crearemos una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores, como organismo regulador de carácter autónomo y neutral y con competencias sancionadoras. Esta agencia contará con un cuerpo de inspectores dedicado a realizar investigaciones de oficio y evaluar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores, además de intercambiar información con el resto de organismos del Gobierno acerca de las irregularidades que detecte en el mercado.

Las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores tendrán la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados.

Igualmente, revisaremos el marco sancionador establecido en la legislación que afecta a la protección de los consumidores para que las multas sean realmente proporcionales a la gravedad de los abusos, y para que contemple el decomiso de hasta diez veces el importe de los beneficios que hayan obtenido las empresas en prácticas fraudulentas.

263

Derecho de indemnización del consumidor víctima de un abuso

Aprobaremos por ley el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando sean objeto de irregularidades en la contratación, facturación o características de productos y servicios.

264

Despenalización del cannabis

Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, y regularemos la actividad de los clubes sociales de cannabis. Para ello, proponemos convocar una mesa de trabajo sectorial encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis.

Administración Pública

265

Software libre para una Administración abierta, segura y accesible

Implementaremos un Plan Estratégico de Migración hacia herramientas de software libre y datos abiertos, con el objetivo de sustituir herramientas propietarias, siempre que sea posible, y lograr un control real de la tecnología utilizada en la Administración para el manejo de los datos. Para ello:

  • Implantaremos herramientas de software libre en las administraciones públicas, acompañadas de un programa de capacitación de los empleados públicos en el manejo de las nuevas herramientas.
  • Generalizaremos el uso de formatos abiertos en la gestión pública.
  • Fomentaremos el tejido social y productivo del sector, rico en innovación y creación de empleo.
  • Apostaremos por la seguridad informática y la privacidad como un derecho integral del siglo xxi, y ofreceremos cobertura legal a aquellos que denuncien su infracción.
266

Simplificación de los procedimientos administrativos

Pondremos en marcha un Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Servicio Público para simplificar los trámites administrativos, minimizar las cargas burocráticas y homogeneizar los procesos, a través de las siguientes acciones y medios:

  • Simplificar y reducir las cargas administrativas e implantar la homogeneidad de los procedimientos.
  • Consolidar una auténtica administración digital que permita a la ciudadanía realizar cualquier trámite de una manera más rápida y ágil, a cualquier hora y desde cualquier lugar, gracias a una ventanilla virtual única. Con ello se evitará el tener que aportar documentación que ya está digitalizada.
  • Incorporar plenamente las nuevas tecnologías en los trámites administrativos.
  • Avanzar hacia la superación de la brecha digital en la sociedad.
  • Garantizar puntos de asesoramiento permanente, tanto online como presenciales, que a su vez faciliten la tramitación del certificado digital a solicitud de los interesados.
267

Gestión directa en la Administración Pública y optimización del desempeño de los profesionales

Garantizaremos el principio de gestión directa de los servicios públicos y que el ejercicio de competencias y potestades públicas resida en la propia Administración del Estado.

Recuperaremos las competencias que se han privatizado o externalizado, y orientaremos nuestras decisiones siempre en función de los principios del bien común y del interés general.

Con objeto de potenciar lo mejor de cada profesional en la gestión de los servicios públicos, apostaremos por adaptar el perfil de cada profesional a la labor que desempeña, para optimizar así el valor de su función, lo que permitirá asimismo la promoción desde su propio puesto de trabajo.

La motivación es el motor profesional de la gestión directa y la recuperamos a partir de tres elementos clave:

  • Trabajo en equipo, con liderazgos legitimados profesionalmente.
  • Formación adecuada y de calidad.
  • Flexibilización de los requisitos para gozar de excedencias vinculadas a la formación y a prácticas profesionales en el extranjero.
268

Auditorías regulares de los organismos públicos

Pondremos en marcha la realización de auditorías regulares de todos los organismos y entes públicos con los siguientes objetivos:

  • Revisar sus estatutos, para eliminar vacíos de contenido prestacional público o duplicados.
  • Asegurar que el sector público sea independiente del aparato y de los intereses de los partidos políticos.
  • Recuperar aquellas competencias y potestades públicas privatizadas o externalizadas.
  • Revisar las encomiendas de los entes instrumentales para revertir los servicios subcontratados, a través de una dotación adecuada de puestos y recursos para la estructura del sector público.
269

Homologación de las jornadas de trabajo de las Fuerzas Armadas a las del resto de la Administración Pública

Proponemos una regulación reglamentaria del horario y de las jornadas laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas para que sean similares a las de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta las necesidades específicas derivadas de las misiones, maniobras, guardias y servicios, que serán retribuidos de manera justa.

270

Redefinición de la carrera militar de todos los militares profesionales

Reformaremos de manera integral la Ley 39 / 2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, e incluiremos en ella al personal de tropa y marinería y a oficiales temporales; y suprimiremos también los actuales compromisos temporales.

Estableceremos, con carácter prioritario, un sistema de promoción con criterios exclusivamente objetivos y basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así, se valorará como mérito la experiencia profesional, se suprimirán los actuales criterios subjetivos de valoración (como los informes personales de calificación) y se eliminarán los actuales límites de edad.

Tras la experiencia obtenida de las primeras promociones con el nuevo sistema de enseñanza militar, realizaremos un estudio para terminar de adaptarlo al sistema general de enseñanza.

Llevaremos a cabo un plan integral de acción social basado en la igualdad, que preste especial atención a las familias y suprima privilegios.

271

Militares: ciudadanos y trabajadores

Reformaremos la Ley Orgánica 9 / 2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para propiciar una nueva regulación de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos.

Igualmente, suprimiremos la privación de libertad sin tutela judicial efectiva, y renovaremos los órganos de participación con criterios democráticos y vinculantes para los procesos normativos en los ámbitos profesionales, sociales y económicos.

272

Transparencia y control democrático para Defensa

Evitaremos las «puertas giratorias» al regular las relaciones entre el Ministerio de Defensa y la industria de defensa para hacerlas plenamente transparentes; y se auditarán, revisarán y renegociarán las adquisiciones con los contratistas para hacer viable el presupuesto del Ministerio de Defensa. Asimismo, y en consonancia con lo anterior, se constituirá un grupo de expertos (junto al que podrá participar la sociedad civil) con el fin de presentar propuestas para estudiar un diseño de las Fuerzas Armadas más acorde a las necesidades de España.

273

Personal civil a cargo de las tareas administrativas en las Fuerzas Armadas

Reorganizaremos la plantilla para que sea personal civil administrativo quien desempeñe servicios burocráticos en las Fuerzas Armadas. Pondremos fin a los servicios que no son propios del cuerpo: carpinteros, albañiles, jardineros, mecánicos, etcétera.

274

Libertad de sindicación para los miembros de la Guardia Civil

Reconoceremos la libertad de sindicación dentro de la Guardia Civil y defenderemos que no se aplique el Código Penal Militar a los miembros de este cuerpo, para garantizar así sus derechos fundamentales y sus libertades públicas.

275

Mejora de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional

Proponemos la unificación de las bases de datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, lo cual supondría un gran avance en materia de coordinación.

276

Nuevo sistema de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado

Modificaremos los actuales procesos de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se basen exclusivamente en pruebas objetivas y mensurables.

Modelo territorial y derecho a decidir

277

Derecho a decidir

Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate acerca del cambio constitucional. Reconoceremos constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España, como también aseguraremos el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país.

Es decir, promoveremos la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España.

Recuperaremos el respeto como fundamento básico de las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos de todos los niveles territoriales del Estado.

Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y debatiremos sobre las experiencias de Reino Unido y Canadá.

278

Reforma del Senado

Transformaremos el Senado en una cámara de representación de derechos e intereses territoriales y eliminaremos una gran parte de las retribuciones de los senadores:

  • Conformaremos el Senado con representantes de los gobiernos regionales, intercambiables y con voto en bloque y reduciremos el número de representantes.
  • Las funciones del Senado serán:
    • Legislativa: participación en la aprobación de leyes que afecten a los intereses territoriales.
    • Participación en los Presupuestos Generales del Estado para fijar las partidas que se atribuyen a los distintos territorios de acuerdo con el sistema de financiación.
    • Nombramiento de los miembros de órganos del Estado e instituciones centrales, como los magistrados del Tribunal Constitucional.
    • Como pieza clave en las relaciones verticales y horizontales de la distribución territorial del poder, desempeñará un papel importante en la relación con la Conferencia de Presidentes.
279

Revisión del modelo de financiación

Promoveremos un modelo de financiación bajo los principios de equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial. En este sentido, implementaremos un modelo de financiación que garantice la suficiencia del ámbito competencial autonómico a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y de la participación en los tributos del Estado, de modo que la financiación no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco competencial propio.

Medio ambiente

280

Paralización de la ley Montoro

Derogaremos de forma inmediata la ley Montoro (Ley 27 / 2013, de sostenibilidad y racionalización de la Administración local), porque pone en peligro las entidades menores y los servicios y bienes comunales.

Promoveremos un nuevo marco legal que armonice los tres niveles de gobierno (municipal, autonómico y estatal) y amplíe y actualice sus competencias y presupuestos.

Fomentaremos un debate urgente que refuerce el poder local como el Gobierno de proximidad por y para la ciudadanía.

281

Plan de Uso Social de la Tierra

Instauraremos una Agencia Pública y Autónoma de la Gobernanza Responsable y Sostenible de la Tierra, que regule los terrenos rústicos y favorezca un acceso democrático y justo a la tierra.

Desarrollaremos un Plan Especial de Uso Social de la Tierra, en respuesta al inventario de propiedades elaborado por el Ministerio de Hacienda y al plan de enajenación de estos bienes llevado a cabo por el Gobierno.

Fomentaremos la coordinación entre la Agencia de la Gobernanza Responsable y Sostenible de la Tierra y los Bancos de Tierras ya existentes para facilitar el acceso prioritario a la tierra de los jóvenes y las mujeres que deseen incorporarse al sector agroganadero y forestal, con garantías en la gestión y uso de las fincas para sus propietarios y propietarias.

282

Nueva Ley de Aguas

Consideramos el agua como un bien común, por lo que es necesario que la toma de decisiones sobre su gestión y distribución sea participativa.

Elaboraremos una nueva Ley de Aguas, en sintonía con la Directiva Marco del Agua, que garantice como un derecho el acceso al agua de calidad y, asimismo, conserve los caudales ecológicos y el buen estado de los ríos, acuíferos y otras masas de agua.

Democratizaremos los organismos de cuenca al incorporar a los sectores hasta ahora excluidos de los órganos de gestión y decisión de dichos organismos, como son los colectivos de defensa del uso sostenible del agua y de la conservación de los ríos.

Revisaremos los Planes Hidrológicos para garantizar su plena coherencia con la Directiva Marco del Agua y que resulten más eficaces a la hora de alcanzar y mantener el buen estado ecológico.

Fomentaremos la prevención de inundaciones y garantizaremos una correcta gestión de los territorios fluviales y sus zonas inundables, de acuerdo con la directiva europea de gestión del riesgo de inundaciones.

283

Quien contamina paga

Derogaremos de forma inmediata la Ley 11 / 2014 y el Real Decreto 183 / 2015 que modifica la Ley 26 / 2007 de Responsabilidad Medioambiental, cuyos pilares rectores son la precaución, la prevención y el principio de «quien contamina paga».

Simplificaremos la tramitación administrativa a través de una licencia ambiental única que englobe todos los impactos ambientales y, de este modo, facilite a los operadores la comunicación con un único ente administrativo.

Llevaremos a cabo una reubicación de las estaciones de control y medición de la contaminación industrial a aquellos lugares que garanticen la mayor protección de la población, dentro de los parámetros de control obligatorios.

Fomentaremos el desarrollo de la I+D+i en las tecnologías de prevención de la contaminación y para la descontaminación, en especial de los suelos, y para la recuperación ambiental en caso de desastre ecológico.

Impulsaremos la adaptación a los nuevos conocimientos, especialmente aquellos que versan sobre los efectos de los contaminantes sobre la salud de las personas.

Implementaremos un Plan de Formación de Técnicos en Riesgos Ambientales para dar soporte a la actividad industrial y a la Administración central como principal ente de control.

Priorizaremos la aplicación del principio «quien contamina paga» al promover una responsabilidad ambiental real entre los principales extractores de los recursos naturales, a través de una garantía financiera de reparación del medio natural, en función de los posibles daños ocasionados.

284

Protección del medio marino y su entorno

Invalidaremos las modificaciones de la Ley de Costas e impulsaremos un nuevo modelo de protección del litoral que tenga en cuenta criterios geomorfológicos y paisajísticos.

Desarrollaremos una Planificación Estratégica Marina para el conjunto del Estado, que siente las bases para las distintas actividades humanas en el medio marino y en la que se primará el desarrollo de las energías renovables y la protección de nuestros ecosistemas.

Continuaremos con la inversión para el desarrollo efectivo de la Directiva Europea de Estrategias Marinas.

Incluiremos en el Programa Nacional de Investigación Científica un subprograma encaminado a desarrollar la investigación del medio marino, con objeto de promover el desarrollo de las energías renovables marinas y la protección del medio ambiente.

Fomentaremos la divulgación de las áreas marinas protegidas españolas y de su valor natural, e incluiremos dichas áreas en las estrategias estatales y autonómicas de promoción turística y educación ambiental.

Incrementaremos el impacto positivo de dichas áreas en las poblaciones costeras más cercanas. En este sentido, desarrollaremos un etiquetado específico para el pescado y el marisco extraído mediante artes no destructivas permitidas en el interior de la reserva. Trabajaremos con los distintos agentes implicados para reducir el vertido de basura en el mar.

285

Ciudades sostenibles

Llevaremos a cabo una política activa que transforme los ecosistemas urbanos en lugares más sostenibles y habitables para la ciudadanía.

Abandonaremos el modelo productivo especulativo basado en la construcción desmesurada de viviendas y apostaremos por un modelo sostenible orientado a la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios existentes. Una medida que, por otro lado, generará empleo y de mayor calidad.

Promoveremos el uso de los instrumentos que la legislación urbanística pone en manos de las administraciones públicas para satisfacer la demanda de vivienda asequible, equipamientos y espacios libres, y prevendremos la especulación para incrementar el patrimonio público de suelo.

La ciudad es un derecho de todos y todas. Por ello promoveremos la accesibilidad universal y la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas. Asimismo, adoptaremos una perspectiva de género y de las necesidades de la población infantil y las personas mayores en el diseño urbano.

Aprovecharemos las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías para gestionar de forma eficiente los ecosistemas urbanos y apostaremos por el desarrollo de ciudades y comunidades inteligentes.

Garantizaremos la transparencia de los procedimientos de elaboración de planeamientos y convenios urbanísticos, con el fin de fomentar el acceso de la ciudadanía a toda la información, incluidos los informes técnicos y jurídicos.

Evitaremos la urbanización de las áreas con valor medioambiental, especialmente el litoral, y de las zonas de riesgos naturales, como las inundables.

286

Fomento de la economía circular: Objetivo Residuo CERO

Cumpliremos la Directiva Marco de Residuos y revisaremos la trasposición de dicha directiva al ordenamiento español, empezando por los principios de precaución y prevención. Desarrollaremos la responsabilidad ampliada del productor, de forma que, a partir de estudios rigurosos e independientes, este asuma los costes reales de la gestión de residuos a todos los niveles y el desarrollo de las medidas para el cumplimiento de los objetivos marcados en la Directiva Marco de Residuos.

Desarrollaremos una economía circular que garantice una reducción del uso de los recursos naturales en nuestra economía. Pondremos en marcha políticas efectivas de gestión de residuos que tiendan a eliminarlos, como la lucha contra la obsolescencia, la reducción de la generación de residuos mediante el ecodiseño, la separación selectiva de la materia orgánica para el compostaje, etcétera.

Redefiniremos la función de los Puntos Limpios y de los Puntos Limpios Móviles para mejorar la cantidad y, sobre todo, la calidad de los productos recogidos, y pondremos en marcha sencillas operaciones de preparación para el reciclado, con el objetivo de duplicar el reciclado en diez años.

Fomentaremos el mercado de segunda mano y la separación de enseres como muebles y aparatos eléctricos y electrónicos.

287

Rescate ecológico: salvar nuestra biodiversidad

Diseñaremos e implementaremos un Plan de Rescate Ecológico de España, a veinte años, con el objetivo de recuperar el conjunto de zonas degradadas y conseguir la restauración ambiental. Esto conllevará la creación de empleo sostenible.

Incluiremos un Plan de Conservación de la Biodiversidad de nuestro país. Para ello, dotaremos económicamente al Fondo para la Conservación de la Biodiversidad, inventariaremos los sistemas naturales y potenciaremos sistemas de información como los bancos de la naturaleza. Por otro lado, incorporaremos los ecosistemas no representados en la Red de Parques Nacionales que también precisan de protección ambiental.

Diseñaremos sistemas que hagan compatible la supervivencia de los grandes carnívoros (osos, linces y lobos) en sus ecosistemas naturales y las actividades económicas del ser humano (transporte, ecoturismo, ganadería).

Fomentaremos la prevención de la entrada de especies exóticas invasoras para frenar su expansión.

Crearemos corredores ecológicos e infraestructuras verdes para restablecer el ciclo de humedad y mitigar los efectos del cambio climático.

288

Lucha contra el cambio climático

Promulgaremos una nueva Ley de Cambio Climático que tendrá, entre otros, los siguientes contenidos mínimos:

  • Potenciar las actuaciones autonómicas en materia de política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero.
  • Hacer una nueva propuesta en materia de gestión de emisiones de CO2 para poner un precio fijo a la tonelada de carbono emitido, de acuerdo con las previsiones de la Unión Europea.
  • Implementar un Plan de Transición Energética, para que en 2050 el 100 % del consumo proceda de las energías renovables.
  • Impulsar la denominada «fiscalidad verde» y penalizar la generación de desechos a lo largo de la cadena de valor.
  • Llevar a cabo un plan de adaptación al cambio climático de ciudades, administraciones públicas y sectores estratégicos.
  • Fomentar las actuaciones para el aumento de la resiliencia de las ciudades y los ecosistemas (por ejemplo, el abastecimiento de agua para las ciudades o la gestión adecuada de residuos).
289

Estrategia Integral de Participación y Educación Ambiental

Crearemos e implantaremos una Estrategia Integral de Participación y Educación Ambiental, con el fin de hacer partícipe a la ciudadanía de los aspectos ambientales que afectan a nuestro bienestar. Para que esto sea posible, impulsaremos distintas formas de participación y colaboración ciudadana, gracias a las cuales se fomentará una cultura participativa que fortalecerá la identidad colectiva de la ciudadanía y hará que esta se involucre de manera activa en la construcción cooperativa de un modelo de desarrollo humano y social ambientalmente responsable. Dicha estrategia contempla:

  • Garantizar la aplicación de los principios de información, transparencia y participación en las actividades del Gobierno.
  • Fomentar la educación ambiental en todas las etapas educativas y en todos los ciclos vitales, con el fin de sensibilizar e involucrar activamente a la población en la problemática ambiental.
290

Vicepresidencia de Sostenibilidad

Crearemos una Vicepresidencia de Sostenibilidad que vincule las políticas del Gobierno relacionadas con la sostenibilidad con las políticas de economía y empleo. De esta forma, promoveremos un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los límites de nuestro planeta y nos aseguraremos de que siempre se apliquen los criterios de sostenibilidad en las diferentes políticas de desarrollo económico y social de nuestro país.

291

El agua: un derecho humano

Aplicaremos distintas medidas para la detección y erradicación de la pobreza hídrica y reconoceremos el agua como un derecho humano. Al ser el agua un derecho, garantizaremos una dotación mínima para cada ciudadana y ciudadano, de modo que se cubran sus necesidades básicas.

Revisaremos los proyectos de construcción de las grandes infraestructuras hidráulicas (presas y trasvases) y desarrollaremos unos sistemas alternativos de abastecimiento para los momentos de escasez. En las cuencas beneficiarias de esos trasvases, la gestión de la demanda agraria, urbana e industrial, y la optimización de los recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en esa transición hacia horizontes más sostenibles.

Pondremos en marcha un ambicioso programa de inversiones públicas con el fin de dotar a todas las poblaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales, y de este modo cumpliremos las obligaciones de la Directiva 91 / 271 de Aguas Residuales y evitaremos las sanciones de la Unión Europea derivadas de la dejación de funciones de los gobiernos anteriores.

292

Un medio ambiente seguro como derecho fundamental

Contemplaremos el derecho a un medio ambiente adecuado (actualmente incluido entre los principios de la política socioeconómica de la Constitución española, concretamente en su artículo 45) como uno los derechos fundamentales de los españoles y españolas (actual capítulo segundo del título primero). Asimismo, proponemos incorporar el derecho humano al agua como un derecho subjetivo y el derecho de acceso a los recursos energéticos como parte de los derechos habitacionales básicos.

Libertad religiosa y de conciencia

293

Anulación del Concordato

Anularemos el Concordato de 1953 y los cinco acuerdos concordatarios que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los signados con otras confesiones religiosas. Y promoveremos o llevaremos a cabo otras medidas como:

  • Apuesta por la educación laica, pública y de calidad. Supresión de la asignatura de religión del currículo, horario escolar y centro educativo.
  • Eliminación de las capellanías y los servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, universidades, prisiones, embajadas, etcétera).
  • Inventario y recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) al amparo del ya extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del 304 de su reglamento, por el que se otorgaba a los obispos la categoría de fedatarios públicos.
  • Derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos.
  • Supresión de los privilegios fiscales, como el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la financiación estatal (ya sea a través de la casilla del IRPF o de las exenciones fiscales) para la Iglesia católica y otras confesiones religiosas.
  • Supresión de las celebraciones y de la simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos confesionales.
294

Nueva Ley de Libertad de Conciencia

Sustituiremos la actual Ley de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980, por una Ley de Libertad de Conciencia, que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.

Mundo rural

295

Un mundo rural vivo y sostenible

Garantizaremos la aplicación de la actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de 13 de diciembre de 2007, y del Real Decreto 752 / 2010, para revertir la tendencia al despoblamiento y abandono del medio rural e impulsar el concierto entre las administraciones.

Desarrollaremos el Plan Participativo Integral por Comarcas (hasta hoy paralizado por el Gobierno) bajo los parámetros de sostenibilidad social y ambiental.

Generaremos un nuevo marco institucional que democratice la Administración local, reconozca su autonomía y mejore sus competencias, con el fin de reequilibrar la precaria lealtad institucional entre los tres niveles de gobierno existentes.

296

Cuidar nuestros montes

Llevaremos a cabo una adecuación de la normativa vigente en un nuevo marco para impulsar nuevas actividades productivas sostenibles que contribuyan a la creación de empleo en el mundo rural.

Modificaremos la Ley de Montes para recuperar un régimen protector que prohíba recalificar y construir en terrenos quemados, y para concebir los recursos forestales como elementos esenciales del patrimonio natural de nuestro país y de la lucha contra el cambio climático.

Ampliaremos la participación de la ciudadanía y de los agentes forestales en la elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos Forestales.

Promoveremos el desarrollo local desde la gestión pública de los recursos forestales y eliminaremos la subcontratación de los trabajos forestales para fomentar la labor de las empresas locales.

Movilidad

297

Garantía de acceso al transporte público

Aseguraremos el acceso al transporte público y garantizaremos el derecho a la movilidad de todas las personas mediante una tarificación especial o gratuita para la población que se encuentre en riesgo de pobreza y exclusión social, así como para los parados y las paradas de larga duración.

298

Vertebrar el territorio e impulsar la economía desde el ferrocarril

Mejoraremos la accesibilidad del ferrocarril para la ciudadanía, por ser el más seguro y sostenible de todos los modos de transportes colectivos. Así, fomentaremos su uso como transporte de pasajeros y pasajeras en la media y larga distancia, y mejoraremos los itinerarios, la accesibilidad, las frecuencias y el material móvil.

Impulsaremos el transporte de mercancías por ferrocarril como alternativa al transporte por carretera en distancias superiores a los cuatrocientos kilómetros. De esta manera, conseguiremos reducir el impacto ambiental.

Transformaremos la red viaria de AVE, tras los pertinentes análisis y estudios técnicos, y convertiremos algunos de sus tramos en líneas de menor velocidad que tengan una mayor frecuencia de paso y un mayor número de paradas intermedias entre los recorridos. Igualmente, garantizaremos un despliegue que no sea exclusivamente radial, con el fin de lograr un mayor acceso ciudadano al ferrocarril y vertebrar de una manera más justa y equilibrada la movilidad dentro de nuestro territorio.

299

Objetivo CERO en accidentes de tráfico

Minimizaremos los riesgos de accidente en la red viaria adecuando la señalización e información, las condiciones y el estado de las vías. En todo caso, analizaremos en su conjunto los tres factores que influyen en los accidentes: la peligrosidad de la vía, las características del automóvil y el conductor o la conductora, a fin de diseñar actuaciones que reduzcan los riesgos de accidente.

Asimismo, eliminaremos de forma progresiva los llamados «puntos negros» o «tramos negros», para lo cual en un primer momento los señalizaremos y, en un futuro, procederemos a su eliminación gradual.

Costas y suelo

300

Nueva Ley de Usos del Suelo

Revisaremos la actual Ley de Suelo para crear un nuevo marco legal que garantice una visión integral del territorio, proteja los bienes comunes y públicos, articule la vinculación sectorial y defina las unidades espaciales de planificación de los diferentes niveles administrativos.

Consideraremos las calificaciones de suelos urbanizables a no urbanizables, integraremos los costes ambientales en los costes de urbanización, priorizaremos las acciones estratégicas y programaremos la adaptación de los planes sectoriales y municipales a las determinaciones de la nueva ley.

301

Nueva Ley de Protección del Paisaje

Crearemos una Ley de Protección del Paisaje que promueva valorar y utilizar el paisaje a partir del principio de precaución y no permita las actuaciones o intervenciones que tengan un impacto irreversible sobre él.

Unificaremos las políticas de paisaje e incorporaremos una planificación y protección de este en la ordenación del territorio. En este sentido, fomentaremos la planificación participativa según lo estipulado en el Convenio Europeo del Paisaje, para que sea la propia población quien defina los objetivos de calidad del paisaje que habita.

302

Plan para la Protección Efectiva del Litoral

  • Aumentaremos la declaración de áreas protegidas en el litoral.
  • Realizaremos un inventario de los municipios que desarrollen mejores prácticas sobre el litoral, con el fin de publicitarlos y reconocer su valor y apuesta por la sostenibilidad. De este modo, servirán de ejemplo para los demás.
  • Desarrollaremos un Plan de Restauración Ecológica del Litoral, Áreas Húmedas, Marismas, Playas y Áreas Degradadas.
  • Construiremos nuevas depuradoras y mejoraremos las existentes con el propósito de reducir los vertidos sobre el litoral y mejorar su calidad. También realizaremos inventarios de los vertidos, intensificaremos la vigilancia sobre los vertidos de los buques y llevaremos a cabo mejores protocolos para reducir la probabilidad de que estos se produzcan, especialmente en las áreas del litoral español donde el tráfico marino es más elevado.
303

Ley de Bienestar Animal

Elaboraremos una Ley de Bienestar Animal que integre las siguientes actuaciones:

  • Reducir el IVA a los servicios veterinarios, que pasarán de considerarse servicios de lujo a considerarse servicios de primera necesidad. Teniendo en cuenta, además, que es un aspecto que afecta a la salud pública.
  • Crear el Galardón Ciudades Amigas de los Animales, mediante un sistema similar al de las banderas azules de las playas, que premiará oficialmente a aquellos municipios que activen las medidas y los servicios requeridos para garantizar el bienestar animal.
  • Revisar y regular los zoológicos y los acuarios teniendo en cuenta el bienestar animal y no concebirlos exclusivamente como negocios de entretenimiento.
  • Estudiar todos los espectáculos en los que se produzca confinamiento o maltrato de animales.
  • Subvención cero para los espectáculos con animales que no aseguren el bienestar de estos. Asimismo, modificaremos la Ley 18 / 2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
304

Cobertura sanitaria universal

Suprimiremos todos los grupos de exclusión sanitaria y retomaremos la cobertura sanitaria universal para aplicarla de forma inmediata a los retornados y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de salud del país receptor, a través de las siguientes medidas:

  • Expedición de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para emigrantes en territorio de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, sin restricciones vinculadas a la situación laboral del demandante.
  • Supresión de la retirada de la TSE a parados de larga duración que hayan tenido que abandonar el país y residir en otro durante más de noventa días.
  • Renovación de la TSE a estudiantes que prorroguen sus estudios en el extranjero.
  • Fomento de los convenios bilaterales fuera del territorio de la Unión Europea, para garantizar la cobertura sanitaria de los emigrantes hasta que logren incorporarse al sistema de salud del país de acogida.
  • Garantía de atención sanitaria inmediata a los emigrantes españoles retornados.
305

Oficina de la Emigración

Crearemos una Oficina de la Emigración que tendrá como objetivos:

  • Centralizar los organismos y recursos existentes en una única entidad, de forma que haya una coordinación de los diferentes programas de vinculación, retorno y ayuda a las personas emigradas o que desean emigrar.
  • Establecer una línea de trabajo en la que estén implicados los diferentes agentes en España y en el extranjero.

Además, la Oficina de la Emigración tendrá su sede en todas las provincias españolas. Estas oficinas ofrecerán apoyo, orientación e información sobre el país de llegada para que los emigrantes puedan hacer valer sus derechos laborales y sociales y para favorecer una mejor integración.

306

Normativa para la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en el extranjero

Elaboraremos una normativa para la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en el extranjero que consolide lazos sociales y culturales de los descendientes de emigrados españoles. La normativa se pondría en marcha mediante el siguiente plan de acción:

  • Realización de un estudio de la emigración infantil con el fin de conocer su realidad social y demográfica.
  • Desarrollo de un estudio por continentes acerca de las Secciones Internacionales, las Aulas de Lengua y Cultura Españolas o los centros de titularidad española o mixta ya existentes que permita el mantenimiento, el refuerzo y la apertura de nuevas aulas allí donde haya al menos doce solicitudes.
  • Garantía de una enseñanza presencial de al menos tres horas semanales que englobe una enseñanza integral de la lengua y la cultura españolas.
  • Desarrollo de sistemas de atención a distancia allí donde no se pueda abrir un aula por motivos demográficos, geográficos o políticos que impidan la correcta atención del alumnado o donde no se puedan garantizar condiciones laborales dignas para el profesorado.
307

Desarrollo de medidas de garantía de pensiones dignas para los españoles emigrantes y retornados

Elaboraremos un plan con el objetivo de adaptar las pensiones para los emigrados, que permita la recepción de prestaciones de los emigrantes y en el que prestaremos particular atención a los problemas de reconocimiento de los años de contribución, al tiempo que evitaremos la doble tributación.

308

Establecimiento de mecanismos y organismos que posibiliten el retorno de los emigrantes españoles

Pondremos en marcha una serie de mecanismos y organismos que posibiliten el retorno de los emigrantes españoles a partir de un estudio sobre la realidad de la emigración española que nos permita conocer sus causas y características sociológicas. De este modo podremos llevar a cabo políticas de retorno que se adecúen a este fenómeno plural.

Para ello, será necesaria la implicación de las administraciones locales y de la Oficina de la Emigración, como medios de intercambio de información y asistencia para facilitar el proceso de retorno. Además, se deberá reconocer el acceso a la contratación pública de la experiencia laboral en el extranjero, así como de los estudios y los títulos de idiomas emitidos por instituciones oficiales extranjeras.

Asimismo, mejoraremos el sistema de contribuciones para el reconocimiento de los años cotizados en países de la Unión Europea, y equipararemos los derechos de las personas emigradas a los del resto de españoles en todo lo relativo a servicios sociales (por ejemplo, una vivienda de protección oficial).

309

Derecho a voto y a la participación política de la población extranjera residente en nuestro país

  • El acceso al censo electoral se realizará a través del padrón municipal, sin requisitos adicionales.
  • Regularemos el derecho de sufragio mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y no por medio de tratados internacionales bilaterales. Reconoceremos el sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros estables, no solo a los ciudadanos de la Unión Europea.
  • Reduciremos de manera sustancial los plazos de residencia exigidos para acceder a estos derechos.
  • Suprimiremos la prohibición de crear partidos políticos por parte de extranjeros, como se recoge en la Ley Orgánica 6 / 2002, de 27 de junio, de partidos políticos.
  • Estudiaremos la viabilidad de incorporar en el marco constitucional vigente la participación de la población extranjera en las elecciones autonómicas y en los referéndums.
310

Eliminación del test de nacionalidad y reducciones en los plazos para obtener la nacionalidad

  • Eliminaremos el test de nacionalidad española, requisito en la actualidad para poder obtener la nacionalidad española.
  • Acortaremos los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad por residencia: cinco años de plazo general, tres años para refugiados, y un año para la población originaria de países con los que España mantiene históricamente una buena relación.
  • Suprimiremos las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento. Eliminaremos la exigencia general de renuncia a la nacionalidad de origen para adquirir la española sin necesidad de tratados de doble nacionalidad, al menos en determinados casos (como, por ejemplo, el de la población refugiada).
  • Otorgaremos mayor relevancia al criterio del ius soli (derecho de lugar) en la atribución de la nacionalidad de origen.
311

Creación de la Secretaría de Estado de Políticas Migratorias

Crearemos una Secretaría de Estado de Políticas Migratorias para implantar un nuevo modelo de enfoque migratorio basado en la coordinación del trabajo entre ministerios relacionados con migraciones y diversidad, además de para concentrar las competencias relativas a migraciones, actualmente dispersas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el de Interior y el de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La actual Secretaría General de Inmigración y Emigración recuperará su condición de Secretaría de Estado y pasará a denominarse Secretaría de Estado de Políticas Migratorias. LLevará a cabo tareas de valoración, baremación y seguimiento de proyectos subvencionados, y apostará por el trabajo público en lugar del externalizado.

312

Vías legales y seguras de entrada en España y flexibilización de los procesos de reagrupación familiar

Articularemos vías legales y seguras de entrada en España, y apostaremos especialmente por la flexibilización de los procesos de reagrupación familiar.

Implantaremos una nueva política de visados con distinta tipología, como por ejemplo el de búsqueda de empleo, que permita la estancia temporal en España y el regreso al país de origen si no se ha logrado encontrar un trabajo, sin prohibición de nueva entrada.

La renovación de las autorizaciones de residencia no se vinculará exclusivamente a la posesión de un contrato en vigor o una oferta de empleo, y se flexibilizarán asimismo los procesos de arraigo.

313

«Ley 14» para la igualdad de trato y para el fomento de la convivencia

Aprobaremos una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación y para el fomento de la convivencia, la «Ley 14», que asegure la independencia del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y lo haga más accesible. Además de funciones de diagnóstico y recopilación de datos, este observatorio elaborará propuestas, funciones preventivas y de asistencia integral y protección a las víctimas de cualquier forma de discriminación.

Elaboraremos y pondremos en marcha un plan estatal integral de convivencia en el que se otorgue la máxima prioridad a medidas comunitarias, educativas y sociales que prevengan el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación. Asimismo, incluirá medidas en el ámbito del empleo y en el de la formación de funcionarios y empleados públicos (especialmente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), así como también de difusión y apoyo en medios de comunicación. Con este plan promoveremos la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas de las fronteras y el avance en el proceso de descolonización simbólica.

314

Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

  • Cerraremos los CIE, pues constituyen una anomalía del sistema democrático.
  • Desarrollaremos mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos étnicos o de origen ante los diferentes operadores jurídicos.
  • Erradicaremos los controles de identidad policiales en los que se tenga en cuenta el perfil étnico y los vuelos colectivos de deportación.
315

Garantía del derecho de asilo: vías legales de acceso, sistema común de asilo y programas dignos de reasentamiento

Promoveremos la adopción de un sistema común de asilo real y eficaz en el ámbito europeo que ponga fin a la falta de homogeneidad en la protección internacional de los refugiados en los distintos países miembros, así como la creación de una Agencia Europea de Salvamento.

Articularemos canales de entrada seguros y legales al recuperar la posibilidad de solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados españoles de terceros países y con la concesión de visados humanitarios, la eliminación del visado de tránsito para quienes huyen de países en conflicto y la agilización de los procesos de reunificación familiar. Además, crearemos programas de reasentamiento dignos que aseguren una solución duradera y un compromiso de España en función de su población y de sus recursos.

Aprobaremos, de manera urgente, el reglamento de la Ley de Asilo, y revisaremos el sistema de examen y admisión a trámite de las solicitudes de asilo, especialmente en aquellas presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera).

316

Restablecimiento de la legalidad de los pasos fronterizos: respeto a los derechos humanos en la frontera sur

Pondremos fin de forma inmediata a las devoluciones ilegales de personas en las zonas fronterizas, que contravienen la legalidad internacional. Para ello, derogaremos los artículos correspondientes de la Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Igualmente, pondremos fin a las vulneraciones de derechos humanos que se producen en la frontera sur. Para ello, eliminaremos los elementos lesivos colocados en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla y promoveremos la adopción de un protocolo de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta frontera sur. Además, revisaremos el tratado bilateral con Marruecos, a fin de garantizar el cumplimiento estricto del principio de no devolución.

Política exterior y cooperación internacional

317

Aprobación de un marco jurídico internacional para la reestructuración de la deuda soberana

Defenderemos la construcción, a medio plazo, de un sistema mundial de gobernanza económica y financiera más justo, eficaz, solidario y representativo del mundo multipolar en el que vivimos.

Con ese objetivo, el Gobierno de España promoverá, desde los organismos multilaterales en los que participa, la adopción de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, en la línea de los trabajos del Comité Ad Hoc de la ONU.

318

Prohibición de los productos financieros altamente especulativos

Para la construcción de un verdadero sistema internacional de supervisión bancaria y financiera, más allá de los Acuerdos de Basilea III, promoveremos, desde los foros competentes, la prohibición de los productos financieros altamente especulativos, así como la promoción de formas de financiación alternativa o banca ética.

319

Reforma de los sistemas de votación del G-20 y del Fondo Monetario Internacional

Exigiremos, desde los foros multilaterales, la reforma de los sistemas de votación y rendición de cuentas del G-20 y del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que se reforzará la participación de la sociedad civil organizada en estos organismos, que pasarán a ser más democráticos y transparentes y reflejerán la realidad de un mundo multipolar.

320

Contra la evasión fiscal: «tasa Tobin» e impuesto global sobre la riqueza

Instaremos a la creación de una agencia fiscal internacional, bajo el auspicio de la ONU, para luchar contra la elusión fiscal o la competición fiscal entre países, que tenga capacidad sancionadora y que obligue a las empresas multinacionales a pagar sus impuestos donde generan sus beneficios. Esa agencia tendrá entre sus objetivos:

  • El estudio de la creación de un impuesto global sobre la riqueza que grave gradualmente los grandes patrimonios como garantía de los derechos sociales.
  • La adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras.
  • La fijación de una definición universal y normativa vinculante para los paraísos fiscales.
321

Establecimiento de una lista negra de paraísos fiscales

Promoveremos tanto al establecimiento, en el marco de la OCDE, de una verdadera lista negra de paraísos fiscales como la adopción de una estrategia integral de lucha contra ellos, que incluya sanciones económicas para los Estados que incumplan la normativa.

Asimismo, reforzaremos la acción contra el blanqueo de dinero mediante el apoyo a iniciativas de restitución de capitales irregularmente evadidos, especialmente en los países del Sur.

322

Oposición al TTIP

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) es una amenaza a nuestra soberanía, a nuestra democracia, a nuestra economía y al Estado de bienestar porque concibe las regulaciones sociales y medioambientales como obstáculos al comercio. En consecuencia:

  • Nos oponemos a la ratificación de los tratados comerciales TTIP, TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios) y CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio) y estableceremos un diálogo con otros Gobiernos europeos para que actúen de la misma manera.
  • Auditaremos y pondremos fin a todos los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que contengan mecanismos secretos de arbitraje privado entre inversores y Estados.
  • Promoveremos la creación de una red internacional de gobiernos e instituciones multilaterales ―como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la OIT―, un cambio en las políticas de comercio e inversión del Consejo Europeo y una actitud disuasoria para que los países de la Unión Europea no presionen a terceros para firmar nuevos tratados de comercio e inversión.
  • Elaboraremos un estudio de impacto integral, con participación de la sociedad civil, de la política comercial común de la Unión Europea en España y en el mundo.
323

Hacia la abolición del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU

Durante el mandato de España en el Consejo de Seguridad de la ONU (que expira a finales de 2016) plantearemos la propuesta de agilización de la reforma integral del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlo más democrático, transparente y representativo, con la intención de acabar con el derecho de veto y priorizar un mandato orientado a la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis.

Mientras no se produzca esa reforma, promoveremos un compromiso formal de no utilizar el veto en lo relativo a cuestiones humanitarias (casos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad), como primer paso hacia la eventual supresión de esta prerrogativa.

324

Impulso de la elección de una mujer como próxima secretaria general de la ONU

Durante el mandato de España en el Consejo de Seguridad de la ONU también apoyaremos la elección de una mujer como próxima secretaria general de la ONU, que se elegirá en un proceso transparente basado en la meritocracia.

Además, apostaremos por que el Consejo sea coherente con su mandato de respeto a los derechos de las mujeres y la equidad de género, mediante la promoción de la participación de mujeres en posiciones de liderazgo en organismos multilaterales de la ONU y, asimismo, priorizando la asignación de recursos para apoyar los derechos de las mujeres en la política global en alianza con los movimientos de mujeres.

325

Sometimiento a consulta ciudadana de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones militares internacionales

Promoveremos una agenda multidimensional que contribuya a construir unas relaciones más justas, pacíficas y seguras, y que impliquen una renuncia a la guerra como herramienta ofensiva de política exterior.

Desde esta perspectiva y con objeto de fortalecer nuestra democracia, impulsaremos consultas ciudadanas sobre la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones militares internacionales de calado. Esta participación será siempre conforme al derecho internacional y deberá contar con la autorización de la ONU.

326

Auditoría y revisión del convenio con Estados Unidos sobre la base militar permanente en Morón

Auditaremos y revisaremos los convenios de defensa suscritos por España, en particular el convenio de defensa con Estados Unidos y su tercer protocolo de enmienda de 2015, que convierte en permanente la presencia en Morón de la fuerza estadounidense de acción rápida en África. Consideramos que la existencia de bases estadounidenses en España y la participación en los esquemas del escudo antimisiles afectan a nuestra soberanía y suponen un riesgo para nuestra seguridad nacional.

327

Mayor autonomía de España y Europa en la OTAN

Buscaremos dotar de una mayor autonomía estratégica tanto a Europa como a España en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para lo cual profundizaremos en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en la Europa de la Defensa para afrontar las relaciones con nuestro entorno y las problemáticas globales desde una perspectiva exclusivamente europea. En este sentido, defenderemos neutralizar el papel desestabilizador de la OTAN en Europa del Este, congelar las fronteras actuales de la alianza y detener la instalación del escudo antimisiles en el este de Europa y el mar Báltico.

A medio plazo, apoyaremos la compatibilidad de la alianza con una arquitectura de seguridad paneuropea en la que participe Rusia, sobre la base de una reactivación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

328

Derechos para las migraciones de ida y vuelta entre España y América Latina

Fijaremos como prioridad fortalecer las relaciones con una región clave para nuestro país como es Latinoamérica, por los lazos históricos, económicos y socioculturales que nos unen. Para ello proponemos:

  • Favorecer la intermigración con acuerdos bilaterales que protejan los derechos de los emigrantes españoles en América Latina y los latinoamericanos en España.
  • Reconocer e intensificar las relaciones bilaterales y de la Unión Europea con las nuevas realidades regionales de América Latina (como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, o la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) para lo que fomentaremos la cooperación más allá de la integración comercial y favoreceremos especialmente los intercambios en educación, investigación, ciencia y economía cooperativa, social y solidaria.
  • Impulsar la promoción de los derechos humanos, especialmente en los actuales procesos populares de lucha contra la impunidad y la corrupción en Centroamérica.
  • Contribuir a la normalización progresiva de las relaciones políticas y comerciales con Cuba, tanto a nivel bilateral como multilateral, para revertir la posición común de la Unión Europea adoptada en 1996.
329

Compromiso con la libre determinación del Sáhara Occidental y concesión de la nacionalidad española a la población saharaui residente en España

Defendemos el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Por ello, asumiremos un papel más activo en el Consejo de Seguridad de la ONU y exigiremos revisar el marco general del proceso negociador, para fortalecer el mandato de la mediación de la ONU y posibilitar que el Consejo de Seguridad sancione a aquellos que obstruyan el proceso político. Además, abogaremos para que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) contribuya a la supervisión del respeto y defensa de los derechos humanos y la organización de desplazamientos oficiales sobre el terreno, tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Asimismo, aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis, apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y favoreceremos el acceso a la nacionalidad española de los saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otras personas en su situación.

Por último, abogaremos por el nombramiento de un Representante Especial de la Unión Europea para el Sáhara Occidental que pueda hacer un seguimiento regular de la resolución del conflicto a nivel comunitario.

330

Reconocimiento del Estado palestino

Reconoceremos a Palestina como Estado de forma inminente y unilateral. Creemos que este primer paso es imprescindible, aunque no el único, para garantizar la paz, el respeto a los derechos humanos y la seguridad (doctrina de la seguridad humana de la ONU) entre Israel y Palestina, así como el reconocimiento y disfrute de los derechos nacionales.

Se tratará de un compromiso histórico de nuestro Gobierno no solo con los palestinos, sino también con la población de nuestro país. Un compromiso histórico que deberá materializarse en hechos concretos como primer paso para abordar otros asuntos, por lo que propondremos que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca un plazo vinculante para que se retomen las negociaciones entre israelíes y palestinos bajo la supervisión y el control de organismos multilaterales internacionales.

En el caso de que se produzcan violaciones de derechos humanos, nuestro país impulsará la imposición de sanciones frente a las políticas de ocupación, segregación, discriminación y castigos colectivos por parte del Estado de Israel hacia las poblaciones palestinas.

331

Nuevo Plan África

Elaboraremos un nuevo Plan África con el objetivo de apoyar a las sociedades africanas en sus esfuerzos por promover la democracia, los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible e inclusivo. Este plan se hará en un marco de coherencia de políticas, y contará tanto con la participación de la sociedad civil española como con actores africanos.

Defenderemos el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. En este sentido, abogaremos por potenciar una presencia empresarial española responsable, transparente y respetuosa con esos principios.

Y también priorizaremos la cooperación con organizaciones regionales y subregionales africanas en foros multilaterales.

332

Cooperación científica y cultural con Estados Unidos para evitar la fuga de cerebros

Con el objetivo de revertir la fuga de cerebros españoles a Estados Unidos, reforzaremos la cooperación científica, cultural y educativa con este país. Para ello, aumentaremos el presupuesto relativo a becas de ampliación de estudios y prácticas profesionales e investigación científica vinculadas a proyectos de españoles, y promoveremos incentivos que favorezcan el retorno de los investigadores españoles tras haber ampliado su formación en Estados Unidos.

Además, desarrollaremos el Plan Unidos, una iniciativa para establecer mayores vínculos culturales, educativos y económicos con la comunidad hispana de Estados Unidos, que supone casi un tercio de la población de este país. La red de centros del Instituto Cervantes contribuirá a reforzar su conexión latinoamericana al organizar e impulsar actividades culturales que recojan toda la riqueza de la lengua y la cultura en España y América.

También crearemos una red de empresas incubadoras y aceleradoras en Estados Unidos y en España que contribuya a la creación de proyectos empresariales viables e innovadores en ambos países, especialmente en el sector de la economía social y solidaria, para facilitar la entrada de las pymes españolas en el mercado norteamericano y su consiguiente beneficio.

333

Reducción de gastos suntuarios del servicio exterior y más atención a emigrantes españoles

Desarrollaremos una reforma del servicio exterior con arreglo a los siguientes principios:

  • Modernización de los métodos de trabajo y de organización interna, revisión del concurso de acceso a la carrera diplomática y estudio del establecimiento de un cuarto turno, y mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios y contratados en España y en el exterior.
  • Racionalización de los recursos a través de la disminución de gastos suntuarios y la reasignación de los recursos suprimidos. Revisión de la política salarial para evitar las desigualdades y racionalización de la política de compra y alquileres de las sedes dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tanto en España como en el extranjero.
  • Refuerzo de los servicios de asistencia consular y, en general, de todos los de atención al ciudadano, especialmente los relativos a los residentes españoles en el extranjero.
334

Transformación de la Marca España y del Instituto Cervantes para que sean reflejo de la diversidad y plurinacionalidad de nuestro país

Desde la convicción de que la política exterior sigue unos principios generales básicos, pero al mismo tiempo debe ser un reflejo de la diversidad del Estado, y asimismo desde el convencimiento de que tiene que ser una política transparente y abierta a la participación de la sociedad civil, con mecanismos de control y rendición de cuentas, crearemos un Consejo Interterritorial de Política y Acción Exterior en el que participará la sociedad civil y que reforzará la coordinación interministerial. Del mismo modo, crearemos un consejo ciudadano que participará en la elaboración y supervisión de nuestra política exterior y del respeto y la defensa de los derechos humanos.

En consonancia con lo anterior, reformaremos y adecuaremos el Instituto Cervantes a la diversidad lingüística y cultural de España, y transformaremos la Marca España para que, desde una perspectiva integradora, represente la diversidad y la plurinacionalidad de nuestro país, así como los intereses de toda la ciudadanía.

335

Aprobación de un Pacto por la Justicia Global y de una Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional

Impulsaremos la elaboración, aprobación y ejecución de un Pacto por la Justicia Global que articule la nueva política de solidaridad y cooperación internacional. Este pacto contemplará la aprobación de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional que, en un marco coherente de políticas para el desarrollo sostenible, constituirá el anclaje legal para la nueva política de Estado en esta materia. La ley incorporará mecanismos de participación de la ciudadanía organizada (movimientos sociales, comités de solidaridad y ONGD) en la nueva política de solidaridad y cooperación internacional, especialmente el Consejo de Cooperación, para convertirlo en un verdadero espacio de planificación, seguimiento y evaluación de dicha política.

Además, la Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional establecerá una nueva política de financiación que asegure la participación activa y protagónica de la ciudadanía en nuestra política de solidaridad y cooperación, adaptando su financiación a las funciones que desempeñarán las organizaciones y los movimientos sociales en este ámbito, para potenciar así su papel movilizador.

336

Aumento del presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo

Destinaremos el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en un máximo de dos legislaturas (establecemos como meta para la primera legislatura un mínimo del 0,4 %). La AOD actuará al margen de intereses comerciales, geoestratégicos o de cualquier otro carácter que sean distintos a los recogidos en el Pacto por la Justicia Global, y regirá su actuación en base a los principios de suficiencia, previsibilidad y respaldo técnico.

Las alianzas público-privadas quedarán subordinadas a una nueva estrategia de participación del sector privado en el desarrollo sostenible, que se construirá junto con la ciudadanía organizada y será de obligado cumplimiento para las empresas que participen en dichas alianzas y en las acciones de cooperación y solidaridad internacional.

Además, realizaremos auditorías con participación ciudadana (incluida la de los países socios de la acción de solidaridad y cooperación internacional) sobre el impacto en la igualdad, los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental de las actividades de las empresas financiadas con fondos de la AOD española.

Por último, destinaremos el 15 % de los fondos de la AOD a intervenciones específicas de género, al empoderamiento de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva, priorizando la asignación de recursos a los movimientos feministas y a favor de los derechos de las mujeres, en los ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales.

337

Creación del Ministerio de Igualdad y Solidaridad

Crearemos un nuevo Ministerio de Igualdad y Solidaridad, que será el organismo responsable de la implementación de la política de cooperación y solidaridad internacional.

Su nivel de interlocución interministerial será elevado y se encargará de la planificación, dirección e implementación de todas las acciones que comprenden actualmente la cooperación internacional para el desarrollo (política de solidaridad y cooperación, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global, investigación para la justicia global y el desarrollo sostenible, etcétera), incluyendo la gestión de sus instrumentos financieros (AOD), reembolsables o no, y la acción para la justicia económica global. Se encargará, igualmente, de garantizar la coherencia de las políticas para el desarrollo a través de una unidad con capacidad de análisis, evaluación y auditoría de todas las políticas públicas.

Además, pondremos en marcha una nueva carrera para formar profesionales en cooperación y solidaridad internacional, que estará diferenciada explícita, funcional y orgánicamente de la carrera diplomática.




Andalucía

338

Liberalización de la AP-4 (Sevilla-Jerez)

La concesión de este tramo de autopista, después de ser prorrogada hace unos años, está a punto de finalizar. Proponemos, dada la inexistencia de una vía de alta velocidad alternativa, que no se prorrogue la concesión y se eliminen los peajes. Con ello, se facilitaría la conexión por carretera de la Campiña de Jerez y la desembocadura del Guadalquivir con Sevilla.

339

Inmatriculaciones de la Iglesia católica

Proponemos la recuperación del patrimonio histórico-cultural para el disfrute público. La Iglesia católica se ha apropiado de una parte importante de nuestro patrimonio sin ningún tipo de contrapartida al Estado y mediante un registro privado e independiente del registro público. Por ello, atenderemos las reivindicaciones de diversos colectivos de la sociedad civil, como las relativas a la mezquita de Córdoba.

340

Regulación de aprovechamientos hidráulicos de las subcuencas de los ríos Genil, Fardes y Guadiana Menor

Llevaremos a cabo las siguientes propuestas:

  • Derogación de los proyectos de trasvase del río Castril.
  • Regulación de aprovechamientos hidráulicos de las subcuencas de los ríos Genil, Fardes y Guadiana Menor.
  • Realización de un plan integral de saneamiento y restauración del río Genil entre Granada y Loja.
  • Mantenimiento de los siguientes embalses: El Portillo, San Clemente, Negratín, Francisco Abellán, Canales, Quéntar, Cubillas, Colomera y Bermejales.
341

Descontaminación de terrenos anteriormente utilizados por la industria

Realizaremos las actuaciones necesarias para la retirada de los fosfoyesos y del cesio-137 procedente de las cenizas de Acerinox y demás residuos vertidos en la marisma del Rincón y en la de Mendaña, al igual que el resto de residuos vertidos en las contaminadas marismas del Pinar.

Además, procuraremos la máxima descontaminación de los terrenos ocupados por las industrias que han cerrado en la avenida Francisco Montenegro (Punta del Sebo), y los recuperaremos íntegramente para el uso y disfrute de la ciudadanía.

También impulsaremos la regeneración y restauración de los humedales de las marismas del río Tinto mediante un proyecto innovador a nivel mundial que servirá para proyectar una imagen verde, nueva y moderna.

342

Mejora y creación de nuevos tramos en la red de carreteras

Promoveremos la finalización de la autovía del Olivar y de la A-32 (Linares-Albacete) y la realización de un estudio de la variante N-322 que cruza la comarca de El Condado.

343

Construcción de una segunda presa en el pantano de la Concepción

Abogaremos por la construcción de una segunda presa en el pantano de la Concepción, pues es un proyecto que lleva muchos años considerándose imprescindible para toda la Costa del Sol occidental, ya que la capacidad de la actual (construida en 1971) es insuficiente para abastecer a la población.

344

Mejora de la red ferroviaria para la vertebración de Andalucía

Procuraremos una mejor dotación de infraestructuras ferroviarias, con carácter interprovincial e interregional, para reactivar la economía y para mejorar la movilidad y la convivencia de los andaluces y andaluzas:

  • Almería. Conexión Almería-Murcia: pasajeros y tren de alta velocidad (TAV) de mercancías. Conexión TAV con Granada. Desarrollo de una red de tren de Cercanías en la comarca del Poniente.
  • Cádiz. Electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla para mejorar las conexiones del puerto y la ciudad.
  • Granada. Proyecto de ferrocarril que conecte Granada (por Motril) con Málaga y Almería.
  • Huelva. Mejora y ampliación de la conexión ferroviaria con Extremadura (la actual Huelva-Zafra), además de la mejora de los servicios de la línea Huelva-Sevilla.
  • Jaén. Reactivación y mejora de la red de tren de Cercanías, así como de la estación Linares-Baeza.
  • Málaga. Corredor ferroviario litoral desde Málaga a Algeciras, con extensión hasta Nerja.
  • Sevilla. Mejora de la red de tren de Cercanías; en particular, la conexión de Los Palacios con la línea Cádiz-Sevilla a la altura de Utrera.
345

Plan integral de protección del olivar y su industria

Promoveremos medidas para mejorar la calidad de vida en el ámbito olivarero, así como sus condiciones de comercialización y exportación:

  • Apoyaremos la industria relacionada con la explotación agrícola en Jaén.
  • Abogaremos por la mediación estatal en el precio del aceite de oliva para acabar con las prácticas abusivas.
  • Fomentaremos la distribución y el embotellado del aceite de oliva desde la provincia para apostar por una menor dependencia de intermediarios.
  • Velaremos por el cumplimiento estricto de las normas que rigen la obtención y utilización de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.
  • Promoveremos la implantación de cultivos complementarios en las explotaciones dedicadas al olivar.
  • Explicaremos mediante campañas publicitarias las especiales características del aceite de oliva como base de la dieta mediterránea, para poner en valor sus cualidades.
  • Apoyaremos la declaración del olivar andaluz como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.
346

Plan de mejora y redimensionamiento de la empresa pública incineradora REMESA

Pondremos en marcha un plan para mejorar la actividad de la empresa de tratamiento de residuos REMESA con el objetivo de alcanzar la media europea en tasas de material reciclado y contribuir a conservar la biodiversidad, al mismo tiempo que se fomenta la creación de puestos de trabajo.

Aragón

347

Reapertura de la línea ferroviaria Canfranc-Olorón en el horizonte 2020

Restauraremos y reabriremos la línea ferroviaria entre Huesca y el sudoeste de Francia para facilitar el tránsito de mercancías y viajeros entre España y Francia, lo que conllevará una mejora competitiva y el desarrollo de Aragón como polo logístico.

348

Paralización de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa

Suspenderemos las obras de recrecimiento del pantano de Yesa en Aragón, tras haberse multiplicado por cinco el coste presupuestado debido a problemas geológicos no previstos inicialmente. Además, existe un riesgo de ruptura de la presa, y las obras tendrían unos costes medioambientales que no se habían considerado al principio, aparte del efecto sobre el patrimonio natural y urbano que el desarrollo de esta obra hidráulica supone.

349

Mejora del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo

Impulsaremos una mejora de las comunicaciones entre el Cantábrico y el Mediterráneo mediante un plan de inversiones en las líneas ferroviarias del trazado Teruel-Zaragoza-Sagunto, para potenciar la capacidad logística de Aragón y las relaciones comerciales entre el norte y el este peninsular.

Asturies / aSTURIAS

350

Fondos mineros para el desarrollo de Asturias

Impulsaremos la resolución del conflicto entre administraciones por el pago de las cantidades adeudadas de fondos mineros, y aplicaremos dichos fondos a políticas económicas expansivas que permitan destinar esas cuantías a proyectos que mejoren el fortalecimiento de las pymes asturianas, el empleo sostenible y los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales.

351

Plan de infraestructuras

Promoveremos un cambio en la política de infraestructuras hacia una utilización inteligente de los recursos y una articulación ecuánime del territorio asturiano. Para ello, hemos fijado cuatro objetivos básicos en el plan de infraestructuras para la próxima legislatura:

  • Mejora sustancial del servicio de tren de Cercanías para establecer un servicio de alta frecuencia que proporcione a Asturias la fluidez necesaria en los desplazamientos.
  • Finalización de los tramos pendientes en la autovía de La Espina.
  • Eliminación del peaje del Huerna, con el fin de proporcionar a Asturias una entrada directa sin sobrecostes que impidan el desarrollo económico del territorio.
  • Protección de la ciudadanía frente a la contaminación acústica, visual y atmosférica que generan las grandes infraestructuras (autovías, autopistas y redes ferroviarias) a su paso por núcleos urbanos.
352

Impulso de un régimen específico balear basado en el equilibrio económico y solidario entre los distintos territorios del Estado español

  • Cumpliremos la normativa existente en el ordenamiento jurídico balear que explícitamente mejore la financiación de las Islas Baleares.
  • Promoveremos la obtención del estatus de territorio especial para las Islas Baleares y la aplicación de la normativa específica de la Unión Europea para estos supuestos.
  • Elaboraremos un programa de inversiones estatales y en las Islas Baleares.
  • Diseñaremos un régimen económico específico para lasIslas Baleares que atienda la compensación interterritorial.
  • Crearemos un instrumento de política económica que otorgue validez objetiva y compensadora a determinados sectores, para garantizar el desarrollo económico, laboral y social de nuestro territorio.
353

Declaración de interés público de las conexiones interislas y peninsulares para Islas Baleares y las islas Canarias

A partir de la declaración de interés público, se tasarán precios reducidos en los vuelos interislas y peninsulares para los residentes en las islas.

Canarias

354

Reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) en la Constitución española

Garantizaremos constitucionalmente la permanencia y vertebración del régimen económico y fiscal de las islas Canarias. El Gobierno instará a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias a la modificación parcial del título IV del Estatuto de Autonomía de Canarias con el fin de incluir los principios de modulación de las políticas y actuaciones legislativas, reglamentarias y financieras de los poderes públicos del Estado. La legislación estatal habrá de dotar de un tratamiento específico a aquellas materias que lo requieran en atención a la lejanía, la insularidad y las limitaciones estructurales permanentes de Canarias, para que se reconozcan en la Constitución española las características de RUP que la Unión Europea ya reconoce.

355

Fomento de las actuaciones derivadas de la reserva de inversiones para Canarias

Promoveremos la aplicación de los beneficios fiscales recogidos por la reserva de inversiones para Canarias, de modo que se incentivará la inversión de los recursos empresariales en las islas, con el consiguiente incremento en la creación de puestos de trabajo y en la formación profesional de la población canaria.

356

Cumplimiento de los principales objetivos y medidas de los Programas de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) para garantizar la dotación presupuestaria

Garantizaremos una dotación presupuestaria adecuada, con complementos por parte de la Administración central en los casos en que el Gobierno de Canarias no pueda financiar el tramo que le corresponde, con el fin de cumplir los principales objetivos del POSEI, que son los siguientes:

  • Promoción de un desarrollo sostenible que permita el mantenimiento de la actividad agropecuaria en Canarias y el incremento del autoabastecimiento, pasos firmes hacia la soberanía alimentaria, así como el mantenimiento de unas rentas agrarias dignas, que sostengan el paisaje, los usos y las tradiciones agrícolas, para evitar la desertización del suelo y preservar la biodiversidad, todo lo cual conllevará una mejora en la calidad de los productos y la incorporación de elementos diferenciadores en el mercado.
  • Financiación igual para todos los que producen en las mismas condiciones.
  • Garantía para el abastecimiento de productos para el consumo y la transformación y, asimismo, de insumos agrarios que compensen el sobrecoste que supone ser territorio RUP.
  • Prohibición de las compensaciones a productos que compiten con la producción local.
  • Establecimiento de mecanismos de control e inspección suficientes que impidan el fraude.
  • Creación de un sistema simplificado de acceso a las ayudas para los pequeños agricultores.
  • Fomento de las explotaciones agroecológicas.
  • Prohibición de las ayudas a la importación de productos transgénicos.
  • Impulso del cambio de modelo energético hacia un nuevo modelo de energías renovables, limpias, eficaces y sostenibles.
357

No al fracking en Cantabria

En función de los riesgos medioambientales y sanitarios, y de sus consecuencias para el modo de vida rural, suspenderemos los permisos concedidos para la actividad de fracking en Cantabria. Esto afecta a los siguientes proyectos:

  • Luena, cuya incidencia recae sobre los valles de Besaya, Pas, Pisueña, Miera y Asón, y sobre una parte de Burgos.
  • Bezana-Bigüenzo, que afecta a todo el sur de Cantabria: Campoo, Valdeprado y Valderredible, así como a una parte de Palencia y Burgos.
358

Plan de reactivación económica para las comarcas del Besaya y de Reinosa

Promoveremos un plan de reindustrialización sostenible en las comarcas del Besaya y de Reinosa, en las que el desmantelamiento de la industria ha tenido efectos significativamente negativos sobre la actividad y el empleo. Las principales líneas de actuación de este plan serán:

  • La puesta en marcha de ayudas para la modernización de industrias en riesgo de deslocalización, mediante la compra de maquinaria y patentes y la transformación de procesos productivos que permitan incrementar la productividad y la competitividad.
  • El asesoramiento en la búsqueda de nuevos mercados, la internacionalización de las empresas, el aprovechamiento de cadenas globales de valor y el fomento de las exportaciones de bienes y servicios.
  • La concesión de incentivos para el incremento de la eficiencia energética y la reducción de emisiones y residuos procedentes del proceso productivo.
  • El fomento del desarrollo de nuevo suelo industrial y readaptación del ya existente.
  • La concesión de incentivos para atraer nuevas empresas, inversión extranjera directa y participación en sociedades mixtas.
  • La mejora de las infraestructuras viales para reducir el coste del transporte de mercancías.
  • La implementación de un plan de ayudas para atraer el talento y la formación continua de los trabajadores.
359

Paralización completa del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas

Promoveremos la sustitución del almacén temporal centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas por una planta de investigación de energía limpia (biocombustibles, fotovoltaica, eólica, etcétera); esta acción se convertirá en una referencia estatal, pues contribuirá a iniciar una transición energética eficiente en todo el país.

360

Plataforma logística intermodal y tren de mercancías para Toledo

Pondremos en marcha las acciones necesarias para que la ciudad de Toledo cuente con una plataforma logística intermodal y un tren de mercancías, puesto que la supresión de esta infraestructura ha provocado un importante parón en el desarrollo industrial y en la creación de empleo.

361

Propuesta de anteproyecto de ley para la defensa de la autonomía local y el reconocimiento de las comarcas

Devolveremos la capacidad de decisión, y los recursos para ejercerla, a los municipios unidos o mancomunados. Por ello, trabajaremos conscientemente con el fin de garantizar la defensa de las fórmulas específicas de organización de los municipios o entidades menores que forman la unidad comarcal, para lo que salvaguardaremos sus derechos patrimoniales sobre el territorio y pondremos definitivamente en marcha la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de forma que se pueda asegurar la discriminación positiva para aquellas comarcas con mayor despoblación y mayores carencias de infraestructuras. Procuraremos que las unidades de gobierno de ámbito comarcal (municipios unificados o mancomunados) queden adecuadamente dotadas con los recursos necesarios para autogestionar los servicios básicos en su territorio y participar en el control de las acciones que en él realizan la Administración autonómica y la Administración General del Estado.

362

Ferrocarril para Castilla y León

Castilla y León es una comunidad autónoma muy extensa con importantes carencias en lo relativo a las comunicaciones entre sus provincias, comarcas y pueblos, por lo que estudiaremos los accesos y conexiones para mejorar la movilidad y accesibilidad desde esta comunidad hacia otras comunidades autónomas, así como los desplazamientos internos entre las diferentes provincias de la comunidad castellanoleonesa.

Las medidas que pondremos en marcha obedecerán a los siguientes objetivos:

  • Potenciar el tren convencional y de Cercanías.
  • Favorecer el transporte de mercancías por ferrocarril. España es uno de los países que tiene unos porcentajes más bajos de Europa en este tipo de transporte.
  • Reabrir el tramo entre Madrid-Aranda de Duero y Burgos.
  • Reabrir el tramo de la Vía de la Plata (Zamora-Salamanca-Plasencia) y la continuación hacia Asturias, por Benavente; se valorará un tramo nuevo y directo desde Benavente hacia León.
  • Retomar el proyecto de la línea Madrid-Plasencia, el conocido como el «tren de la cereza».
363

Ampliar y mejorar el sistema de Cercanías (Rodalies) de la región metropolitana de Barcelona

Incrementaremos las frecuencias, mejoraremos la calidad del servicio y promoveremos la implementación de trenes semidirectos.

364

Cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con las inversiones en infraestructuras

Consideramos que es imprescindible dar cumplimiento, de manera retroactiva, a la disposición adicional tercera del Estatuto, referente a las inversiones estatales en las infraestructuras catalanas.

365

Mejora de la red ferroviaria en las comarcas de montaña

Ampliaremos y mejoraremos los tramos que unen zonas urbanas, rurales y periféricas en algunos puntos clave del territorio catalán, para de este modo mejorar también la conexión comercial y los flujos de movilidad.

366

Autovía Lleida-Pirineus

Ampliaremos y mejoraremos los tramos de carreteras que unen zonas urbanas, rurales y periféricas en algunos puntos clave del territorio catalán, como es el caso de la autovía Lleida-Pirineus.

Extremadura

367

Cooperación transfronteriza

Implementaremos un plan de actuación e inversión junto con Portugal, para fomentar así las comunicaciones e inversiones conjuntas.

Extremadura y el Alentejo portugués comparten una frontera, pero también poseen características socioeconómicas similares, como la baja densidad de población, la carencia en comunicaciones y transportes, y la dependencia de los sectores agrícola y ganadero. Por ello, favoreceremos el cambio de modelo productivo para ambas regiones, porque compartir servicios e infraestructuras es un objetivo común que requiere, más que cooperaciones puntuales, el diseño conjunto de proyectos y un firme compromiso en inversiones.

galiza / Galicia

368

Paralización de la A-57 para salvar los montes gallegos

Debido al gran impacto medioambiental, patrimonial y social, y al hecho de que no existe un planteamiento integral coherente de ejecución unitaria, proponemos la paralización del proyecto de la autovía A-57.

369

Saneamiento de la ría del Burgo

Promoveremos la limpieza de lodos y el saneamiento de la ría del Burgo tras el abandono que ha sufrido por parte de las diferentes administraciones, para hacer de la ría un lugar acorde con la excelente calidad del marisco gallego.

370

Recuperación de la ría de Pontevedra para la ciudadanía

Abogaremos por la derogación del artículo segundo de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que contempla la posibilidad de prorrogar las actuales concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta en 75 años más allá de las fechas de caducidad fijadas en las adjudicaciones. Este artículo facilitaría la permanencia de instalaciones como el complejo industrial de Ence-Elnosa en el dominio marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra.

Comunidad de madrid

371

Dotar de más agua (y de mejor calidad) al río Tajo a su paso por Aranjuez

Para ello, promoveremos:

  • La revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo correspondiente al proceso de planificación 2015-2021, para comprobar si se adapta a la normativa europea.
  • La coordinación con plataformas de la sociedad civil que puedan ampliar la información y las demandas (como, por ejemplo, Ecologistas en Acción, la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo y sus ríos o la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche).
  • El análisis de las posibles consecuencias del rechazo a la aprobación del Plan Hidrológico.
  • El establecimiento de medidas de contención de dichas consecuencias.
  • El rechazo de la aprobación del Plan Hidrológico, prevista para diciembre de 2015, en caso de que el plan no se adapte a la normativa europea.
  • La propuesta de elaboración de un nuevo plan que recoja un caudal mínimo ecológico de al menos 11,74 metros cúbicos por segundo y aplique la nueva política europea del agua.
372

Resolución del proyecto de construcción de la línea de tren de Cercanías Móstoles-Navalcarnero

Resolveremos la situación de la línea de tren de Cercanías Móstoles-Navalcarnero, cuya ejecución actualmente está detenida. Para ello:

  • Analizaremos la situación actual del proyecto desde los puntos de vista técnico, funcional, medioambiental, urbanístico y económico.
  • Revisaremos el contrato con la empresa adjudicataria.
  • Analizaremos la viabilidad de retomar la construcción de la línea ferroviaria, con la incorporación de estaciones en Arroyomolinos y Griñón.
  • Definiremos y analizaremos las alternativas para mejorar los accesos a las localidades afectadas.
373

Eliminación, soterramiento o traslado de las dos líneas de alta tensión que actualmente atraviesan de norte a sur el municipio de Arroyomolinos, por encima de viviendas, zonas verdes, áreas infantiles y zonas deportivas

Los pasos que daremos para conseguirlo serán los siguientes:

  • La elaboración y la difusión de un estudio acerca de todo el proceso (definición del proyecto, instalación, resultados e impacto ambiental).
  • La coordinación con plataformas vecinales y de la sociedad civil, además de expertos y administraciones implicadas, para determinar cuál es la mejor alternativa (eliminación, soterramiento o traslado).
  • La autorización para poder desarrollar la solución acordada.
374

Cumplimiento de las medidas de conservación y restauración de la cuenca hidrográfica del río Guadarrama

Aseguraremos el cumplimiento de las medidas de conservación y restauración de la cuenca hidrográfica del río Guadarrama (parque regional y espacio natural protegido), que comprende los términos municipales de El Álamo, Batres, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenarejo, Galapagar, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Las Rozas, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. Para ello, llevaremos a cabo:

  • Un estudio de la situación actual de la cuenca del río.
  • Y una revisión del Plan de Gestión de la cuenca del río Guadarrama y de su cumplimiento hasta la fecha.
375

Recuperación del proyecto para ampliar la línea C4 de tren de Cercanías hasta los municipios de Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco

Retomaremos este proyecto de ampliación para:

  • Analizar el estado actual del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015.
  • Realizar un estudio informativo y un presupuesto para la ampliación de la línea C4 de tren de Cercanías.
  • Definir y analizar las alternativas de trazado viables para construir la infraestructura ferroviaria.
  • Analizar la viabilidad y, en su caso, el emplazamiento más adecuado para la construcción de dos nuevas estaciones: una primera próxima al Hospital de Parla, y la segunda en las proximidades de las poblaciones de Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Este análisis se realizará teniendo en cuenta la accesibilidad, la demanda, las conexiones con otros medios de transporte público y las facilidades de construcción.
  • Realizar un estudio específico de las condiciones de explotación y demanda de transporte.
  • Ampliar la línea C4 de tren de Cercanías, siempre que se haya demostrado su viabilidad técnica y económica.
376

Revisión del proyecto de soterramiento de las vías del tren en el sur de Madrid

Revisaremos el proyecto de soterramiento de las vías del tren en el sur de Madrid que dividen en dos los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles. Para ello, analizaremos el acuerdo de colaboración firmado en 2011 entre el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de dichos municipios, así como la viabilidad de los compromisos que competan al Ministerio y se incluyan en el acuerdo y, finalmente, las posibles alternativas y soluciones para cumplir dichos compromisos.

Región de murcia

377

Mejora de la red ferroviaria de la Región de Murcia

  • Promoveremos la electrificación y el desdoblamiento de vías del tren en la región, el restablecimiento de la línea con Andalucía, y la eliminación de barreras en los tramos de Murcia-Alicante, Murcia-Albacete y Murcia-Andalucía.
  • Elaboraremos un plan para impulsar, mejorar y acondicionar la red ferroviaria de Cercanías, en concreto la red existente entre la Región de Murcia y las provincias de Alicante, Granada y Albacete, es decir, los tramos Cartagena-Alicante, Cartagena-Murcia, Murcia-Granada y Murcia-Albacete.
  • Desarrollaremos un plan para impulsar el tren de vía estrecha en la comarca del Campo de Cartagena.
  • Impulsaremos la creación del corredor de mercancías del Mediterráneo.
  • Eliminaremos el trazado ferroviario del municipio de Alcantarilla.
  • Promoveremos el soterramiento de las vías en toda la ciudad de Murcia.
378

Plan de defensa del litoral murciano

Derogaremos la Ley 2 / 2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y modificaremos la Ley 22 / 1988, de 28 de julio, de costas, para introducir medidas de protección reales y efectivas de la costa virgen (no urbanizada). También favoreceremos su aplicación y desarrollo, para lo que mantendremos la potestad del Estado de suspender actos y acuerdos de entes locales que afecten al dominio público marítimo-terrestre. Con ello, pretendemos frenar la destrucción (por la especulación urbanística) del litoral virgen murciano. Asimismo, evitaremos que proyectos con gran impacto negativo en el medio ambiente cuenten con el respaldo de leyes como la Ley del Suelo de 2001 de la Región de Murcia, que supuso la desprotección de buena parte del litoral afectado por el proyecto de urbanización de Marina de Cope.

NAFARROA / navarra

379

Desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales

Convertiremos el polígono de tiro de las Bardenas en un entorno natural para el disfrute de los navarros y las navarras. Para ello, será necesario:

  • Someter a consulta popular la renovación del contrato de arrendamiento.
  • Levantar la declaración de «zona de interés para la defensa».
  • Proceder al desmantelamiento del polígono.
  • Realizar un análisis ecológico y sanitario del entorno.
  • Procurar la reutilización de los recursos naturales en un sentido social, cultural y ecológico.
380

Paralización de las obras del tren de alta velocidad

Paralizaremos las obras del TAV hasta que dispongamos de un estudio exhaustivo y de una reformulación del proyecto en su conjunto, es decir, sus fundamentos, los planes de inversión pública en infraestructuras y de movilidad global, así como un estudio de viabilidad ferroviaria. Durante este proceso priorizaremos el debate social sobre las diversas alternativas que surjan en torno al proyecto.

euskadi / País Vasco

381

Regeneración del tejido productivo de las zonas industriales

Impulsaremos un plan de recuperación de las zonas industriales de la margen izquierda vizcaína (Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi,) y de la zona industrial de Guipúzcoa (Pasaia y Errenteria), y apostaremos por la producción y el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector metalúrgico (mayor I+D+i), los productos de alto valor añadido y la formación como vía hacia la reinserción de los profesionales del sector.

382

Apertura de un proceso de diálogo para la ampliación de competencias transferidas al País Vasco

Instaremos a las Cortes Generales a avanzar en materia de transferencias al País Vasco, y en este sentido otorgaremos prioridad a las competencias relativas a la inspección de trabajo y a la Administración, así como a la gestión de lo relacionado con la Seguridad Social, sin que esto suponga la ruptura de la caja única.

La Rioja

383

Plan urgente de reindustrialización para La Rioja

Incluiremos a La Rioja en un plan urgente de reindustrialización, junto a otros territorios del eje del Ebro, dentro del plan de inversiones para Europa (conocido como «plan Juncker»), pues la situación estratégica del eje del Ebro, nexo entre el arco atlántico y el arco mediterráneo, justifica la necesidad de dotar al territorio riojano de un dinamismo industrial perdido durante los últimos decenios.

384

Eliminación del requisito de no tener deudas con las administraciones públicas para poder acceder a los fondos de los servicios sociales

Convertiremos las ayudas de emergencia social en fondos o derechos inembargables y paralizaremos los embargos relativos a este tipo de ayudas que están en vigor.

comunitat valenciana / Comunidad valenciana

385

Plan integral para mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones

Implementaremos un plan integral para mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones en la Comunidad Valenciana que conlleve:

  • La eliminación del peaje de la AP-7 y la mejora de los accesos.
  • La mejora de la red ferroviaria regional y de Cercanías.
  • La mejora de las infraestructuras de transporte del interior de la Comunidad Valenciana y de la vertebración con el resto del Estado, con Europa y con el Mediterráneo.
  • La revitalización de los puertos marítimos de Alicante y Castellón, para lo cual se priorizará la construcción de accesos ferroviarios.
386

Aumento de la financiación estatal en apoyo del emprendimiento y las pymes

Aplicaremos un complemento de un 20 % con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de los fondos destinados por la Comunidad Valenciana a las siguientes partidas:

  • Promoción de emprendedores.
  • Cooperativismo y economía social.
  • Planificación y previsión económica.
  • Política industrial.
  • Ordenación y promoción comercial.
  • Comercio exterior.
387

Apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca

Aplicaremos un complemento de un 20 % con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de los fondos destinados por la Comunidad Valenciana a las siguientes partidas:

  • Investigación y tecnología agraria.
  • Ordenación y mejora de la producción pesquera.
  • Fomento y garantía agraria.
  • Concentración de la oferta y el cooperativismo.
  • Calidad agroalimentaria.
  • Desarrollo del medio rural.
  • Desarrollo y mejora de la ganadería.
  • Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
  • Saneamiento y depuración de aguas e infraestructuras agrarias.
388

Preservación de los espacios naturales

Promoveremos actuaciones orientadas a la preservación de los espacios naturales y para ello:

  • Paralizaremos o evitaremos actuaciones contra el medio ambiente, en particular las vinculadas al proyecto Castor. Respecto a este proyecto, desmantelaremos las infraestructuras existentes y exigiremos la depuración de responsabilidades.
  • Emprenderemos acciones que faciliten la declaración de la Albufera como reserva de la biosfera y los humedales de la comarca de La Safor como parque natural.
  • Implementaremos planes de acción orientados a la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica en la Vega Baja, la Serranía Celtibérica, el área metropolitana de Valencia y L’Horta, para garantizar un marco sostenible de recursos hídricos en toda la Comunidad Valenciana.
389

Turismo sostenible

Desarrollaremos un plan de sostenibilidad del turismo, mediante acuerdos concretos con los distintos actores y en un horizonte temporal de quince años, que establezca nuevas bases para el desarrollo de un nuevo modelo turístico para España y para cada una de las comunidades autónomas y municipios turísticos.

Estableceremos un nuevo marco regulador del turismo en relación con su impacto medioambiental, cultural y social mediante la creación de la etiqueta verde, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con la participación de comunidades autónomas, asociaciones empresariales, sindicatos, organismos de investigación y gestión medioambiental y otros agentes sociales en el territorio, tales como municipios o grupos de acción local.

Aseguraremos procesos productivos sostenibles mediante regulaciones adecuadas de los sistemas de trans- porte de los suministros, embalajes y reciclaje.

Impulsaremos el desarrollo de modelos de gestión de los establecimientos, de los servicios y de los destinos turísticos, así como de las instituciones que participan de ellos, basados en criterios eco-eficientes.

Promoveremos el desarrollo de los destinos turísticos gestionados mediante organismos participativos, capaces de incorporar los intereses de los distintos actores: empresarios, trabajadores, ciudadanos, gestores, investigadores, técnicos y responsables políticos.

390

Inembargabilidad de la primera y única vivienda

Promoveremos una declaración de inembargabilidad e inejecutabilidad de la primera y única vivienda, de ocupación permanente. Todo inmueble destinado a ser vivienda única y de ocupación permanente se declarará como un bien inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular.

En caso de fallecimiento del titular del inmueble, la inembargabilidad e inejucatibilidad afectará a los familiares con ocupación permanente en dicho inmueble y que no tengan alternativa habitacional. Se entenderá por familiares aquellos con ascendencia o descendencia directa del antiguo titular fallecido.

Las garantías de inembargabilidad e inejecutable no serán oponibles respecto de deudas originadas en obligaciones alimentarias, impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda u obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única.

391

Eliminación de las cláusulas abusivas

Promoveremos la eliminación automática e incondicional por parte de las entidades bancarias —y sin previa petición del titular— de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales, bajo apercibimiento de sanción en caso de no hacerlo.

392

Observatorio del Derecho a la Vivienda

Crearemos el Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV), con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España.

Las funciones del ODV incluirán la elaboración de censos periódicos de viviendas vacías, la realización de un seguimiento de las políticas públicas, y la elaboración de informes. Las capacidades del ODV no solo deben ser consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecución y elaboración de propuestas legislativas.

El ODV estará compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil.

393

Justicia independiente para los militares

Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces y magistrados con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal. Y suprimiremos la Sala V del Tribunal Supremo de lo Militar por razones de economía, independencia y transparencia. La actual configuración de la justicia militar no garantiza su plena independencia del mando militar.

394

Una sanidad de gestión pública y un derecho garantizado para todas las personas en igualdad, con independencia del lugar donde se resida

Incluiremos en la Ley General de Sanidad y en sus desarrollos normativos el precepto que garantice una sanidad pública universal, igualitaria, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia de su lugar de residencia.

La ley contemplará la obligación de destinar fondos estatales para cofinanciar suficientemente las infraestructuras y medios necesarios con el fin de corregir las desigualdades en materia de atención sanitaria pública, y cumplir los derechos humanos y constitucionales, así como las leyes y disposiciones vigentes. Ha de ser prioritaria la cofinanciación de centros hospitalarios y de atención especializada para las comarcas periféricas que se hallen a más de treinta minutos por carretera del hospital de referencia.

Es también imprescindible que las competencias autonómicas en materia de salud estén coordinadas y que exista la obligación de establecer Convenios Sanitarios que faciliten la atención completa a las poblaciones limítrofes, en especial para aquellos pacientes que necesiten una asistencia rápida y eficaz. Se hará también posible la elección de centro por proximidad y cercanía, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se resida, para la atención ambulatoria u hospitalaria.