Una alternativa para la Eurozona. Terminar con las políticas de austeridad y reformar las instituciones europeas.

La Eurozona se encuentra en una profunda crisis política, económica y social, determinada por factores estructurales y de hondo calado

BlueEurozone
23 junio, 2016

La crisis de la Eurozona
La Eurozona se encuentra en una profunda crisis política, económica y social, determinada por factores estructurales y de hondo calado. Destacamos tres planos.
En primer lugar, y desde el punto de vista institucional, debemos entender que la Eurozona no ha dejado de ser en ningún momento una unión monetaria incompleta, con enormes problemas de diseño. La pretensión de poner bajo una misma moneda común economías con niveles de productividad y con tejidos industriales tan diferentes, resulta difícilmente sostenible en ausencia de un Presupuesto Fiscal común que estabilice la Eurozona, o en ausencia de un mecanismo simétrico de ajuste de los elevados desequilibrios en balanza de pagos. Además, la UEM carece de un banco central que tenga el mandato de actuar como prestamista de última instancia de los Estados, lo que contribuyó a la crisis de las deudas soberanas durante2010-2012.
En segundo lugar, la Comisión Europea y el Eurogrupo han profundizado sobremanera medidas de corte neoliberal, hasta alcanzar una dimensión desconocida en Europa hasta el momento. Estas medidas han sido impulsadas particularmente por los países acreedores en el seno de la unión monetaria con la voluntad de imponer una fuerte disciplina presupuestaria y garantizar el cobro de la deuda externa. Pero estas medidas han tenido efectos desastrosos.
La austeridad fiscal y la devaluación de los salarios han reforzado los problemas estructurales de falta de demanda de la UEM, y su tendencia a la deflación. En lugar de garantizar la demanda agregada de las economías mediante una política fiscal expansiva, en un contexto de fuerte recesión de balances y donde el sector privado presentaba altos ratios de endeudamiento, Bruselas ha impuesto fuertes recortes fiscales, erosionado gravemente los servicios fundamentales del Estado del Bienestar. En lugar de garantizar la simetría en el esfuerzo de ajuste entre países con déficit y superávit externo, Bruselas opta por una política de devaluación salarial que es ineficiente e injusta.
El tercer plano en este análisis –el plano político– resulta determinante para entender la situación actual. La estrategia de política económica antes señalada se ha impuesto en los países de la eurozona con una enorme dosis de intervencionismo externo. La influencia del Eurogrupo y de la Comisión en las políticas económicas es determinante. Los distintos tratados y acuerdos intergubernamentales han alumbrado una serie de corsés que constriñen y asfixian toda política económica que no pase por la austeridad fiscal y la devaluación salarial. Y, por tanto, lo que en última instancia constriñen estos corsés institucionales es la propia oferta política y con ello la democracia.

Una propuesta alternativa para la zona euro
Una propuesta alternativa para la zona euro debe tener dos grandes objetivos, desde nuestro punto de vista. En primer lugar, es necesario cambiar la orientación de la política económica en Europa. Y, en segundo lugar, es urgente impulsar profundas reformas institucionales en la unión monetaria, que contribuyan a su democratización. Estos dos grandes objetivos pueden resumirse en cuatro ejes de actuación:

1. Abandonar las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial
Europa debe abandonar las políticas de austeridad. Las políticas de ajuste fiscal y devaluación salarial en el continente no han hecho sino profundizar la recesión. No tiene ningún sentido que una zona económica que no deja de bordear la deflación, cuyo banco central está comprando deuda pública en los mercados secundarios a razón de 80.000 millones de euros al mes, y cuya cifra de déficit es del -2,1% del PIB, priorice seguir reduciendo el déficit frente a la posibilidad de reducir el desempleo.
En la zona euro observamos hoy una clara escasez de demanda interna, que sigue lastrando el crecimiento e impide la recuperación. A pesar de la zona euro tiene superávit por cuenta corriente en su balanza de pagos conjunta, tasas de inflación muy bajas y tipos de interés negativos, el crecimiento económico no acaba de recuperarse. La expansión monetaria no basta para la recuperación, y evidencia que –en una situación próxima a la trampa de liquidez– Europa debe apostar por una política fiscal de signo inequívocamente expansivo. Especialmente en aquellos países que tienen más margen macroeconómico.
Además, y dado que la política monetaria está exhausta en este momento, existe un riesgo de exceso de liquidez no acompañada de crecimiento económico, que puede generar nuevas burbujas financieras. En este sentido, proponemos:

– Plan de inversión pan-europeo que consagre al menos el 4% del PIB de la zona euro a las nuevas inversiones públicas que necesitan los estados miembro para modernizar sus infraestructuras, para digitalizar sus economías y para impulsar la eficiencia energética y la rehabilitación inmobiliaria. Este plan podría canalizarse a través del Banco Europeo de Inversiones, y podría ser financiado con cargo a la emisión de bonos de deuda del BEI, respaldados en el mercado secundario por el propio BCE.
El desarrollo de un plan de estas características, a diferencia del actual “Plan Juncker”, tendría un impacto directo e inmediato sobre la Eurozona, y en particular sobre los países con más dificultades. Se traduciría en un mayor ritmo de creación de empleo y, además, no exigiría ningún cambio institucional, por lo que podría hacerse de forma rápida.

– Un programa pan-europeo de lucha contra la pobreza, tome la forma del “Seguro Europeo de Desempleo” similar al propuesto en su día por el ex comisario de empleo László Andor, y que garantice la cohesión social a través de las regiones.

– Terminar con devaluaciones salariales competitivas por la vía de los costes laborales. Pensamos que se deben sustituir los “Consejos de la Competitividad” propuestos por el Informe de los Cinco Presidentes por un enfoque distinto, que garantice que los desequilibrios intracomunitarios de balanza de pagos se resuelven fomentando la demanda interna de los países con superávit por cuenta corriente. Los sistemas nacionales de negociación colectiva deben ser autónomos, y quedar bajo el paraguas de las políticas nacionales y no de las políticas europeas.

2. Impulsar cambios profundos en el diseño institucional de la zona euro, para recuperar el control democrático sobre la política económica.

Como ya se ha dicho, el actual diseño institucional de la zona euro resulta contraproducente desde el punto de vista macroeconómico (refuerza los desequilibrios comerciales y financieros intracomunitarios, dificulta la aplicación de políticas anticíclicas, descarga sobre las rentas del salario los mecanismos de ajuste). Pero además, constriñe significativamente la política económica de los Estados miembro y, con ello, la misma esencia de la democracia representativa. Proponemos por ello:

– Impulsar una reforma profunda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal, eliminando el objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los objetivos de déficit, para que se adapten mejor a las necesidades de cada país y al ciclo económico.
El objetivo de equilibrio presupuestario estructural carece de sentido económico: el déficit estructural medio de la UE-15 entre 1995 y 2007 fue de -2,7%, y esto fue perfectamente compatible con una reducción de la ratio de deuda sobre el PIB desde el 68% al 60%.
No obstante, mientras se lleva a cabo esta reforma los gobiernos que así lo deseen deben poder utilizar el margen político que existe para permitir una reducción más suave del déficit. Esto vendría justificado por la situación macroeconómica de la Eurozona (de crecimiento escaso y riesgo de deflación), o de algunos de sus países. En el caso de España, un 21% de paro y un 29% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social exigen sin duda ralentizar el ritmo de reducción del déficit, para dar prioridad a esos problemas.
Además, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya contempla “cláusulas de inversión”, que deberían utilizarse para permitir programas específicos de inversión pública con un efecto positivo sobre el crecimiento a medio plazo. Hay margen, y este margen debe ser utilizado.
En todo caso, dada una senda de reducción del déficit, se debe garantizar la autonomía de los Estados miembro para decidir cómo alcanzarla (si modificando los gastos o incrementado la recaudación).

– Introducir una «regla de oro» en el Pacto Fiscal y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que considere un nivel adecuado de inversión pública, de forma no se incluya esta inversión en el cómputo final del déficit, ni en lo que se refiere al brazo preventivo ni al brazo correctivo de dicho Pacto.

– Impulsar la modificación de los estatutos del Banco Central Europeo para que estos contemplen no sólo la estabilidad de los precios, sino también la estabilidad financiera de la Eurozona. Para ello, el marco jurídico y legal del BCE debe reformarse para sancionar su actuación como prestamista de última instancia del sistema financiero y de los distintos Estados miembro (al igual que sucede con otros bancos centrales en el contexto de los países de la OCDE).

– Habilitar la posibilidad de que se lleven a cabo recapitalizaciones bancarias directamente desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) hacia los bancos privados. De esta forma, los préstamos necesarios para solucionar los problemas de balances del sector financiero no conllevarían la imposición de una determinada política económica sobre los gobiernos de los países receptores. El MEDE debe contar con el respaldo de última instancia del BCE, para evitar que las crisis bancarias se trasladen a las cuentas públicas de los Estados.

– Avanzar en el desarrollo de una auténtica política fiscal europea: es necesario un presupuesto común con un peso creciente, cuya financiación puede desarrollarse mediante la emisión de eurobonos para evitar transferencias interterritoriales de renta, difíciles de asumir en los países del norte. Impulsar un presupuesto común entraña igualmente una mayor coordinación tributaria entre los Estados de la Eurozona.

3. Abordar el problema de la deuda pública de la Eurozona

– Impulsar la celebración de una Conferencia Europea de la Deuda que ponga en la agenda política la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el ámbito de la zona euro. El BCE debería reestructurar aquella parte de la deuda pública de todas las economías de la zona euro que exceda el 60% del PIB. Proponemos, para ello, una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas soberanas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos. El BCE debería adquirir, al valor nominal, los viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0% y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Este proceso de reestructuración no conlleva transferencias interterritoriales de renta.

4. Democratizar la política económica para recuperar la soberanía democrática

– Se impulsará una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la eurozona. El gobierno económico de facto de la eurozona —el Eurogrupo— es una entidad que no está obligada a rendir cuentas ante ninguna institución directamente elegida por los ciudadanos, ni siquiera ante el Parlamento Europeo. Democratizar la toma de decisiones económicas quiere decir terminar con este gobierno de facto. Para ello, apoyaremos la creación de una cámara parlamentaria de la eurozona, formada por representantes de los distintos parlamentos nacionales de acuerdo con criterios poblacionales y territoriales y, a diferencia del Parlamento Europeo, con verdadera capacidad legislativa y de control político.

– La legitimidad de la política monetaria de la zona Euro debe residir en un órgano democrático (el Parlamento Europeo o la posible cámara parlamentaria de la eurozona ya mencionada). Este órgano garantizará la autonomía de la autoridad monetaria, cuyo presidente debiera ser nombrado por dicha cámara parlamentaria, ante la que también tendría que responder (igual que la FED ante el Congreso de los EE.UU.). Una política monetaria que asegure la autonomía fiscal de los Estados miembro debe garantizar la compra de deuda pública estable e incondicional de los  distintos países en los mercados secundarios, en función de su peso económico.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA-SECRETARÍA INTERNACIONAL